Feijóo reúne a sus barones y dirigentes cuando Sánchez ultima sus pactos de investidura
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Feijóo reúne a sus barones y dirigentes cuando Sánchez ultima sus pactos de investidura

El Poder Judical celebra también un pleno sobre la amnistía este lunes, con sus bloques enfrentados.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.Getty Images

La semana decisiva por la amnistía y la investidura arranca con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reuniendo hoy, lunes, a la Junta Directiva Nacional de su partido, el máximo órgano entre congresos, para rearmar su oposición ante Pedro Sánchez, que ultima su pacto con Junts para lograr ser proclamado presidente.

Los barones del PP y los dirigentes de la formación están llamados a acudir a la sede nacional, donde Feijóo pronunciará un discurso en abierto tras reunir este domingo en la ciudad de Valencia a 20.000 personas, según los organizadores, en un acto en contra la de la amnistía del procés y a favor de la igualdad entre los españoles.

Tras un fin de semana marcado por las protestas contra los pactos de Sánchez, Feijóo volverá a fijar la posición del PP en contra de las "cesiones" al independentismo catalán, poniendo el foco también en la quita de 15.000 millones de euros de deuda catalana.

Los presidentes autonómicos del PP se han revuelto contra esta medida, que consideran un trato de favor a la Generalitat, aunque se contempla que beneficie a todas las comunidades, y algunos de ellos, como Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, o María José Sáenz de Buruaga, de Cantabria, han anunciado ya que acudirán a los tribunales.

El recurso ante la Justicia es una de las bazas con las que cuenta el PP de Feijóo, que ha anunciado que empleará todos los instrumentos a su alcance para oponerse a la amnistía o al desigual reparto de los recursos públicos.

La cuestión de la financiación es siempre compleja por las diferencias entre autonomías, ya que algunas, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, denuncian que están infrafinanciadas y piden que el reparto priorice la población, mientras que otras, como Castilla y León o Galicia, reclaman que se tengan en cuenta la dispersión, la despoblación o el envejecimiento.

El común denominador en el PP es la exigencia de que el debate se dé en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y no de forma bilateral entre el Gobierno y una comunidad autónoma.

El líder del PP habla directamente de corrupción en los pactos de Sánchez. "Cambiar votos por impunidad es corrupción y comprar con el dinero de los ciudadanos la Presidencia del Gobierno es corrupción", sostuvo este sábado en Vitoria.

Ante sí tiene el reto de liderar la oposición a estos acuerdos, para lo que Génova da prioridad a la vía institucional, aunque sigue saliendo a las calles con actos propios, como el de este domingo en Valencia, y secundando las marchas de la sociedad civil, como Feijóo hará el 18 de noviembre en Madrid.

No se espera que de esta Junta Directiva salgan los ajustes en el partido y los grupos parlamentarios anunciados por Feijóo, unos cambios que están a la espera de que se confirme que habrá Gobierno y que deberá hacer el Comité Ejecutivo Nacional. 

Habrá ruido también el martes, en el Senado, donde durante dos días el pleno recuperará, salvo cambios de guion, la sesión el control al Gobierno, que sigue en funciones y enredado en la investidura y sus mayorías. Con mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP intenta mostrar que el Senado funciona aún con el Ejecutivo en situación interina, a diferencia de lo que, denuncian, ocurre en el Congreso, donde no hay vida parlamentaria ordinaria a expensas de la constitución de un nuevo Gobierno.

Dos senadores, de Vox y PP, llevarán al debate la cuestión central del acuerdo del PSOE con ERC, y del acuerdo que los socialistas ultiman con Junts por la amnistía.  El senador popular José Antonio Monago pregunta sobre "la causa por la que el Gobierno ha renunciado a traer a un prófugo de la justicia para que rinda cuentas ante la justicia española tal y como prometió el presidente del Gobierno", en alusión al expresidente catalán Puigdemont. Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, pregunta "la razón por la que el Gobierno quiere humillar a España con una amnistía a los separatistas que odian a España y nuestras libertades".

Pleno en el Poder Judicial 

La ofensiva va más allá de las palabras del PP y sus líderes. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebra también este lunes un pleno extraordinario para abordar la amnistía del procés, a petición de los vocales conservadores, duramente criticados por los progresistas, de los que uno de ellos, Álvaro Cuesta, ha pedido su desconvocatoria y ha anunciado que no asistirá si se celebra.

El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, aceptó la propuesta de estos ocho vocales que, sin conocer aún el texto de la proposición de ley, consideran la amnistía una "medida de abolición del Estado de Derecho" que "violenta la Constitución" y convierte a la Justicia en "una quimera".

Este grupo ha hecho pública una propuesta de declaración institucional sobre la amnistía, que esperan que respalde el pleno, que subraya que la amnistía no es viable dentro del marco constitucional y que es incompatible con el Estado de derecho.

Califican la amnistía como una "medida de degradación, cuando no de abolición del Estado de Derecho en España" que "violenta la Constitución" y que producirá "inevitablemente" consecuencias "en perjuicio del interés general de España" y convertirá la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica "en una quimera".

En un escrito remitido a la Presidencia del CGPJ, al que ha tenido acceso EFE, Álvaro Cuesta considera "manifiestamente ilegal" la propuesta de declaración institucional sobre la amnistía y asegura que no quiere contribuir "a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por las Cortes españolas en el año 2013 puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023".

Para Cuesta, la resolución que se pretende aprobar es "una muy grave irresponsabilidad" y ataca una eventual proposición de ley de amnistía aún no presentada ni registrada en el Congreso, y los eventuales acuerdos políticos o decisiones parlamentarias sobre la posible investidura del presidente de Gobierno.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE ven "imposible" que la iniciativa salga adelante. Descartados los apoyos progresistas, no creen que los conservadores llegaran a sumar apoyo alguno y menos del presidente que "debe guardar la posición institucional" del Consejo, como tampoco creen que la respalde el vocal Wenceslao Olea, a quien califican de "muy institucional", en la senda de Guilarte. Con todo, solo necesitan un voto para lograr la aprobación de su propuesta, que tendría en todo caso efectos declarativos.

La petición de los ocho vocales ha causado "conmoción" en el bloque progresista, que lo ve "una incitación a la sublevación y a un golpe de estado de los jueces" por medio de una iniciativa con la que están "buscando interferir en la investidura de Pedro Sánchez", según afirman las fuentes consultadas.

Consideran que se trata de "un paso sin precedentes" por parte de vocales del Consejo que han impulsado "una iniciativa de extrema gravedad", "inadecuada" y "abiertamente fuera de lugar" que "atenta contra la separación de poderes", al buscar condicionar la actividad constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin tener texto alguno de la amnistía.