Aborto, matrimonio igualitario, ley trans y, ahora, Uruguay aprueba la primera ley de eutanasia de América Latina

Uruguay ha dado otro paso de gigante en su defensa de los derechos sociales al legalizar, esta pasada noche, la eutanasia. Lo ha hecho mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores. Es la primera ley de eutanasia formal de América Latina.

Tras más de diez horas de debate, los legisladores del oficialista Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

"Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.

El pasado 13 de agosto, Uruguay había dado el primer paso hacia la legalización de la eutanasia con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Luego de esto, avanzó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde los legisladores que la integraban recibieron para dialogar a diferentes colectivos y luego votaron su aprobación, lo que permitió que pasara al pleno.

Este miércoles, en el comienzo del debate, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet tomó la palabra como miembro informante y allí destacó los pasos dados anteriormente. "Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual", explicó.

Asimismo, hizo hincapié en que el proyecto no obliga a nadie, sino que es un alternativa. "Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie", enfatizó.

En su misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la ley en diálogo con la Agencia EFE. "La ley es necesaria, liberal y humanitaria. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces algunas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final", explicó.

Pasquet había presentado en 2020 un proyecto para legalizar la eutanasia que fue aprobado en la Cámara de Representantes pero no consiguió los votos necesarios en la Comisión de Salud del Senado. Ahora, con una nueva ley ya sancionada, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación.

A su vez, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que, dice el texto, "será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia".

Esta "estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo" del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.

Sumando

Uruguay llega a este punto tras haber aprobado leyes como la de interrupción voluntaria del embarazo, la de matrimonio entre personas del mismo sexo o la que garantiza derechos a las personas trans, situándose en vanguardia en derechos en el continente americano. 

De esta forma, Uruguay se transformó en el tercer país de la región en legalizar la eutanasia. Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales.

Mientras tanto, Canadá legalizó la eutanasia en 2016 tras un fallo del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la penalización.

Por otra parte, una mujer aquejada de polimiositis se convirtió en 2024 en la primera persona en Perú en recibir eutanasia, tras un fallo judicial favorable en 2022. Ese mismo año, Ecuador despenalizó el procedimiento por decisión de la Corte Constitucional y ordenó su regulación. Una mujer de Guayaquil fue la primera en acceder formalmente.

La aprobada este miércoles en Uruguay se suma a otras destacadas leyes votadas en los últimos años. De hecho, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló en una publicación en su cuenta de X que el país suramericano volvió a ser "pionero en agenda de derechos".

En 2012, el Parlamento aprobó el aborto hasta la semana doce de gestación por la sola decisión de la mujer, siempre que se lleve a cabo bajo la supervisión del Estado. Hasta ese momento, solo en Cuba, Guyana y Puerto Rico el aborto era legal en términos generales.

Al año siguiente, una nueva ley aprobada en el Parlamento colocó a Uruguay como el segundo país de Latinoamérica -solo por detrás de Argentina- en regular la unión civil entre personas del mismo sexo. Esta señala que la institución del matrimonio implica "la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos".

Ya en 2018, fue aprobada la Ley Integral para Personas Trans, normativa inédita en Latinoamérica y que establece medidas para revertir los mecanismos de discriminación y avanzar en la garantía de derechos para dicha población.

"Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona", apunta en su primera artículo.