El Sindicato de Inquilinas se encierra en la sede de la Seguridad Social hasta que el Gobierno no paralice los desahucios y las subastas de sus viviendas
La organización denuncia que, pese a que el Ministerio de Vivienda les prometió que no habría más subastas de vivienda pública, estas continúan a 20 de mayo.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha encerrado esta mañana de manera "indefinida" en la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en Madrid. No saldrán del edificio "hasta que la misma no pare de inmediato las subastas y los desahucios de las viviendas y todas ellas pasen al parque público".
Las exigencias al Gobierno de la organización inquilina son: poner fin a todos los procedimientos de desahucio de la TGSS; poner fin a todas las subastas para garantizar la permanencia de las viviendas en el parque público y su destino a alquiler social permanente; renovar los contratos de las inquilinas actuales y garantizar su estabilidad; traspasar el patrimonio de la TGSS a Casa 47; ceder una parte de los locales comerciales a sindicatos y asociaciones sin ánimo de lucro que defienden tanto el derecho a la vivienda como el resto de derechos sociales; alquiler los locales restantes a cooperativas y empresas de la economía social y solidaria para fortalecer las redes comunitarias en los barrios; ceder los solares urbanizables disponibles para la construcción de vivienda pública-cooperativa en cesión de uso cuyos requisitos de entrada sean los mismos que los de VPO; y ceder los solares no urbanizables a asociaciones con la finalidad de construir huertos urbanos y refugios climáticos para hacer frente a la crisis climática.
En abril, el Sindicato ya denunció que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había denegado la aplicación de la prórroga de los alquileres a los vecinos afectados por la venta de viviendas públicas en manos de la TGSS. Estos fueron gestionados en su día por la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), creada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para promover el acceso a la vivienda de personas jóvenes y cuyos contratos, según apuntan desde el Gobierno, se extinguieron en 2017.
En 2012, cuando se disolvió la Sociedad Pública del Alquiler, sus viviendas pasaron a la Tesorería General de la Seguridad Social. El problema llegó cuando los contratos de alquiler finalizaron y la Seguridad Social no requirió su uso. De este modo, todos los contratos pasaron a una situación de tácita reconducción, es decir, se generó un nuevo acuerdo de arrendamiento con las mismas condiciones firmadas al inicio, pero cuya duración podría finalizar cuando el arrendador (el Gobierno) reclame las viviendas.
En 2025, el Sindicato de Inquilinas reveló que la TGSS había notificado a 28 familias de diferentes barrios madrileños y de manera "inesperada" que no les renovaría los contratos. Se les ofreció la posibilidad "la compra de sus viviendas", pero "tasadas por encima del valor catastral, [...] algunas en un millón de euros". Estas familias se organizaron entonces para denunciar lo que consideran "desahucios invisibles".
Cuando el Gobierno aprobó la prórroga de los contratos del alquiler, que luego tumbarían PP, Vox y Junts, desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, también portavoz del Ejecutivo, explicaron que no podían aplicarla en las viviendas de la Seguridad Social porque no están reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino por el Código Civil al encontrarse en tácita reconducción. Es la respuesta que ofreció a los inquilinos la Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social y Pensiones en un documento al que tuvo acceso El HuffPost.
El pasado mes de marzo, además, miembros del Sindicato de Inquilinas mantuvieron un encuentro con Leire Iglesias, presidenta de Casa 47. En dicho encuentro, y según afirman desde la organización, se les trasladó que "no habría más subastas de vivienda pública". Dos meses después, entrado mayo, el Sindicato ha recibido una primera demanda de desahucio contra una de estas familias y, a día 20, ha comprobado que, "pese al compromiso por parte del Ministerio de Vivienda, las subastas continúan".
Desde el Ministerio de Vivienda, no obstante, aseguran trabajar ya en algunas de las exigencias del Sindicato. Fuentes del Departamento dirigido por Isabel Rodríguez aseguran que van a "incorporar las viviendas de la TGSS en el parque público estatal de alquiler asequible, a través de Casa 47, respetando siempre el marco legislativo propio del Patrimonio de la Seguridad Social". "Ambos Ministerios han acordado que no va a haber ninguna nueva subasta ni venta más de esas viviendas", aseguran.
