Vito Quiles, imputado por filtrar la dirección del domicilio de la presidenta de Red Eléctrica
El agitador cuestionó el perfil profesional y el sueldo de Beatriz Corredor, actual presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, tras el apagón nacional del pasado mes de abril. En Telegram y X los mensajes por aparte de simpatizantes de Quiles animaban a "quemarle la casa" y organizar escraches.
La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid ha puesto el foco en la actuación de Vito Quiles tras el gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025. La magistrada Sonia Agudo Torrijos investiga al agitador por un presunto delito de revelación de secretos después de que difundiera en redes sociales la dirección y varias imágenes del domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. El investigado está citado a declarar el próximo 7 de abril.
Corredor -actual presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, participada en un 20% por la SEPI- presentó una querella en la que sostiene que la publicación de esos datos vulneró su intimidad y puso en riesgo su seguridad. Según expuso ante el juzgado, tras la difusión comenzaron a circular mensajes amenazantes en redes sociales, algunos llamando a "quemarle la casa" o a organizar escraches. La situación, asegura, la obligó a reforzar la protección de su vivienda y a limitar sus movimientos.
De la crítica política a la revelación del domicilio
Los mensajes de Quiles se produjeron pocos días después del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica. En un primer momento, el agitador cargó contra el nombramiento de Corredor al frente de la compañía y cuestionó su perfil profesional y su retribución anual -una cifra que es pública al remitirse cada año a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)-.
Días después, el 3 de mayo, publicó lo que calificó de "exclusiva": aseguró que la presidenta había contratado seguridad privada en su casa "con fondos públicos" y acompañó el mensaje con fotografías del inmueble y la dirección exacta. Esa difusión es el núcleo de la causa judicial ahora abierta.
El Código Penal contempla penas de multa e incluso de prisión para quien divulgue datos personales que afecten a la intimidad de terceros sin su consentimiento. En concreto, el artículo 199 prevé condenas de hasta tres años de cárcel -cuatro si quien revela la información incumple un deber profesional de sigilo-.
Bloqueos, citaciones y "paradero desconocido"
Tras admitirse a trámite la querella, el juzgado acordó el bloqueo provisional de los enlaces concretos en X y Telegram donde aparecía la dirección. No obstante, la defensa de Corredor denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones, y solicitó que se requiriera personalmente a Quiles su retirada. La magistrada consideró suficiente el bloqueo ya acordado y rechazó nuevas medidas.
La tramitación de la causa ha estado marcada por las dificultades para notificar al investigado. Fue citado inicialmente en septiembre, pero no compareció. El juzgado intentó localizarlo en distintos domicilios, incluida la sede de la formación Se Acabó La Fiesta, vinculada a Alvise Pérez, en cuyas listas concurrió Quiles a las elecciones europeas. Ante la imposibilidad de hallarlo, llegó a constar en “paradero desconocido” y se dictó orden de búsqueda y citación. Finalmente, tras contactar con un familiar, se formalizó la notificación bajo apercibimiento de detención.
La defensa del investigado ha sostenido que los hechos carecen de relevancia penal y ha solicitado el archivo de las diligencias. Será tras su declaración cuando la jueza decida los siguientes pasos.
Otros frentes judiciales y polémicas
No es el único procedimiento abierto contra Quiles. Un juzgado de Sevilla lo investiga por presuntas injurias y calumnias a raíz de una querella presentada por Rubén Sánchez, secretario general de Facua, por unas declaraciones realizadas en redes y en un programa de EDA TV, plataforma fundada por Javier Negre. En ese contexto, el medio se ha negado a aportar determinada documentación solicitada por la jueza sobre su relación contractual con el activista.
Además, la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha pedido en varias ocasiones la retirada temporal de su acreditación en el Congreso por comportamientos que considera contrarios a la ética profesional, mientras la Mesa de la Cámara analiza posibles sanciones por grabaciones en zonas no autorizadas.
La citación del 7 de abril será, por tanto, un momento clave para determinar si la difusión de la dirección de la presidenta de Red Eléctrica queda enmarcada en el debate político o si, como sostiene la querella, cruzó la línea penal al vulnerar su derecho a la intimidad.
