Qué va a pasar con la privatización de la sanidad: el Gobierno blindará la gestión pública para limitar modelos como el de Quirón o Ribera Salud

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes en el Consejo de Ministros la aprobación del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), una norma con la que la administración busca reforzar la gestión directa como modelo preferente en la prestación sanitaria pública y cerrar la puerta a fórmulas privatizadoras que, según el Ejecutivo, han generado "fragmentación, menor control institucional y déficits de transparencia".

"Hemos presenciado casos obscenos que no deberían poder suceder en el Sistema Nacional de Salud", ha dicho la ministra antes de enumerar los diferentes escándalos sanitarios como el de Quirón, Ribera Salud, los casos de Torrejón, los cribados de cáncer de mama en Andalucía o centros que quieren ampliar la lista de espera para dar más rentabilidad a la sanidad privada. "Estos ejemplos han hecho que la sanidad pueda tener un beneficio económico y no tanto para nuestra salud", ha dicho asegurando que esta norma acabará con ello.  

La futura ley supone un giro político y jurídico trascendental: deroga la Ley 15/1997, que ha permitido durante décadas nuevas formas de gestión del SNS y que ha estado en el punto de mira en los últimos meses, y fija un marco normativo "claro y coherente" basado en "los principios de universalidad, equidad, transparencia y calidad". Ha sido, después de los escándalos de Torrejón, uno de los puntos clave de la crítica al modelo de privatización de la sanidad y el ministerio de García ha puesto en marcha este anteproyecto que buscará regular la situación y dar respuesta a las crisis sanitarias que atraviesan las comunidades.  

Gestión pública como norma y la privatización como excepción

Uno de los puntos centrales anunciado por la ministra este martes es que la gestión pública será la modalidad preferente en hospitales, centros y servicios sanitarios. Esta gestión directa, elaborada por el ministerio, tendrá tres patas fundamentales a la hora de proceder para blindar la sanidad pública y reforzar su papel en la titularidad y gestión de los servicios. Así, se define como prestada: 

En cambio, la gestión indirecta (externalización o concesiones a empresas privadas) pasa a ser excepcional, limitada a escenarios en los que la administración justifique que no puede prestarse el servicio de manera directa y siempre que se garantice sostenibilidad, eficiencia, continuidad y calidad asistencial. Además y para su garantía, las entidades públicas harán una evaluación previa para que todos los criterios se cumplan. 

Comités técnicos y evaluación obligatoria antes de externalizar

La ley introduce un filtro adicional para cualquier fórmula indirecta, es decir, aquella que siga el camino de la privatización: un procedimiento de evaluación previa obligatorio, con una memoria justificativa y un informe emitido por un comité técnico de evaluación compuesto por expertos sanitarios y representantes profesionales y de la sociedad civil. En otras palabras, con esta norma los servicios privados deberán pasar un filtro estructurado por las entidades públicas.  

Además, los informes deberán ser publicados oficialmente, reforzando la rendición de cuentas. En el caso de concesiones de servicios, se exigirá también un informe de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) para analizar la sostenibilidad financiera. Esta norma tratará de poner fin a modelos consolidados a lo largo de las últimas décadas como el de Quirón o el de Ribera Salud.  

Fin de los contratos "mixtos": construir y gestionar, prohibido

Otro cambio relevante es la eliminación de las fórmulas contractuales que vinculaban infraestructura y prestación sanitaria. La norma impedirá que una empresa privada pueda asumir simultáneamente la construcción del hospital y la gestión posterior del servicio sanitario, un modelo asociado en el pasado a proyectos de colaboración público-privada, predominantes, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. De hecho, su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya ha exigido al ministerio "respeto" para las empresas. 

"Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid, llevándonos a la revolución, a que nada funcione en una región que no deja de crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento", ha dicho enfatizando en que "esta es una región de libertad, de colaboración público-privada, de excelencia".

Más control, auditorías e indicadores comunes

El anteproyecto también refuerza las capacidades gubernamentales con nuevas obligaciones para comunidades autónomas e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, incluyendo:

La norma, además, incorpora medidas específicas para apoyar a las administraciones que decidan revertir servicios privatizados. Para ello, se establece un mecanismo de asesoramiento técnico con participación de la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad. 

Con ello, el Gobierno prevé la elaboración, en el plazo de un año, de un informe de evaluación sobre las experiencias de gestión privada en el SNS desde 1997, elaborado por expertos en economía de la salud, gestión sanitaria y sistemas de salud. 

La privatización "no mejora la eficiencia", según estudios citados

El Ministerio de Sanidad justifica la reforma apoyándose en evidencia internacional y nacional. Cita un análisis de 38 países de la OCDE que concluye que "no existe evidencia favorable hacia la privatización en eficiencia", y destaca que los sistemas públicos "harían un mejor uso de los recursos". 

En el caso español, Mónica García ha señalado que modelos de gestión indirecta como el modelo Alzira presentaron "peores resultados en hospitalizaciones evitables" y "mortalidad por infarto o ictus respecto a hospitales públicos comparables". También asocia la privatización con reducción de plantillas, lo que podría afectar a la calidad asistencial. 

Qué ocurrirá con los contratos actuales

El anteproyecto establece que los conciertos y contratos vigentes seguirán hasta su vencimiento, y que la nueva normativa se aplicará a los procedimientos futuros. Además, introduce una modificación en la Ley de Contratos del Sector Público para priorizar entidades sin ánimo de lucro en caso de empate dentro de los concursos.