La crisis de los cribados de cáncer de mama: un mes que ha zarandeado la política andaluza

La crisis de los cribados de cáncer de mama, que comenzó hace un mes con las primeras denuncias de mujeres a las que el Servicio Andaluz de Salud tardó meses en comunicar que debían hacerse más pruebas tras un diagnóstico dudoso, ha zarandeado la política andaluza y ha supuesto un golpe inesperado para el Gobierno de Juanma Moreno.

El asunto ha monopolizado el debate en Andalucía durante todo octubre y ha trastocado la agenda política del Ejecutivo autonómico, que poco antes la había marcado con sus planes de rebajas de impuestos con deducciones para la compra de alimentos para celíacos, veterinario, gimnasios, alquiler de vivienda de jóvenes y mayores o la ampliación de las deducciones por hijo.

Unas rebajas que se sustanciarán en el proyecto de presupuestos autonómicos que aprueba este martes el Ejecutivo de Juanma Moreno y que refrendará en diciembre la mayoría absoluta del PP en el Parlamento andaluz. Serán los últimos antes de las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026 si no hay adelanto.

Primeras reacciones

Tras los primeros testimonios de afectadas el 28 de septiembre en la Cadena SER, se conoció la primera denuncia de la asociación El Defensor del Paciente ante la Fiscalía, a la que siguieron las de IU, Adelante Andalucía y la asociación Amama.

La respuesta de la consejera de Salud, Rocío Hernández, fue pedir disculpas, señalar que su departamento solo tenía conocimiento de cuatro casos, alertar contra el "alarmismo" y descartar su dimisión, que ya reclamaba la oposición.

El 1 de octubre fue el propio Moreno el que se vio obligado a pedir perdón por los errores y colaboración a la asociación sevillana de mujeres con cáncer de mama Amama, la más activa en denunciar los fallos en la comunicación de los cribados.

Y un día después la consejera se reunió con Amama en un encuentro fallido tras el que las representantes de la asociación se quejaron del trato "frío" por parte de la consejera de Salud y anunciaron demandas judiciales.

Antonio Sanz a escena

El 8 de octubre el caso de los cribados se cobra su primera víctima política. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz, Carolina España, -y no la consejera de Salud- anuncia un plan de choque con un presupuesto de 12 millones de euros y la contratación de más de cien profesionales para realizar las pruebas pendientes.

Un anuncio al que siguió la concentración de varios miles de personas en Sevilla ante la sede del SAS, y una comparecencia de urgencia del presidente de la Junta, que anuncia la dimisión de la consejera. Es la segunda responsable de Salud que deja su cargo en esta legislatura.

Una semana después, el 15 de octubre, Rocío Hernández ya tiene sustituto: Antonio Sanz, hombre fuerte de Juanma Moreno en su Gobierno y hasta entonces consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

Sanz, con un marcado perfil político, un largo recorrido en el PP andaluz y una gestión destacada en las danas de 2024 y los incendios de este verano, recibe el encargo de afrontar la crisis sanitaria.

La "teta de Anabel" en el Parlamento

Con Sanz en la Consejería de Sanidad, la tensión política por la crisis de los cribados aumenta día a día con una oposición cada vez más dura que pide explicaciones al Gobierno andaluz y se hace eco de las denuncias de las mujeres que aseguran que se han manipulado sus historiales médicos tras una caída del sistema informático.

La tensión llega al Parlamento autonómico, donde el 22 de octubre se celebra un debate general sobre sanidad, en el que el nuevo consejero anuncia 16 medidas para mejorar el sistema publico de salud y tiende, sin éxito, la mano tanto a los grupos de izquierda como a Vox. La propuesta de los grupos de izquierda de una comisión de investigación es rechazada.

El voltaje aumenta en la posterior sesión de control del pleno del Parlamento, donde Moreno tuvo que salir al paso de las acusaciones sobre supuestas manipulaciones en los expedientes después de que la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, mostrara dos mamografías de "la teta de Anabel" -como la diputada dijo con la autorización de la afectada-, una de ellas con la lesión marcada y otra no.

La reacción de Moreno fue de indignación -"Ya está bien, todo no vale", dijo-. La Junta insiste en que no es posible esa manipulación y que sería acusar a los profesionales, que son los únicos que tienen acceso a los historiales.

En el rifirrafe político, dirigentes del PP y de la Junta han achacado los problemas de la sanidad pública a la gestión de los gobiernos socialistas y han recordado que la vicepresidenta primera y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, fue consejera de Salud (entre 2004 y 2015).

Encuesta del Centra

Además de los ataques de la oposición, el Gobierno andaluz ha tenido que afrontar las protestas en las calles de las principales ciudades convocadas por las asociaciones de mujeres, la última el pasado domingo a las puertas del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta.

A meses de las elecciones andaluzas cobra importancia la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), el CIS andaluz, publicada el 20 de octubre. Según este barómetro, realizado cuando todavía no había estallado la crisis de los cribados, el PP, aunque conservaría una importante ventaja de 17 puntos con respecto al PSOE, podría perder la mayoría absoluta.

En ese caso la continuidad de Moreno en el Palacio de San Telmo dependería de Vox con una izquierda que estaría lejos de poder gobernar.

Dimensión nacional

La crisis de los cribados en la sanidad andaluza ha llegado a la política nacional con reproches a la gestión sanitaria de la Junta por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la petición de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que las comunidades faciliten los datos de los cribados de cáncer de mama, colon y cérvix.

Las autonomías del PP se niegan a dar al Gobierno estos datos aduciendo que podrían ser manipulados políticamente y la semana pasada llegaron a abandonar el Consejo Interterritorial de Sanidad, ante lo que la ministra ya ha advertido: buscará medidas legales para obligarles a entregar esa información.