POLÍTICA
14/06/2013 15:27 CEST | Actualizado 14/08/2013 11:12 CEST

El Gobierno ata en corto la diplomacia de las autonomías para que puedan "hacer ambulatorios"

El Gobierno quiere tener en política exterior "una orquesta y no un conjunto de solistas desafinados sin partitura". Con ese objetivo, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, presentó este viernes la ley de reforma de la diplomacia española que pretende atar en corto la actividad diplomática de las comunidades autónomas, muy criticada en el pasado por el Gobierno.

Las autonomías tendrán que comunicar al Gobierno todas las visitas o contactos que mantengan con el exterior, y el Gobierno les trasladará "recomendaciones motivadas" sobre el área en cuestión. Es decir, "los objetivos y prioridades de la política exterior" del Gobierno en la materia que se trate. También se tratará de facilitar la "logística y las visitas".

Margallo explicó que las comunidades también tendrán que informar al Gobierno de cualquier oficina que abran en el exterior. En caso de que lo considere oportuno, el Gobierno ofrecerá a las autonomías "alternativas más baratas y eficientes", como que se integren en las dependencias de la embajada o consulado español. Si aún así las autonomías deciden desmarcarse de la propuesta de Exteriores, el ministerio hará pública la recomendación y la decisión "para que votantes y ciudadanos sepan por qué se ha desechado".

Esa denuncia pública de las autonomías que opten por no integrar sus embajadas en la del Estado tiene su razón de ser para evitar el despilfarro y permitir otros fines para ese dinero, como "hacer más ambulatorios". El objetivo es "aumentar nuestra potencia de fuego sin aumentar el gasto público".

"LA MARCA O ES ESPAÑA O NO ES NADA"

En algunas "facetas, la marca o es España o no es nada", sentenció Margallo. El ministro aseguró haber consultado la reforma con autonomías como Cataluña, País Vasco, Galicia o Valencia y confía en que tiene mucho más "de agradecer que de rechazar".

La ley, la primera de este tipo desde la democracia, está llamada a poner en orden las diferentes estructuras de España en el exterior, dar más protagonismo y poder al embajador como máximo representante y evitar grandes gastos de comunidades autónomas, a las que se le quiere seguir la pista en el extranjero.

El proyecto de ley, aprobado en Consejo de Ministros, pasará ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria.