Pacto de silencio en La Moraleja: una inmobiliaria VIP vendió el ático del Gobierno de Ayuso bajo estricta confidencialidad

La gestión de los fondos públicos y el patrimonio institucional en la Comunidad de Madrid se encuentra en el centro del debate político tras revelarse los detalles de la adquisición de un piso de alta gama, un ático, del que no se aclara ni el precio ni el uso real que se le iba a dar. La propiedad, de más de 400 metros cuadrados y ubicada en la calle del General Martínez Campos de la capital española, fue adquirida el pasado mes de abril a través de la empresa pública Planifica Madrid, vinculada a la Consejería de Presidencia del Ejecutivo regional que encabeza la popular Isabel Díaz Ayuso.

Ahora, el diario El País desvela que la transacción fue intermediada por Promora, una de las firmas inmobiliarias especializadas en el segmento de lujo de mayor trayectoria en la región. Fuentes de la compañía confirmaron al diario del Grupo Prisa que la venta se gestionó siguiendo el cauce comercial habitual a solicitud de su anterior propietaria, aunque con la inclusión de una cláusula de confidencialidad requerida por la parte compradora para preservar el anonimato del proceso. 

El inmueble figuraba en el mercado con una valoración orientativa de 6,6 millones de euros, si bien los costes finales de la operación no han sido precisados de forma oficial.

Indefinición sobre los usos y contradicciones normativas

La revelación de la compra ha generado dudas sobre el procedimiento administrativo empleado. Hasta la fecha no se ha hecho público un expediente completo que detalle la memoria justificativa o la partidas presupuestarias específicas asignadas a esta partida por parte de la entidad compradora.

Inicialmente, representantes del Ejecutivo autonómico argumentaron que el espacio se destinaría a alojar a personal administrativo de forma transitoria debido a las obras de remodelación en la sede gubernamental de la Puerta del Sol. Sin embargo, observadores y analistas han señalado que las regulaciones urbanísticas vigentes en el municipio de Madrid restringen el uso de viviendas situadas en plantas elevadas para fines administrativos o empresariales.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, la presidenta regional rechazó que el inmueble estuviera destinado a uso residencial personal, calificando la polémica de maniobra política y señalando que las instalaciones tendrían una función institucional. Tras el impacto mediático inicial, la portavocía del Gobierno autonómico rectificó la estrategia declarando la intención de sacar el inmueble nuevamente al mercado de venta.

Reacciones de la oposición y acciones legales

El devenir de la operación ha provocado una inmediata respuesta por parte de los grupos parlamentarios de la oposición. Representantes del Partido Socialista (PSOE) han solicitado la comparecencia urgente de los responsables gubernamentales en la Asamblea de Madrid para fiscalizar las cuentas y aclarar la toma de decisiones. 

Paralelamente, formaciones como Más Madrid han anunciado su intención de llevar el caso ante los tribunales al considerar que la transacción podría constituir un delito de malversación de fondos.

A la presión legislativa se suman iniciativas en el ámbito jurídico: un letrado ha presentado una denuncia formal ante el Tribunal de Cuentas solicitando que se investigue si se ha producido un perjuicio económico a las arcas públicas como consecuencia de la compra y posterior desinversión acelerada de la propiedad, informa Eldiario.es.

Por el momento, los detalles económicos exactos y la documentación que amparó la decisión original permanecen bajo la reserva de la Administración autonómica, a la espera de que se resuelvan las peticiones de información institucional e investigación contable.