Las 15 medidas anticorrupción de Sánchez: castigos a empresas corruptoras y "procedimientos sumarios" para evitar "dilaciones calculadas" en las causas
El plan del presidente del Gobierno también incluye la aplicación de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados un paquete con 15 medidas para frenar la corrupción. Entre ellas, establecer castigos a empresas corruptoras o la creación de "procedimientos sumarios" para evitar las "dilaciones calculadas" en juicios que afectan a cargos públicos.
Durante su intervención en la Cámara Baja a raíz de la implicación de Santos Cerdán en el caso Koldo, el presidente del Gobierno cree que los mecanismos preventivos contra la corrupción deben llegar hasta las instituciones o las empresas. Por ello, ha presentado un plan estatal de lucha contra la corrupción, dotado de 15 medidas "de importante calado" que el gobierno de coalición ha diseñado junto a la OCDE e incorporando propuestas de otros organismos. "Este plan supondrá el mayor impulso a la lucha contra la corrupción que se ha hecho en las últimas décadas en este país", ha prometido Sánchez.
El presidente del Gobierno lo ha presentado ante los grupos parlamentarios en cinco ejes diferentes.
1. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
- Puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública que asumirá las funciones clave para la prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas aglutinando y coordinando las competencias de varios organismos estatales que se ocupan de esta misión.
- Extensión de la metadología aplicada en la adjudicación de los Fondos Next Generation a toda la administración del Estado
- Introducción de aplicaciones de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para automatizar y optimizar la detección de patrones anómalos.
- El Estado exigirá sistemas de compliance y anticorrupción a las empresas que obtengan contratos públicos y que sirvan para monitorizar los procesos de contratación.
- Nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la obligación de transparencia activa, con mecanismos de alerta temprana, así como actualización del Portal de Transparencia
- Se establecerán controles patrimonios aleatorios a altos cargos para detectar que nadie obtenga un beneficio irregular. A los partidos y fundaciones con financiación público superior a 50.000 euros, se les obligará a realizar auditorías externas.
2. PROTECCIÓN PARA QUIENES DENUNCIAN LA CORRUPCIÓN
- Incluir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal medidas para garantizar la confidencialidad, protección y apoyo legal a las personas que acudan a las autoridades a denunciar actos de corrupción
"Cualquier persona que denuncie debe contar con garantías plenas de confidencialidad y de apoyo legal. Y las empresas deberán tener canales internos de denuncias. La lucha contra la corrupción no pueden basarse en rumores, pero tampoco que información de valor se pierda en pasillos", ha dicho Sánchez.
3. CAPACIDAD DEL ESTADO PARA INVESTIGAR LA CORRUPCIÓN
Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia, con jueces especializados, para agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia. Igualmente, otorgar carácter preferente con un procedimiento sumario a las causas con cargos públicos implicados, "puesto que muchas veces vemos dilaciones calculadas que merman la confianza de la ciudadanía en la acción de la Justicia", ha dicho Sánchez.
- Refuerzo de la fiscalía anticorrupción y y remisión al Parlamento de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con una reforma estructural del modelo de instrucción penal, para que sea la Fiscalía la que ejerza esta competencia.
4. CASTIGO A LAS EMPRESAS CORRUPTORAS
- Endurecimiento de las penas por delitos contra la administración pública, duplicación de los plazos de prescripción y aumento de las multas a empresas corruptoras.
- Aumento de multas a las empresas corruptoras, calculándolas sobre sus ingresos anuales.
- Elaboración de listas negras para que esas empresas no puedan seguir acordando con la administración públicas
- Endurecimiento de las sanciones a los partidos por infracciones contables y retirada de subvenciones a quienes mantengan en sus listas y estructura a condenados por corrupción.
- Más medios para la Oficina de Recuperación y gestión de activos, encargada de localizar y administrar los bienes obtenidos ilícitamente, optimizando su coordinación con juzgados, fiscalías y también Fiscalía Europea.
- Introducción de la figura del Decomiso administrativo preventivo, "que permitirá incautar bienes vinculados a las actividades delictivas sin necesidad de condena previa para que los responsables oculten y dispongan de dinero robado antes de que llegue la Justicia". ha dicho Sánchez.
5. CULTURA DE INTEGRIDAD
- Realización de estudios demoscópicos anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción en España, a cargo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), junto al lanzamiento de campañas de concienciación ciudadana y refuerzo de la formación de los empleados públicos en integridad y prevención.
En su conclusión, Sánchez ha dicho que se cumplirá hasta "la última palabra" de las medidas presentadas y que se darán cuenta de los avances realizados a los 12 y 24 meses desde su puesta en marcha.
