Algunas ONG revelan que España está haciendo la vista gorda ante las actividades ilegales de sus flotas en Senegal y Guinea-Bisáu. Concretamente, ClientEarth y Oceana, han presentado una demanda contra el Gobierno español, alegando que no se ha investigado y sancionado a buques de bandera española sospechosos de pesca ilegal en aguas de África Occidental.

Según publica el medio EuroNews, la demanda, presentada en Madrid, acusa a las autoridades españolas de "descuidar sus obligaciones" en virtud de la legislación de la UE al "ignorar a los buques que han apagado repetidamente sus sistemas de seguimiento mientras operaban frente a las costas de estos países". 

De acuerdo a la información difundida, el desafío legal se encuentra en el uso de Sistemas de Identificación Automática (AIS). Esta tecnología de seguimiento "es obligatoria para todos los barcos de más de 15 metros de eslora y apoya la seguridad y la transparencia en la industria pesquera". 

En este sentido, "un análisis realizado por Global Fishing Watch (organización sin ánimo de lucro) reveló que varios buques de bandera española parecieron apagarse durante períodos prolongados entre 2020 y 2023". "Un barco supuestamente apagó su AIS durante más de un año". 

En declaraciones recogidas por el medio, Nils Courcy, abogado de ClientEarth, asegura que "lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales de identificación pública, permaneciendo oscuros durante períodos tan largos". Estas actividades, dice, podrían estar relacionas con el fraude y "no sólo amenazan a la biodiversidad marina, sino que también socavan las economías y la seguridad alimentaria en una de las regiones más explotadas del mundo".

Por su parte, las autoridades españolas aseguran que estas organizaciones carecen de jurisdicción para actuar contra ciudadanos o empresas que operan fuera de las aguas de la Unión Europea. "La legislación de la UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas participar o apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo", asevera Ignacio Fresco Vanzini, asesor senior de políticas de Oceana. "Si lo hacen, los Estados miembros deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de que estos buques formen parte de listas negras oficiales", agrega.

Sin embargo, muchas empresas españolas establecen empresas conjuntas con locales o cambian el pabellón de los buques a países como Senegal o Guinea-Bisáu, lo que les permite beneficiarse económicamente de las ricas zonas de pesca de África Occidental, eludiendo las sanciones de la UE. "Aunque técnicamente operan bajo las leyes locales, estos barcos siguen siendo propiedad de entidades españolas".

"La costa de África Occidental es una de las zonas de pesca más productivas del mundo, que atrae a flotas de China, Rusia, Corea y la UE", concluye la publicación. "Los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, representan el 73% de la flota industrial de África Occidental". Si ClientEarth y Oceana ganan el caso, las autoridades españolas se verán obligadas a investigar qué está pasando.

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