Las comunidades del PP vuelven a plantar al Gobierno en la sectorial de menores migrantes
A excepción de Ceuta, los territorios populares han vuelto a no sentarse en la mesa de negociación. Un episodio similar al que ya tuvo lugar en verano.
Otra vez, sí. Todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han vuelto a dar plantón al Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que estaba organizada para este miércoles. A excepción de Ceuta, que si ha decidido presentarse, el resto de territorios han provocado que el encuentro no se produzca por falta de quórum según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia a EFE y que tenía como objetivo y tema principal la reubicación de menores migrantes.
En el orden del día de la Conferencia se incluían tres puntos: uno de ellos relativo a las violencias que sufren las infancias, otro relativo a la implementación del modelo Barnahús, y otro para actualizar la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida para infancia migrante no acompañada. Dado que los tres puntos previstos eran de carácter informativo, seguirán su curso y pasarán por Consejo de Ministros en las próximas semanas.
En ese sentido, la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha marcado su posición afirmando que ha decidido permanecer ausente porque considera la convocatoria de esta reunión "ilegal". "La Comunidad de Madrid no participará en política migratoria temeraria de Pedro Sánchez", ha asegurado acerca de la reubicación de menores migrantes.
Se trata de un episodio similar al que ya sucedió el 17 de agosto de 2025 donde las regiones gobernadas por el Partido Popular decidieron no personarse en la reunión en la que se determinaría el futuro de unos 3.900 niños y adolescentes extranjeros que residen en la actualidad en Canarias, Ceuta o Melilla. Los argumentos, por si había alguna duda, eran los mismos entonces y ahora. La reubicación de los menores sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza de los Ejecutivos españoles que, habitualmente, encuentra su mayor escoyo en los territorios populares.
La noticia ha llegado después de que la Comunidad de Madrid anunciara que dejaría de acoger menores migrantes e, incluso, acusaba al Gobierno de "separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades" en dichas reubicaciones.
El Gobierno anunció en marzo que el Consejo de Ministros pondrá encima de la mesa una modificación legislativa del Real Decreto-Ley 2/2025, que fija un mecanismo obligatorio de reubicación de menores en casos de "contingencia migratoria extraordinaria". Haciendo así que sea efectiva la prórroga hasta agosto de 2027.
El documento de 2025 refleja "la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar". Hasta finales del mes de febrero de 2026, más de mil menores ya han sido reubicados desde la zona de mayor presión migratoria —Canarias, Ceuta y Melilla—.
Sin embargo, y con este nuevo impedimento de las comunidades del Partido Popular, la situación de miles de menores vuelve a colocarse en el filo que produce que Gobierno central y administraciones autonómicas no se pongan de acuerdo.
