¿Qué contiene el paquete anticorrupción?: de la agencia independiente a la IA para cazar fraudes
El Consejo de Ministros ha dado su primer visto bueno al anteproyecto de Ley de Integridad Pública, una de las medidas de respuesta del Gobierno al 'caso Koldo' y al 'caso Santos Cerdán'. Estas son las claves de una iniciativa que nace con muchas dudas de lograr los apoyos necesarios en el Congreso.
Por sorpresa y en una reunión del Consejo de Ministros en la que se esperaban otras importantes aprobaciones de proyectos legislativos e iniciativas como la ratificación de la subida del salario mínimo que fue ayer suscrito con los sindicatos mayoritarios. En este marco, el Gobierno ha anunciado que se ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, el conjunto de medidas que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que lanzarían para poner cerco a la corrupción, en respuesta al 'caso Koldo' y al 'caso Santos Cerdán' que sacudieron los cimientos de Ferraz.
Era el verano del año pasado cuando el exsecretario de Organización socialista José Manuel Santos Cerdán ingresaba en prisión acusado de los presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. Pasó 142 días en el presidio de Soto del Real, pero no sería el último ex 'número 3' en entrar, al hacerlo posteriormente el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
En aquel mes de junio, Sánchez presentó su plan con una medida estrella al frente dirigida a nueva homologación de los estándares europeos en esta materia, la creación de una agencia anticorrupción independiente. Nueve meses más tarde y todavía con las dudas de que la norma pueda contar con apoyos suficientes para ser convalidada posteriormente en el Congreso, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado a conocer el contenido de este anteproyecto que no solo trae consigo el desarrollo de dicho organismo, también otra serie de cuestiones.
Estas son las claves de un anteproyecto cuya aprobación ha adelantado la Cadena SER y confirmado posteriormente El País.
Un vistazo al paquete anticorrupción: claves rápidas
- El anteproyecto contempla, como medida central y estrella, la creación de una agencia anticorrupción independiente, como ocurre en otros países europeos.
- Se implementará la tecnología de la inteligencia artificial (IA) para la detección de fraude en la contratación pública.
- Aumento de las penas de inhabilitación política desde los 15 a los 20 años.
- Se creará una nueva Ley de Administración Abierta con una batería de medidas de control y transparencia.
- Garantías de confidencialidad para denunciantes ante la Policía, Fiscalía Anticorrupción o cualquier juzgado.
- Creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública, , mediante jueces especializados, acompañado del refuerzo de recursos judiciales.
- Obligación de realización de auditorías externas y la publicación de donaciones a los partidos políticos que reciban más de 2.500 euros.
- Sistema de exclusión y listas negras para empresas condenadas por corrupción.
Hacia una agencia anticorrupción independiente y una homologación europea
La gran reforma que contempla el mencionado anteproyecto es el de que España cuente con un organismo similar al que existe en otros países europeos, una agencia anticorrupción que sirva para aglutinar y centralizar las distintas funciones y competencias que actualmente se reparten entre otros organismos españoles diferentes.
El objetivo es que además de ser independiente, dicha agencia se centre en las tareas de prevención, supervisión y persecución de prácticas corruptas. A mayores, ese organismo también tomaría conclusiones y propondría nuevas medidas a implementar para reforzar la seguridad ante la corrupción.
Si bien es una medida que propuso Sumar en su día, lo cierto es que se antoja complicada su aprobación definitiva durante la actual legislatura por la necesidad de tiempo para su desarrollo y por la compleja aritmética parlamentaria que deja al Ejecutivo de coalición progresista sin tener totalmente atados los apoyos necesarios y viéndose obligado a negociar con formaciones como Junts.
La inteligencia artificial (IA) como herramienta para escudriñar las contrataciones públicas
También es una cuestión que ya se emplea en otros países europeos, pero el anteproyecto contempla que se utilice la inteligencia artificial como un sistema de rastreo constante en la plataforma de contratación del sector público, donde se aglutinan todos los contratos suscritos o que salen a licitación.
La finalidad de la IA en este sistema se base en aportar métodos que favorezcan la identificación de indicios de fraude, mediante el análisis y detección de patrones anómalos en dicha base de datos.
La Ley de Administración Abierta: controles aleatorios y obligaciones para partidos y fundaciones
Dicho paquete de medidas anticorrupción también desarrolla la futura Ley de Administración Abierta, la pata de esta iniciativa que está ideada para reforzar la transparencia y actúa directamente sobre los partidos políticos y las fundaciones. El primer cambio que introduce es que habrá controles patrimoniales aleatorios, con carácter anual pero durante todo su mandato, para los altos cargos.
No es lo único que acompaña a este ámbito. Todos los partidos o fundaciones que ingresen más de 50.000 euros estarán obligadas a la realización de auditorías externas de sus cuentas. También se baja otra horquilla, la necesaria para que partidos y fundaciones tengan que publicar las donaciones recibidas. Actualmente, el umbral está en 25.000 euros y caerá hasta los 2.500 euros. También deberán ser publicas a un mes de que sean recibidas dichas donaciones.
Refuerzo judicial: nuevos juzgados especializados, mayores penas y garantías para denunciantes
Otra de las patas que acompaña al paquete pone el foco directamente en el proceso de denuncia y el proceso judicial, a menudo cuestiones que se ven afectadas por la congestión judicial que asola al país. Se establecerán garantías de confidencialidad y protección legal para los denunciantes ante la Policía, Fiscalía Anticorrupción o cualquier juzgado. Mas no solo eso, las penas de inhabilitación política a condenados por corrupción pasarán de 15 a 20 años.
A mayores, se contempla un refuerzo del propio sistema judicial, mediante la creación de secciones especializadas en delitos contra la Administración Pública, que contarán con sus propios jueces especializados, además del propio refuerzo previsto en la Fiscalía Anticorrupción.
También se prevé que se elabore un sistema de exclusión y listas negras para que a aquellas empresas que resulten condenadas por corrupción se les impida realizar nuevas contrataciones con el sector público.