Una pareja recibe 36.000 euros de subsidio, los vecinos notan los 34 coches y Hacienda llama a la puerta
Fueron sus propios vecinos quienes empezaron a levantar sospechas

Una vida de aparentes carencias, pero con el garaje lleno de deportivos. Así vivía una pareja de Gigean, un pequeño pueblo del sur de Francia, que durante años recibió subsidios por valor de hasta 50.000 euros anuales, mientras acumulaban coches de alta gama, relojes de lujo y hasta una lancha motora.
Entre 2008 y 2013, la pareja recibió decenas de miles de euros en ayudas sociales como el RSA (Ingreso de Solidaridad Activa), APL (ayuda para vivienda) y subsidios familiares. El truco era que él se declaraba con bajos ingresos como techador, y ella simulaba ser madre soltera, cuando en realidad convivían y manejaban un negocio encubierto.
Pero el estilo de vida de ambos no cuadraba con sus ingresos declarados. Según descubrieron los inspectores de la CAF (Caja de Asignaciones Familiares) y de Hacienda, poseían 34 coches de lujo, relojes de colección, equipos electrónicos de alta gama y hasta una lancha valorada en miles de euros.
Sus vecinos lo vieron todo
Fueron los propios vecinos quienes empezaron a levantar sospechas ya que en la puerta de su casa no dejaban de desfilar coches caros, había fiestas llamativas y ostentación constante. Los comerciantes del pueblo también notaron el contraste entre lo que se sabía de la familia y lo que se veía. Eso dio pie a una investigación más profunda.
Las autoridades descubrieron que el verdadero negocio de la pareja era la compraventa de vehículos de alta gama, muchas veces pagados en efectivo o a través de empresas pantalla. Se sospecha incluso que parte de sus operaciones incluían vehículos de origen internacional y documentación falsificada.
Multas, prisión y lecciones para el sistema
Para recibir el máximo de ayudas, la mujer ocultó su relación conyugal y el hombre minimizó sus ingresos, lo que les permitió acceder a un paquete completo de prestaciones. Al mismo tiempo, omitieron cualquier ingreso derivado de sus actividades paralelas.
Durante el juicio se les acusó de fraude agravado y de montaje deliberado para abusar del sistema social. El tribunal ordenó la devolución de las ayudas y la confiscación de todos los bienes obtenidos ilícitamente.
Además del reembolso, la pareja enfrenta posibles penas de prisión y fuertes sanciones económicas. Las autoridades consideran el caso ejemplar para reforzar los mecanismos de control y demostrar que abusar del sistema puede salir muy caro.
