El Banco de España avisó en 2010 a la CNMV del riesgo de incentivar las preferentes
El Banco de España advirtió en 2010 a la CNMV de que la introducción de nuevos requisitos para la emisión de títulos como las preferentes con el fin de proteger a los inversores minoristas podía tener un efecto contraproducente y llevarles a "un cierto engaño" sobre la seguridad del producto.
La advertencia fue hecha el 21 de mayo de 2010 por el entonces director general de Regulación del supervisor, José María Roldán, en un correo electrónico enviado a la CNMV para darle su opinión sobre la carta que este organismo pretendía remitir al sector financiero actualizando los requisitos "en la verificación de emisiones de renta fija e instrumentos híbridos destinados a minoristas".
Entre las nuevas exigencias figuraba, por ejemplo, que las emisiones contaran con una "entidad de liquidez" que garantizara el cobro de los intereses prometidos a sus clientes y la posibilidad de que vendieran sus títulos para que pudieran recuperar su dinero.
"La existencia de contratos de liquidez, sin duda una buena práctica, puede llevar a un cierto engaño, pues su existencia no implica que de manera automática e irreversible se mejore la protección del inversor minorista en todas las circunstancias", señalaba Roldán en el citado correo electrónico, al que ha tenido acceso Efe.
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El ex director general de Regulación del Banco de España, que abandonó este puesto el pasado mes de septiembre después de doce años en el cargo, añadía que esos contratos "resultan útiles en situaciones normales de los mercados", pero también tener efectos contraproducentes en escenarios distintos.
"En momentos de crisis en los que puede no existir mercado (por distorsiones, por ejemplo, de la liquidez de los mismos) o, si continúan operando, lo hacen en régimen de 'fire sales' -ventas masivas-, los precios a los que cotice la entidad proveedora de la liquidez reflejarán importantes descuentos, pudiendo generar importantes pérdidas para el inversor", continuaba.
"REFLEJADA DE FORMA ADECUADA EN EL FOLLETO"
Roldán añadía que "sería importante que esta posibilidad quedara reflejada de forma adecuada en el folleto, en aras de ofrecer al inversor una información transparente sobre el posible efecto sustantivo que tendría, en su caso, la utilización de la línea de liquidez, ya que el mero anuncio de su existencia en el folleto puede actuar como un incentivo" para la compra de los títulos.
La actualización de los requisitos exigidos por la CNMV obedecía, según explica en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a un proceso iniciado años antes, cuando se observó que las emisiones de preferentes, tradicionalmente destinadas a clientes cualificados, se dirigían cada vez más a minoristas.
Antes de enviar la carta, lo que hizo el 16 de junio de 2010, el supervisor bursátil pidió su opinión a distintos organismos sobre los requisitos que proponía introducir, entre ellos, además de los contratos de liquidez, la presentación previa de un informe de un experto independiente.
Sus propuestas no fueron bien recibidas por ninguno de los consultados, según se desprende de las respuestas recibidas, que también han sido incorporadas a la causa que instruye el juez Andreu.
Así, la Asociación Española de Banca (AEB) expresó sus temores sobre el efecto de los nuevos requisitos: "Nos gustaría hacer una reflexión sobre el momento actual en el que se encuentran los mercados, con dificultades evidentes de liquidez, que nos lleva a plantearnos la oportunidad de introducir nuevos enfoques que podrían dificultar aún más a las entidades el acceso a la misma".
La patronal bancaria llegó a proponer que la actualización de los requisitos se aplazara "hasta que en los mercados se dejen de sentir las consecuencias de la situación económica actual difícil que vivimos, toda vez que un cambio en un momento como el actual de extrema hipersensibilidad puede generar desconfianza o recelo".
También la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) señaló que las propuestas de la CNMV podían "gravar excesivamente" los procesos de emisión de valores de renta fija "hasta hacerlos ineficientes para la mayoría de los posibles emisores".