Líderes europeos reprochan a Sánchez su regularización de migrantes y piden acelerar la externalización de los centros de deportación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que hacer frente a las críticas de varios líderes de la Unión Europea por la regularización extraordinaria de migrantes en España y su posible impacto en el resto de socios, durante una discusión a puerta cerrada el jueves en el Consejo Europeo en Bruselas, después de que éste expresara su rechazo a la reforma acordada por el bloque para endurecer la política de asilo y consolidar la externalización de los centros de deportación en terceros países.

Entre tres y cuatro jefes de Estado y de Gobierno europeos tomaron la palabra, según han indicado a Europa Press fuentes europeas, para responder a Sánchez con reproches por haber puesto en marcha una regularización de ese calado sin haber consultado previamente con el resto de Estados miembros. Entre los críticos, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o el belga Bart de Wever, pero también la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, de acuerdo a las distintas fuentes consultadas.

El rifirrafe se produjo en la primera sesión del primer día de cumbre en la que los líderes recibieron a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, cuya institución había dado la víspera luz verde a la controvertida reforma. Tras la felicitación a Metsola por el éxito de la votación, Sánchez tomó la palabra para mostrar su oposición a los centros de deportación, una medida que va en contra de la política migratoria de España.

Según fuentes de Moncloa, Sánchez trasladó a los líderes que España está en contra de estos centros para expulsar a migrantes, aunque evitan calificarlo como un choque sino como un breve intercambio sobre migraciones en el que el jefe del Ejecutivo defendió la postura española y otros líderes hicieron lo mismo con sus posiciones.

Ante la respuesta de varios socios, criticando la regularización extraordinaria, Sánchez sacó pecho del éxito del modelo español, que promueve una Europa abierta con una migración que contribuye al crecimiento económico nacional.

En ese sentido, las citadas fuentes subrayan que España aplica el Pacto de Migración y Asilo de la UE en su integridad así como el Reglamento de Dublín sobre las peticiones de asilo de ciudadanos de fuera de la Unión Europea.

La política sobre regularización es una cuestión de competencia nacional, pero en línea con lo expresado en los últimos meses por el comisario de Interior, Magnus Brunner, la medida extraordinaria tomada por el Gobierno preocupa a varios socios en la medida en que pueda tener un impacto por movimientos secundarios de las personas regularizadas hacia otros países de la Unión.

De hecho, ya en febrero Brunner avisó de que "cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea" y que debe hacerse cargo de que, en caso de que el migrante se desplace a otro Estado miembro, sea retornado al país que le otorgó el permiso.

En este contexto, las fuentes consultadas apuntan que uno de los mandatarios que expresó sus reservas lo hizo advirtiendo a Sánchez de que regularizar en España a al menos 500.000 personas supone también "tener 500.000 migrantes más en Europa", por lo que hubiera querido que España informara al resto de miembros antes de dar el paso.

El presidente del Gobierno, no obstante, defendió entre sus argumentos que una gran parte de las personas que se han acogido a la regularización extraordinaria son de origen latinoamericano, con arraigo por el idioma, entre otras razones, por lo que no es esperable que buscan trasladarse a otros países de la Unión.

Acelerar la externalización de los centros de deportación

Por otro lado, un total de 19 líderes de la Unión Europea, entre ellos los de Italia, Grecia y Chipre han pedido acelerar la externalización de los centros de deportación a territorios extracomunitarios, siguiendo el ejemplo de Italia con Albania.

"Ahora necesitamos mostrar resultados concretos que marquen la diferencia real para nuestros ciudadanos y avanzar con soluciones basadas en terceros países tan pronto como sea posible", reclama la carta impulsada de la mano por la primera ministra de Dinamarca, la socialista Mette Frederiksen, y la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni.

La Unión Europea cerró el pasado mayo una reforma que endurece la política de asilo y consolida la creación de estos centros de detención en países terceros, a los que trasladar migrantes que ya han llegado a suelo comunitario pero para los que no se prevé conceder asilo, a la espera de que se tramite su expulsión definitiva al país de origen o tránsito desde el que llegó a la Unión.

La reforma recibió luz verde esta misma semana en el Parlamento Europeo y sólo está pendiente de al adopción formal por parte del Consejo (gobiernos) para que pueda entrar en vigor y, de manera inmediata, se aplique la nueva base legal que permitirá a los gobiernos europeos negociar con terceros países este sistema, hasta ahora incompatible con el Derecho comunitario.

Además, los Veintisiete --con el rechazo de España-- acordaron también esta semana como parte de la arquitectura del próximo marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) que estos centros de deportación puedan ser costeados a cargo de las arcas comunitarias a partir de 2028, cuando está previsto que esté operativo el nuevo presupuesto.

Algunos países como Dinamarca o Chipre, entre los firmantes de la carta, han expresado ya su interés por negociar este tipo de convenios con terceros países o incluso han empezado los contactos; pero buscan un empuje "político" para garantizar en el marco común que la legislación en curso de ratificación se aplique con agilidad, han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Junto a Meloni y Frederiksen, firman la declaración los mandatarios de Austria, Bulgaria, República Checa, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Bélgica, Chipre, Estonia, Hungría, Lituania, Países Bajos, Rumanía y Eslovenia.

"Siempre debe ser una decisión democrática quién puede entrar y permanecer en nuestros países. Es fundamental que sigamos desafiando el 'statu quo', donde los traficantes de personas se enriquecen y la migración se instrumentaliza", argumentan los 19 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión firmantes.

Además, sostienen que los debates de los últimos años para lograr la reforma de la política europea de migración y asilo han permitido "redefinir" el debate europeo sobre la cuestión y llegado a un "amplio consenso" sobre la necesidad de una estrategia europea "firme y justa"; una política que "salvaguarde la cohesión de nuestras sociedades y brinde protección a las personas más vulnerables".

La opción de instalar centros de detención en terceros países para trasladar a los migrantes llegados a la UE a los que se deniega el asilo, a la espera de su expulsión definitiva, ha suscitado duras críticas de países como España y de organizaciones humanitarias que cuestionan tanto la efectividad de este modelo como que respete los valores y derechos fundamentales que observa la Unión Europea.

Los líderes replican en la carta que las soluciones que defienden se harán "en cumplimiento de la legislación de la UE y los convenios internacionales, y en estrecha cooperación con terceros países".