España afronta con pocas expectativas el nuevo intento de que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas oficiales en la UE
El Consejo de Asuntos Generales tendrá hoy un "intercambio de puntos de vista". Al menos seis países muestran sus reticencias, como ya ocurrió el pasado mes de mayo cuando se intentó aprobar por primera vez.
El Gobierno español vuelve a llevar este viernes a Bruselas su propuesta de que el catalán, el gallego y el euskera puedan ser lenguas oficiales de la UE, una de las promesas del Ejecutivo a los partidos independentistas o nacionalistas que sustentan al Gobierno. La expectativa de que reciba el apoyo necesario, sin embargo, es mínima.
Así lo dejó entrever el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, hace sólo dos días al reconocer que no hay unanimidad de los 27 sobre esta medida. "Esto es una discriminación hacia España y hacia nuestra identidad nacional. Hay Estados que en estos momentos tienen más de un idioma como un idioma oficial (...) ¿Por qué no podría España?", se preguntaba el ministro ante la reunión del Consejo de Asuntos Generales de hoy.
El Gobierno remitió hace unos días a los Estados miembros de la Unión Europea un nuevo documento para dar respuesta a todas las dudas que ya provocaron que en mayo la propuesta española no fuera aprobada. En esta ocasión, el Ejecutivo pone negro sobre blanco su compromiso de asumir los costes por la implementación de la oficialidad de las tres lenguas, unos 130 millones de euros al año.
Igualmente, también propone criterios "claros y estrictos" para evitar que lenguas minoritarias de otros países vean en este proceso un camino para reivindicar también su oficialidad. En este sentido, el Gobierno señala el origen histórico; el carácter oficial en el ordenamiento constitucional del Estado miembro solicitante durante más de 40 años ininterrumpidos, o que sea lengua de trabajo del poder legislativo del Estado miembro solicitante.
Los otros requisitos son que tenga uso oficial en las instituciones de la UE durante casi 20 años; su uso en la legislación, incluida la legislación de transposición y aplicación del Derecho de la Unión, elaborada en el territorio donde la lengua es oficial; la traducción certificada de los Tratados a la lengua depositada en los archivos del Consejo hace más de 12 años; y la disposición del Estado miembro solicitante a asumir todos los costes.
Al margen de lo económico, los servicios legales de la UE también suponen un escollo, puesto que mostraron dudas respecto a que tal modificación del reglamento de lenguas pudiera llevarse a cabo sin una reforma de los Tratados. Aunque la opinión del equipo legal del Consejo no es vinculante, varias delegaciones no ven con buenos ojos avanzar sin este respaldo.
En la agenda de la reunión de hoy, de momento, sólo aparece un "intercambio de puntos de vista" sobre el reconocimiento del catalán, gallego y euskera, pese a que España lo planteó como "punto para adopción". La misma solicitud que hizo en mayo y que, finalmente, fue retirada por la falta de apoyos. Países como Italia, Alemania, Croacia, República Checa, Países Bajos o Austria se habrían mostrado abiertamente en contra. La presidencia danesa ha tenido en cuenta las dudas expresadas por varias delegaciones para que se haga primero un debate al respecto y no se contemple una votación. En todo caso, el reglamento prevé que España pueda solicitarla.
Fuentes de Exteriores confían en que su nueva propuesta servirá para despejar "todas las dudas suscitadas por otros Estados Miembros". "No vemos ningún obstáculo a que nuestras lenguas oficiales se puedan reconocer en breve en la UE como en el caso de otros Estados Miembros con varias lenguas oficiales. Nuestra propuesta es irrenunciable e irreversible y permitirá acabar con una discriminación hacia la identidad nacional española que es plurilingüe", señalan. Además, desde el equipo de Albares se subraya que todos los países "comprenden que la posición de España es legítima" y que es una "prioridad esencial" vinculada a una "identidad nacional plurilingüe que debe ser respetada".
La oficialidad de las tres lenguas, que son las cooficiales del Estado junto con el aranés, forma parte de los compromisos que Sánchez asumió en sus negociaciones con Junts, ERC o PNV para su investidura como presidente del Gobierno. Este martes, en la comisión bilateral en la que se reunieron Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, fue una de las cuestiones abordadas y los independentistas catalanes han metido prisas al Gobierno para "hacer los deberes" y cumplir con esta aspiración lo antes posible.
