El estado americano en el que por ley no puedes conducir con los ojos cerrados

En todos los rincones del mundo existen leyes que, aunque nacieron con un propósito práctico, hoy suenan más a curiosidades que a normas serias. En Singapur, por ejemplo, mascar chicle en la vía pública está prohibido desde los años noventa; así como en Devon, una antigua ordenanza impide caminar hacia atrás después del amanecer. Dentro de ese catálogo de rarezas legales también figura Estados Unidos, donde cada estado tiene su propio repertorio.

Más concretamente, Alabama destaca con una norma que, literalmente, impide conducir con los ojos cerrados. Aunque parece una idea bastante obvia, la ley en cuestión aparece reflejada en el Código de Alabama y prohíbe esta acción en todo tipo de conductores, lo que ha hecho que a menudo sea citada como una de las leyes de tráfico más curiosas de Estados Unidos.

Aunque en la legislación estatal no haya una frase literal que diga como tal “no cierres los ojos”, la norma prohíbe expresamente que la visión del conductor sea obstaculizada, lo que, en la práctica, abarcaría conducir vendado o con los ojos cerrados. “Ninguna persona debe conducir un vehículo cuando la visibilidad hacia el frente o los lados esté obstruida” o cuando la posición de los pasajeros interfiera con el control del vehículo, según recoge la ley en su Sección 32-5A-53.

Una amenaza directa

Los análisis jurídicos señalan que, aunque no exista un inciso que diga literalmente “no conduzca con los ojos cerrados”, otras disposiciones complementarias permiten castigar ese comportamiento. En concreto, el artículo de ‘conducción temeraria (reckless driving)’ en Alabama describe como delito conducir “de forma negligente e imprudente, con desprecio deliberado o temerario por los derechos o la seguridad de las personas o los bienes”.

Teniendo en cuenta esta norma, un conductor que se ponga al volante con los ojos cerrados o vendados encaja fácilmente en esa definición y podría enfrentarse a multas, suspensión de licencia y penas que van de multas a prisión según la gravedad y reincidencia. Además, las autoridades podrían considerar el acto como una amenaza directa a la seguridad pública, especialmente si provoca un accidente o pone en riesgo a otros conductores.

En esos casos, la infracción pasaría de ser una simple falta administrativa a un delito grave, con consecuencias penales y posibles antecedentes judiciales. En términos preventivos, las autoridades recomiendan sanciones y campañas de concienciación para reducir accidentes y salvar vidas. El objetivo no es castigar lo obvio, sino recordar que la seguridad vial depende tanto de la atención como del sentido común.