España sale a la calle para defender el derecho a una vivienda digna y exigir una bajada de los precios
Más de 40 ciudades se movilizan en la primera manifestación de carácter estatal que ha sido convocada contra el principal problema a nivel nacional, según el barómetro de Centro de Investigaciones Sociológicas.

Objetivo: "acabar con el negocio de la vivienda". Miles de personas se han concentrado en decenas de ciudades de España para protestar contra la grave situación de los precios de la vivienda en la primera movilización de carácter estatal. El sindicato de inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya y otras organizaciones sociales han exigido una rebaja del 50% en los alquileres, terminar con los rentistas y prohibir las empresas de desokupación.
La protesta se celebra en 40 ciudades españolas, después de las movilizaciones que se llevaron a cabo en otoño pasado, en medio de gritos como "okupa y revienta la vivienda" o "que no pagamos con nuestros sueldos vuestra especulación".
La marcha en Madrid ha concentrado a miles de personas al grito de proclamas como 'Caseros ladrones'; 'Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general'; 'Madrid será la tumba del rentismo'; 'Rentistas culpables, Gobierno responsable' y 'A los rentistas os queremos preguntar, ¿Cuánto tiempo podéis aguantar cuando todas os dejemos de pagar?'.
La portavoz del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, Valeria Racu, ha hecho un llamamiento en declaraciones a los medios al "medio millón de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y resistir".
"Se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas, o incluso de nuestras ciudades cada cinco o siete años; basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles", ha contextualizado en el marco de reclamar la huelga de los alquileres como un derecho.
En ese sentido, ha argumentado que bloques vecinales en lucha contra fondos buitre han logrado bajar en un 30% sus alquileres gracias a las huelgas: "Cuando nos organizamos, somos indesahuciables", ha sostenido Racu, que ha puesto nombre a las entidades contra las que bregan, como Alquiler Seguro, La Caixa y Blackstone, entre otros.
"Hoy además se anuncia la huelga contra La Caixa en la vivienda pública en Cataluña, demostrando que la desobediencia contra el rentismo crece", ha proseguido en este plano para seguidamente enunciar que "las huelgas de alquileres han venido para quedarse" y que el "poder inquilino" no va a decaer.
Racu también ha arremetido contra las instituciones, a las que responsabiliza de la actual coyuntura: "Se comportan como verdaderos buitres en la vivienda pública", ha expuesto para poner el foco sobre la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) y el Plan Vive.
"Si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras", ha advertido poco antes de declarar en tono solemne que este 5 de abril "empieza el fin del negocio de la vivienda".
Los mallorquines quieren "vivir en Mallorca"
En la manifestación de Mallorca, el portavoz del Sindicat Habitatge Palma, Miquel Durán, ha explicado que el motivo por el que este sábado se ha convocado esta manifestación es para "criticar este modelo de vida, de que la vivienda es un bien de mercado y con el que especular y no un derecho para todos".
Además, ha añadido, "para socializar el discurso", para "concienciar a la gente y que se organice todo el año para luchar contra este sistema que lleva a gran parte de la clase trabajadora a la miseria, porque ha de destinar gran parte de su sueldo al alquiler" y, finalmente, "para revertir esta situación".
En la misma línea, la portavoz de la PAH Mallorca, Bel Abrams, ha considerado "muy necesaria" la manifestación de este sábado porque "cada vez hay más personas afectadas por casos de desahucios".
"Antes había más afectados por la hipoteca, ahora hay más casos relacionados con el alquiler, de personas arfectadas por la finalización de contratos, por alquileres que no pueden pagar, o personas que no encuentran casas, por lo que hay familias hacinadas en una vivienda".
Andalucía se suma a las movilizaciones
Andalucía también se ha sumado este sábado a la movilización, con manifestaciones en varias capitales andaluzas, entre ellas Málaga, Sevilla y Granada, en las que los asistentes han exigido medidas urgentes para acabar con las dificultades de acceso derivadas del encarecimiento del alquiler o la turistificación.
En Málaga, una de las ciudades donde más se ha encarecido la vivienda en los últimos años, miles de personas —unas 5.000, según la Policía Nacional, y 30.000, según los convocantes— se han sumado a la marcha, que ha partido poco antes del mediodía de la céntrica plaza de la Merced y terminará en el barrio de Huelin.
Los participantes han reclamado soluciones a la crisis habitacional con lemas como "¿Dónde están, no se ven, nuestros pisos de alquiler", pancartas en las que se lee "Las casas para los malagueños. Hoteles para los turistas, alquileres asequibles", o "Sin boquerones", como se conoce popularmente a los malagueños, y el dibujo de un cenachero portando ladrillos en vez de pescado.
En Sevilla, unas 3.000 personas, según los organizadores, han recorrido las calles de la ciudad desde el edificio del Parlamento a la Plaza Nueva, para, posteriormente, unirse a los metros finales de la manifestación por la sanidad pública y leer conjuntamente sus manifiestos.
Miles de personas retoman las calles de Barcelona
También en Barcelona han salido a las calles esta tarde, donde unas 12.000 personas, según la Guardia Urbana, y 100.000, según la organización, se han concentrado en una céntrica plaza para exigir de nuevo una bajada del 50% de los alquileres, como ya sucediera en la masiva manifestación del pasado 23 de noviembre.
Bajo el lema 'Acabemos con el negocio de la vivienda', la manifestación ha sido convocada por entidades como el Sindicato de Inquilinas, el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña y la Federación Sindical de la Vivienda de Cataluña. “Los precios de los alquileres siguen por las nubes. Cuando buscamos piso, solo encontramos alquileres de temporada o de habitaciones”, ha destacado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Barcelona, Carme Arcarazo.
Ante este escenario, ha reprochado a los gobiernos el hecho de "no hacer nada" pese a "ser los responsables": "Si no se plantan ante el negocio inmobiliario, la crisis de la vivienda se los llevará por delante", ha asegurado. La última movilización por el derecho a la vivienda reunió el pasado 23 de noviembre en Barcelona a miles de personas: 22.000 según la Guardia Urbana y 170.000 según la organización.
En Galicia, centenares de vecinos han exigido en las calles de Santiago de Compostela el fin del "negocio de la vivienda" y se han celebrado protestas también en A Coruña, Ourense y Vigo.
También cientos de personas han reclamado en Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid cambios en el mercado de la vivienda, que afectan de manera más intensa a las clases trabajadoras y a los jóvenes, según la Asociación de Inquilinas.
En Gijón, Santander, Murcia, Logroño, Las Palmas, Tenerife y Fuerteventura también han salido a las calles cientos de personas para reivindicar el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda, exigir un parque público de vivienda y protestar contra la especulación.
Exigen cambios
Los convocantes solicitan contratos de alquiler indefinidos (medida que acaba de rechazar el Senado al entender que supone la vuelta del modelo franquista), que se recuperen las viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada; que se prohíba la compra de casas si no es para vivir en ellas o se "desarticulen" los grupos de desokupación.
También demandan ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción masiva, sino de la vuelta al parque público de la vivienda de Sareb y de expropiaciones.
Dirigen sus críticas contra inmobiliarias, portales, plataformas de alquiler turístico como Airbnb, empresas de servicios como Alquiler Seguro -a la que el Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador por supuestas prácticas abusivas en la gestión de alquileres- y contra el Gobierno, a quien acusan de ponerse del lado de los que denominan "rentistas" y no hacer nada para frenar la especulación.
