Detienen a tres menores por la muerte de una educadora de un piso tutelado en Badajoz

Tres menores han sido detenidos como presuntos responsables de la "muerte violenta" de una educadora de 35 años en un piso tutelado en Badajoz. Según las primeras pesquisas, la víctima pudo ser asfixiada con un cinturón.

Fuentes de la investigación han indicado a EFE que los detenidos son dos adolescentes de 14 y 15 años y una joven de 17 años. Todos de nacionalidad española y residentes en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, en el que han sucedido los hechos.

Los menores han sido arrestados en Mérida, según ha confirmado la Policía Nacional, que añade que se ha hecho cargo de la investigación el grupo primero de la brigada provincial de Policía Judicial de Badajoz.

Cogieron el vehículo de la víctima y condujeron con dirección a Mérida, pero tuvieron un accidente a la altura del municipio pacense de Lobón, a unos 29 kilómetros de la capital extremeña, ha informado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, en declaraciones a los medios. Tras el accidente, la chica fue arrestada y los otros dos menores fueron detenidos en Mérida.

"Es un hecho absolutamente terrible", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien no se ha pronunciado sobre las circunstancias de la muerte, pues, según ha indicado, se está investigando y lo más probable es que se decrete el secreto de sumario.

Los investigadores continúan las averiguaciones para dar cuenta de todos los hechos a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal, Fiscalía de Menores.

Un piso en el que se vivía "con mucho miedo"

La educadora fallecida era natural de la localidad pacense de Castuera, de unos 5.500 habitantes, que este lunes ha amanecido "con incredulidad y "dolor tremendo" ante el terrible suceso, según ha explicado EFE su alcalde, Francisco Martos.

La joven de 35 años era una de las cinco profesionales que diariamente trabajan con los menores en el piso donde, según una de sus compañeras, "se trabajaba con miedo".

Junto a las cinco auxiliares técnico educativas (ATE), entre ellas la ahora fallecida, trabaja además un coordinador y otro profesional, todos ellos con turnos rotatorios.

"Se vivía una situación muy difícil desde hace quince días, con algunos robos y fugas", ha afirmado a EFE una de las auxiliares de esta vivienda, que ha omitido dar su identidad por "miedo". "Esta tragedia le podría haber ocurrido a cualquiera de nosotras", ha agregado la compañera de la fallecida.

La víctima había denunciado a uno de ellos

La auxiliar técnico fallecida había denunciado días atrás a uno de ellos por supuestas amenazas en dicho inmueble, que no cuenta con cámaras ni personal de seguridad. Así lo ha asegurado la educadora Sheila Gómez, quien ha señalado que "los menores son cada vez más agresivos, por lo que son necesarias más medidas. A quienes cometen estos hechos les sale muy barato matar".

Gómez ha ejercido de portavoz durante una concentración de profesionales de esta rama asistencial ante las puertas del centro de acogida de menores 'Marcelo Nessi' de Badajoz, a la que han asistido representantes de diversas centrales sindicales.

Han exigido tanto a la Junta de Extremadura como a las empresas adjudicatarias de estos servicio de acompañamiento a menores que "tomen las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de los trabajadores, así a los propios menores".

En la concentración, donde se han podido leer pancartas con lemas como 'En casa nos esperan' o 'Trabajar no puede costarnos la vida', se ha evidenciado el tenso clima en el que trabajan estos empleados, ya que menores residentes en el centro 'Marcelo Nessi' han proferido insultos desde el interior de estas instalaciones cuando en el exterior tenía lugar la concentración y las declaraciones a los medios.

Si en centros de acogida como el 'Marcelo Nessi son "necesarias más medidas de seguridad y personal", en el caso de las viviendas de cumplimiento de medidas judiciales lo son más, pues no disponen de vigilantes ni de cámaras de seguridad", ha lamentado.

Tras expresar su "consternación" por la muerte de la educadora, de 35 años y natural de Castuera (Badajoz), Gómez ha afirmado que llevan meses reivindicando más seguridad.

Agustina, trabajadora de este sector y madre de una de las auxiliares en la vivienda donde se produjeron los hechos, ha criticado que tanto la Junta de Extremadura como la empresa responsable de este servicio "no hayan hecho caso de nada".

"Lamentamos que se haya tenido que llegar a una situación extrema, en la que ha perdido la vida una trabajadora, para que se tome conciencia del peligro que diariamente soportan estos trabajadores", han afirmado desde CSIF.

En este sentido, CCOO ha exigido una investigación "minuciosa" de las circunstancias en las que se ha producido esta agresión mortal. "Queremos saber si se habían tomado o no las medidas preventivas necesarias, más aún si se confirma que la propia trabajadora había denunciado previamente la incertidumbre y el miedo en los que vivía por amenazas anteriores".

Asimismo, UGT ha criticado la precariedad laboral y la falta de seguridad en este tipo de centros financiados con fondos públicos aunque gestionados por asociaciones "sin garantías adecuadas". 

UGT considera que deberían existir dos profesionales por turno en todos los pisos tutelados, formación obligatoria en prevención y gestión de conflictos y una evaluación y seguimiento de los perfiles de riesgo de los menores acogidos, así como la instalación de sistemas de alarma y comunicación directa con los cuerpos de seguridad.