POLÍTICA
05/03/2014 16:52 CET | Actualizado 05/03/2014 16:56 CET

La Defensora del Pueblo recurrirá por primera vez un decreto del Gobierno a petición de IU

EFE

Por primera vez en toda la legislatura, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recurrirá ante el Tribunal Constitucional un decreto-ley aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Esto ha sido posible gracias a una solicitud realizada por el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, que instó a la Defensora del Pueblo a que recurriera la disposición que permitía a los alcaldes acogerse a los planes de ajuste del Gobierno central sin contar con el Pleno municipal.

En el escrito de Garzón a Becerril, remitido el pasado 16 de diciembre, advertía de un párrafo incluido en la memoria del decreto en el que, según el diputado, se "avisaba del fin último que buscaba el Gobierno con esta norma, sin importarle la legalidad de los medios para lograrlo". El párrafo, según explica IU en un comunicado, es el siguiente:

"El objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades”.

(Pincha aquí para leer el decreto-ley completo)

Según Garzón, que ha valorado "muy positivamente" la decisión de Becerril, el contenido de este decreto "colisiona notoriamente con el funcionamiento democrático de los ayuntamientos y quita al Pleno Municipal su competencia para aprobar los planes de ajuste, con las graves consecuencias que esto tendrá para los vecinos que voten en unas elecciones a sus representantes municipales".

A juicio de Izquierda Unida, este decreto "sienta un precedente político enormemente peligroso" porque "justifica que se puedan romper las reglas del juego democráticas en cualquier ayuntamiento del país con la coartada de que se están poniendo las medidas para hacer frente a las crisis que le gustan al PP".

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En su respuesta a Garzón, a través de una carta de seis folios, Becerril considera que "no puede compartir que el respeto por las reglas procedimentales pueda ser calificado de 'obstáculo'. Es simplemente un ingrediente de la decisión. Si la ley hasta ahora requiere mayoría del Pleno, no es ello propiamente un obstáculo, sino un requisito, sin el cual la decisión no existe o es inválida".

"Tiene razón el solicitante cuando dice que “se ignora” al Pleno Municipal", continúa Becerril en su escrito, en el que añade que "parece como si la mayoría hubiera de ser alcanzada a toda costa". Por ello, la Defensora del Pueblo cree que el decreto-ley impugnado por Izquierda Unida puede vulnerar los artículos 1, 23, 137 y 140 de la Constitución.