Mas acusa al Gobierno de querer convertir en un "aquelarre" un 9N "democrático y cívico"

Mas acusa al Gobierno de querer convertir en un "aquelarre" un 9N "democrático y cívico"

Huffington

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9N de 2014, que ha calificado de acto democrático y cívico.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa en la sede de PDECat, el mismo día en que la Fiscalía ha pedido en su escrito de acusación inhabilitarle durante diez años, y durante nueve años a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación por la organización del 9N.

Junto a ellas dos en la rueda de prensa, Mas ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.

"Conocemos la pena de la fiscalía", ha dicho Mas, "pues han ido a por la máxima de todas las que ponían". Además, ha añadido que "viendo como funcionan las cosas en el Estado español", parece que "a algunos del Gobierno, una democracia les provoca urticaria". Ha insistido también en que el 9N fue un "hecho democrático" que al Gobierno español "le provoca una urticaria impresionante".

Ha cuestionado la autoridad de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, para decir que "la ley se aplica para todos y cuando uno la incumple tiene consecuencias". Según Mas, cuando hay separación de poderes "un gobernante no puede decir públicamente que alguien incumple la ley a no ser que haya sentencia". "Les traiciona el subconsciente, se expresan como la gente en época de Franco", ha añadido sobre el Gobierno del Partido Popular.

También ha reiterado que "el 9N venía de la gente, de grandes manifestaciones en la calle" y que hubo "un rotundo resultado a favor del derecho a decidir". Defiende que la consulta tiene "una base democrática y cívica".