"Prioridad nacional" y otras claves del extenso acuerdo PP-Vox en Aragón para hacer presidente a Jorge Azcón

"Prioridad nacional". Las dos palabras que condicionaron el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura vuelven a aparecer en Aragón y marcan buena parte del pacto de Gobierno entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. El PP retendrá la presidencia de la comunidad autónoma aragonesa en virtud de una alianza con la ultraderecha que ofrece importantes concesiones para los de Santiago Abascal.

En lo numérico, Vox pasará a suponer prácticamente un tercio del Gobierno de Aragón. El propio Jorge Azcón ha confirmado que estará formado por nueve consejerías más el presidente. Así, de las nueve, Vox ocupará tres de ellas, aparte del cargo de vicepresidente, que llevará aparejada una 'cartera' regional. Las tres consejerías serán las de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Pero ni la "prioridad nacional" que tanto está dando que hablar ni el peso numérico de Vox son las únicas claves de un pacto que, a espejo de Extremadura, pretende garantizar una alianza de legislatura y "cuatro presupuestos" de aquí a 2030. En un intento de justificar los puntos más polémicos, las bases del acuerdo recogen la formulación de un respeto mutuo "a las diferencias ideológicas" y especialmente "a la Democracia, al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho".

Al igual que pasara en Extremadura, la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas se basará en el cumplimiento de un plazo mínimo reforzado de "arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio", así como a la "cotización, permanencia y contribución al sistema".

"No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". Con este título tampoco hace falta explicar mucho más. Sí que en puntos posteriores y por impulso de Vox, se detalla un plan de "retorno y repatriación de inmigración ilegal" que Aragón pretende impulsar con acuerdos con los países de origen bajo el paraguas de las "limitadas competencias en relaciones internacionales".

Además, se aprobará una partida de 100.000 euros al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizar pruebas de verificación de edad de los inmigrantes ilegales, de cara a evitar lo que definen como "fraudes" en la posible condición de menor y "colapso" de los servicios asistenciales.

De nuevo con la 'inspiración extremeña', el pacto anuncia la suspensión de subvenciones a ONG's que "favorezcan la inmigración ilegal" a juicio de PP y sobre todo de Vox, junto con la limitación del gesto "al mínimo legal imprescindible" en materia de acogida. El tijeretazo a las subvenciones, por cierto, va más allá de lo migratorio. En los últimos capítulos se detalla la reducción al 50% de las subvenciones a sindicatos y organizaciones empresariales, así como al "mantener en el mínimo legal" las destinadas a cooperación al desarrollo exterior, algo ya hecho en 2024.

Uno de los primeros asuntos es una bajada del IRPF que será de 0'25% por año para las rentas inferiores a 52.500 euros, hasta llegar a un 1% menos al término del periodo ordinario de legislatura, así como la reducción de otros impuestos, especialmente enfocados a la adquisición de vivienda, a familias numerosas y a individuos y empresas en el medio rural.

Okupación aparte, el plan de vivienda pasa por "incrementar la oferta"; esto es, construir más. El pacto detalla 4.000 viviendas públicas más y se enumeran medidas como la agilización de los procesos de transformación urbanística. Para acceder a estas viviendas públicas, el futuro Gobierno enlaza con su endurecimiento en materia migratoria, y exigirá un empadronamiento "en Aragón y España" de 10 años para compra y 5 para alquiler.

Al respecto, los firmantes añaden que la inmigración y la okupación—en ocasiones emparejadas en el texto como algo unido— serán sometidas a una constante vigilancia y un estudio estadístico, con medidas para prevenir o reprimir comportamientos delictivos.

En materia agrícola, la Agenda 2030 aparece como otro de los grandes enemigos, favoreciendo prácticas más localistas, el pastoreo como medida de prevención de incendios, la aprobación de nuevos seguros agrarios o el fomento del regadío, así como de la caza como actividad de control de la fauna.

En educación, el nuevo Ejecutivo de Azcón impulsará el Bachillerato concertado y la inclusión de la historia del terrorismo en España como parte del currículo, así como la suspensión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Primaria y Secundaria. Igualmente, presumen de "poner fin a la imposición del catalán". En cuanto a los comedores, en ellos también se aplicará la "prioridad nacional" en los productos utilizados.

Ya en la Universidad, PP y Vox anuncian la gratuidad de la primera matrícula y nuevas titulaciones "orientadas a las demandas del mercado laboral y las necesidad de nuestros servicios públicos esenciales".

En sanidad prometen la inauguración de nuevos centros de salud en la región, donde primará una "perspectiva de familia" que guíe toda la acción de gobierno. También se adelanta el aumento de plazas y presupuesto en las residencias y los centros de día para personas mayores.