Pedraz apunta en su auto que el 'trabajo sucio' de Leire Díez y la trama habría empezado tras la imputación de Begoña Gómez: "Me ha mandado Santos ir" 

El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha ordenado este miércoles a la UCO personarse en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz para requerir una documentación en base a una derivada de la investigación abierta en el denominado 'caso Leire'. En concreto, hay "indicios" de que "la fontanera" y parte de la estructura del PSOE habrían montado un operativo para atacar a la policía judicial, jueces, fiscales y otras partes relacionadas con casos que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Esos trabajos 'de cloaca' eran abonados por el partido camuflados, presuntamente, a través de facturas falsas. Por este motivo, han sido hoy imputados el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolcet o la gerente del PSOE, Ana Fuentes, todos ellos partícipes de una manera directa o indirecta de la trama. 

El auto del juez, al que ha tenido acceso El HuffPost, sitúa el origen de esta estructura en los días posteriores a la carta a la ciudadanía que Pedro Sánchez publicó una vez el juez Peinado había iniciado una investigación contra su mujer, Begoña Gómez, y se habían producido las primeras detenciones por el denominado 'caso Koldo'. El entonces 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, habría organizado una reunión en la sede central del partido para tratar estos asuntos. A esta cita acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano (mano derecha de Cerdán) o Ion Antolín, exdirector de comunicación del PSOE. "Me voy de urgencia a Madrid. (...) Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", le dice en un mensaje Leire a Víctor Fernández, expresidente de la SEPI. En esa reunión se acuerda "una serie de acciones cuya pretensión era la desestabilización" de esas causas judiciales que están afectando al PSOE y al entorno del presidente. 

Según el auto, la organización desplegó una "actividad continuada y estructurada" para llevar a cabo diferentes acciones "susceptibles de revestir relevancia penal". Por ejemplo, "funcionarios públicos fueron objeto de ofrecimientos de diversa índole, solicitando a cambio actuaciones de diferente naturaleza y con posible trascendencia en su desempeño profesional. Se materializó al menos un ofrecimiento, en este caso de naturaleza meramente económica, a un testigo en un procedimiento judicial y con el objetivo de adecuar su testimonio a sus intereses. También se recabaron informaciones calificadas como secretas, posteriormente utilizadas para sus fines; o se pretendió influir en determinados cargos públicos para la obtención de resoluciones acordes a sus pretensiones", señala. 

La reunión de abril de 2024 en Ferraz en la que se habría diseñado la operación no fue la única. Según el auto, Cerdán y Leire se fueron viendo en diferentes ocasiones hasta justo un año después, en mayo de 2025. En concreto, se habla de 22 encuentros en Ferraz y al menos 17 en otros enclaves. Según el escrito, para entonces Díez y Cerdán “no solo mantenían una relación previa, sino que ambos ya formaban parte” de un “grupo organizado” que tenía como objetivo cobrar comisiones a través de “orientar procedimientos administrativos”. Algo que está todavía bajo investigación. 

El documento sitúa a Cerdán en la cúspide de esta organización y en algunas de las conversaciones recabadas se podría llegar a inferir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría estar al tanto de estas actuaciones o, al menos, usaba parte de la información obtenida. "Está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo", "Mira el jefe cómo cita los audios", llegan a decir tras una comparecencia de Sánchez el 29 de abril de 2024. 

Sobre Cerdán, el auto también dice que el dirigente puso a disposición “de la estructura criminal, la propia estructura del partido” y desde el inicio “soportó el coste de la actividad investigada”. Porque Leire Díaz, por supuesto, no hacía sus gestiones gratis. En otras conversaciones, se señala que Leire comenzó a cobrar 4.000 euros mensuales a través de una consultoría que dirigía el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. En otra ocasión, se "falseó una nota" de un abono dirigido a un estudio jurídico que, posteriormente, pagó a través de otra sociedad esta misma cantidad de 4.000 euros a Leire. Esta operación contaría con la firma de la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, hoy imputada por el juez. Por su parte, Díez habría contado para llevar a cabo los objetivos fijados con la ayuda del empresario Javier Pérez Dolset y de la periodista Patricia López, ya fallecida.