Condenada a dos años la cúpula de Novacaixagalicia por cobrar prejubilaciones millonarias
Se librarán de ir a prisión, pero no de pagar lo que se llevaron de forma irregular. La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia (NCG), entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascienden a 14 millones, que deberán restituir íntegramente al fondo de rescate español, el FROB. Es decir, contó con ayuda de todos los contribuyentes para estipendios que nada tenían que ver con salvar la entidad.
Además de Gayoso, han sido condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, por los que la Fiscalía Anticorrupción pidió 3 años de cárcel.
Según explican los magistrados, Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova, de la que procedían tres de los acusados, y Caixagalicia, que dirigió Fernández Gayoso, valía 181 millones pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 por los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron en 2010.
Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, que "posibilitó" que la entidad "subsistiera gracias al dinero público inyectado", que fue de un total de 9.052 millones.
Precisamente, la sala considera que el fondo ha sido el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminan que los condenados restituyan las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a Novacaixagalicia, que así lo reclamó en el juicio que culminó el pasado julio, en la que ejercía como acusación particular.
En concreto, Pego deberá devolver más de 8,5 millones; Gorriarán, más de cinco y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros.
Al principio, también estuvo acusado el ex director general adjunto Javier García de Paredes, que percibió 5,6 millones, pero queda absuelto ya que en la vista, Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones porque intentó devolver el 40 % de su indemnización, pero el comienzo de esta investigación lo impidió.
SABÍAN LO QUE HACÍAN
La Audiencia Nacional argumenta a lo largo de 188 folios que, pese a que eran conscientes de la mala situación de las entidades de las que procedían, ello no les impidió mejorar "intencionadamente" sus contratos para el caso "más que probable, por razonable", de que iban a salir de la nueva entidad "dada su gestión anterior", como de hecho ocurrió pocos días después del nacimiento de NCG.
Todo ello fue posible con la "ayuda inestimable" de Fernández Gayoso y el abogado que asesoró en la elaboración de los contratos, que actuaron como cooperadores necesarios para que "se obviara" la legislación aplicable a la remuneración de altos directivos en entidades nacionalizadas, "ignorando deliberadamente" las limitaciones que fija.
Y es que estos dos condenados impulsaron que la Comisión de Retribuciones y el Consejo de Administración dieran su visto bueno "con toda urgencia, moviendo la voluntad de los componentes de ambos organismos".
Ello fue posible porque usaron la "coartada" de la creación del nuevo banco y "ocultaron" a estos dos órganos que los nuevos contratos, "celebrados sin necesidad alguna", no suponían una convalidación de los anteriores, tal y como defendieron, sino que en verdad "introducían nuevas estipulaciones que suponían un mayor coste para le entidad".
De la misma forma, su alegación de que se había informado ampliamente al Banco de España "no era veraz", pues el supervisor tuvo conocimiento "con mucha posterioridad" de esos acuerdos.
En suma, los cinco "realizaron una conducta que, rompiendo el vínculo de lealtad" que les unía con la sociedad, le causaron por el contrario un perjuicio patrimonial, "abusando de las funciones propias de sus cargos ante la probabilidad más que razonable" de que el nuevo equipo de NCG no contara con ellos.
La sentencia, que es recurrible, les impone también el pago de una multa de diez meses con una cuota diaria de 250 euros y a una inhabilitación especial durante el tiempo que dure la condena para el empleo que desempeñaban cuando perpetraron estos delitos.
