El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la negativa del Gobierno a prorrogar alquileres de la Seguridad Social

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha denunciado este jueves que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la aplicación de la prórroga de los contratos de alquiler a los vecinos afectados por la venta de las viviendas públicas en manos de la Tesorería General de la Seguridad Social, unos pisos que en su día gestionó la ya desaparecida Sociedad Pública del Alquiler (SPA), creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para promover el acceso a la vivienda para jóvenes y cuyos contratos, según el Gobierno, se extinguieron en 2017.

El asunto viene de lejos. Cuando la Sociedad Pública de Alquiler se disolvió en 2012, los pisos pasaron a manos de la Tesorería de la Seguridad Social. El problema se enquistó cuando los contratos finalizaron y la Seguridad Social no requirió el uso de las viviendas. Por ese motivo, los contratos pasaron a la situación de tácita reconducción. ¿Qué quiere decir esto? De manera muy resumida, que se genera un nuevo contrato de arrendamiento en las mismas condiciones que el que ya existía, pero cuya duración (aunque puede variar y no ser exactamente la misma que al inicio) puede finalizar cuando el arrendador (en este caso el Gobierno) reclame las viviendas.

El 1 de octubre de 2025, el Sindicato de Inquilinas denunció que la Tesorería General de la Seguridad Social quería expulsar de manera "inesperada" a 28 familias de los barrios de Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico que se encontraban en la mencionada situación. El Gobierno les notificó la no renovación de los contratos y les ofreció "como única alternativa la compra de sus viviendas, tasadas por encima del valor catastral, [...] algunas en un millón de euros". Desde entonces, estos inquilinos se han organizado para hacer frente a lo que consideran un "desahucio invisible" y, ahora, han solicitado la aplicación de la prórroga contemplada en el Real Decreto sobre vivienda.

Desde el Ministerio que dirige Elma Saiz, también portavoz del Gobierno, explican que no pueden aceptar la prórroga ya que estas viviendas no se regulan por la Ley de Arrendamientos Urbanos sino por el Código Civil, al estar en tácita reconducción. Es lo que ha contestado la Subdirección General de Gestión de Patrimonio de la Secretaría de Estado para la Seguridad Social y Pensiones en un documento al que ha tenido acceso El HuffPost. "El contrato vigente se rige por el Código Civil. Al no resultar aplicable la LAU, tampoco lo es el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 8/2026 ("En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la de Arrendamientos Urbanos"), por lo que no procede acceder a la prórroga solicitada", responden.

La contestación, sin embargo, no convence al Sindicato de Inquilinas, para quien la decisión genera "sorpresa e incredulidad". "No existe ningún impedimento legal para aplicar la prórroga y ampliar los contratos durante dos años, mientras se inicia una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio", han señalado.

Aunque desde el Ministerio dicen que "la Seguridad Social se ha puesto en contacto con los arrendatarios en numerosas ocasiones desde hace más de un año para hacerles llegar toda la información y las explicaciones convenientes", desde el Sindicato denuncian lo contrario. "Ningún responsable del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni de Vivienda se han reunido con ellos para dar explicaciones sobre la venta de las viviendas y su expulsión", dicen para señalar la "incoherencia" entre los desahucios, la denegación de la prórroga y el anuncio por parte de Vivienda de "la compra de 600 viviendas mientras la Seguridad Social mantiene más de 800 pisos vacíos y pretende desahuciar a inquilinos que llevan más de 20 años habitando sus hogares".