Más Madrid exige a Ayuso que las viviendas de protección oficial sean permanentes
También pide crear un registro de grandes propietarios para reforzar el control público.
El grupo parlamentario Más Madrid ha presentado este martes en la Asamblea autonómica dos iniciativas con medidas para intervenir el mercado de la vivienda, "para frenar la especulación y reforzar el parque público de vivienda".
Según las proposiciones no de ley, una de ellas pasa por establecer la protección indefinida de las viviendas públicas, de tal manera que nunca pierdan esta condición. Además, se pide eliminar los incentivos a promotores privados con ánimo de lucro, fomentar modelos alternativos como cooperativas o aumentar la reserva de suelo para vivienda protegida hasta al menos el 30% en nuevos desarrollos.
"Desde los años 60, más de seis millones de VPO han pasado al mercado libre, 2,7 millones de ellas desde los años 80. Reglamentos como el de la Comunidad de Madrid han permitido este fenómeno, en lugar de apostar por fórmulas de protección permanente, como sí ocurre en el País Vasco desde hace más de veinte años".
La otra iniciativa del grupo liderado por Manuela Bergerot persigue frenar la expansión de grandes tenedores, ejercer de forma generalizada el derecho de tanteo y retracto y crear un registro de grandes propietarios para reforzar el control público.
"El Gobierno del Partido Popular ha optado por aplicar políticas que solo agravan el problema. Siguen sin implementar ninguna regulación de precios, por lo que resulta ofensivo que desde el Ejecutivo regional intenten culpar a medidas que ni siquiera existen en Madrid. Es hora de dejar de gobernar para los grandes tenedores y empezar a hacerlo para los vecinos y vecinas. Madrid no necesita más parches que favorezcan el 'urbanismo a la carta'. Lo que Madrid necesita es valentía política para blindar el parque público de por vida y entender que la vivienda es un derecho fundamental que debe protegerse, no un activo financiero con el que mercadear", señalan desde Madrid.
En esa misma proposición también se pide "prohibir la venta, cesión o transmisión, total o parcial, de vivienda pública, vivienda protegida o suelo público con destino residencial a fondos de inversión, sociedades patrimoniales, fondos buitre o cualquier otra entidad cuyo objeto principal sea la explotación especulativa de activos inmobiliarios, garantizando en todo caso la titularidad pública permanente de dicho patrimonio".
