La Audiencia Nacional investigará a dos altos mandos militares de Israel por detención ilegal durante el asalto a la Global Sumud Flotilla en octubre de 2025
El magistrado Francisco de Jorge toma la decisión en contra del criterio de la Fiscalía y tras la querella presentada por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y activistas de la flotilla.

El magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha admitido a trámite la querella presentada por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España y algunos activistas de la Global Sumud Flotilla contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y el almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, Ram Rotberg, por el posible delito de detención ilegal cometido el pasado 1 de octubre de 2025 a bordo de las embarcaciones con bandera española que navegaban por aguas internacionales con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Según recoge el auto, al que ha tenido acceso El HuffPost, el juez ha tomado esta decisión contra el criterio de la Fiscalía, que considera que no hay pruebas de que se hayan cometido "delitos de detención ilegal, torturas y malos tratos".
En el auto, el magistrado pone la investigación en conocimiento de la Corte Penal Internacional para que sea este organismo quien decida si la causa se mantiene en la Audiencia Nacional o si se incorpora al proceso abierto en La Haya contra Israel. Hasta que la CPI conteste, no obstante, Francisco de Jorge continuará adelante. Según el magistrado, la Justicia española puede y debe indagar sobre lo sucedido al abordar Israel "distintos buques de la Global Sumud Flotilla, muchos de ellos de bandera y bajo jurisdicción española, tomando por la fuerza el control de estas embarcaciones y destruyendo numerosos objetos", además de las posteriores detenciones "ilegales", "en particular la de decenas de nacionalidad española".
Aunque la Fiscalía considera que no hay pruebas suficientes para hablar de detención ilegal, el juez asegura que los querellantes aportaron una relación de embarcaciones de la flotilla en la que figuran al menos seis barcos con bandera española. "En la causa consta de manera suficiente para iniciar las actuaciones penales una relación de embarcaciones de bandera española, cuya matrícula y presencia en la flotilla habrá que confirmar en el curso de la instrucción", señala en el auto.
Para justificar su decisión, además, el magistrado hace alusión al caso del secuestro del pesquero Alakrana por parte de piratas somalíes. Tal y como afirma De Jorge, en aquel caso quedó claro "con rotundidad" que España tenía jurisdicción en las "casusas por delitos y faltas cometidos bien en territorio español o bien a bordo de buques o aeronaves españoles, dejando a salvo lo que dispongan los tratados internacionales de los que España sea parte". El auto destaca además que la detención se produjo en aguas internacionales, "a unas 70 millas náuticas de las costas de Palestina".
A tenor de la ley, el juez estima que en ningún caso las fuerzas militares israelíes tenían la "habilitación necesaria" para llevar a cabo una detención ilegal.
Una querella más amplia
En noviembre del año pasado, Izquierda Unida y el Partido Comunista de España registraron en la Audiencia Nacional la querella, si bien denunciaron no solo detención ilegal, sino también piratería, tortura y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, "todo ello en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio recogidos en el Código Penal español y en tratados internacionales".
Ya entonces, el diputado de IU y secretario general del PCE, Enrique Santiago, aseguró que no había "ninguna duda jurídica" de la "competencia" de la justicia española para actuar en el caso "al tratarse de un asalto en un acto de piratería a barcos de bandera española ocurrido en aguas internacionales".
Aunque finalmente el magistrado ha admitido a trámite la querella contra Eyal Zamires y Rotberg, la denuncia apuntaba también a Itamar Ben-Gvir, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel (SPI) y contra Yosef Knipes, máxima autoridad de la prisión de Ketziot y "responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal, sino de la ausencia de investigación alguna".
