POLÍTICA
01/03/2018 13:07 CET | Actualizado 23/08/2018 19:21 CEST

El Gobierno dice que no saca a las víctimas del Valle de los Caídos porque es muy caro

Rechaza tramitar en el Congreso una propuesta del PSOE para reformar la Ley de Memoria Histórica.

EFE

El Gobierno ha comunicado al Congreso su oposición a la tramitación parlamentaria de la proposición del PSOE de reforma de la ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, propone exhumar del Valle de los Caídos los restos de las más de 33.000 víctimas del franquismo que allí se encuentran así como las del propio Franco, y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria.

La Constitución otorga al Gobierno la prerrogativa de vetar aquellas iniciativas legislativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.

En este caso, fuentes del Ejecutivo han detallado a EFE que el coste económico de la propuesta podría alcanzar los 214 millones de euros, en gran medida por la creación de un Banco Nacional de ADN para la identificación de víctimas y por la ampliación de las prestaciones e indemnizaciones para represaliados y presos del franquismo.

El coste no puede asumirse

Fuentes del Gobierno han remarcado que la iniciativa acarrearía un alto coste económico que no puede asumirse sin modificar unos presupuestos generales del Estado que, de momento, se encuentran prorrogados.

Sobre el Valle de los Caídos, el texto rechazado por el Gobierno señala que deberá reconvertirse en un Centro Nacional de la Memoria, impulsor de la cultura de la reconciliación, la memoria colectiva democrática y la dignificación y reconocimiento de las víctimas.

La iniciativa prohíbe expresamente su utilización como mausoleo de Francisco Franco, cuyos restos propone sacar del recinto.

Para la tumba de José Antonio Primo de Rivera, víctima también de la Guerra Civil, la proposición del PSOE pide que se traslade a un lugar no preeminente de la cripta o al que designe su familia.

Nuevo impulso a la ley de Memoria Histórica

Con esa proposición de ley, el PSOE pretendía dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica aprobada hace diez años por el Gobierno de Zapatero, al constatar que 'muchas' de las políticas dispuestas en ella "no se han cumplido en la forma y alcance" que había previsto el legislador.

En especial, el PSOE detallaba las medidas dirigidas a localizar e identificar a los desaparecidos y a retirar los símbolos de exaltación franquista.

La iniciativa que, de momento, no seguirá su tramitación parlamentaria, incluía también la creación de una Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es "contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos" cometidas durante la Guerra Civil Española y la dictadura.

El perdón del Estado a las víctimas

Esa comisión elaboraría un informe final que entregaría para su aprobación a las Cortes y al Gobierno de España y a las instituciones competentes para el cumplimiento de sus recomendaciones.

Entre otras medidas de reparación, el texto señala que se convocará un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares, como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral.

Por último, la proposición de ley pide modificar también el Código Penal para introducir nuevos tipos para castigar las manifestaciones de odio contra las víctimas y el enaltecimiento del franquismo, al tiempo que reclama la necesidad de ilegalizar asociaciones y fundaciones que, con la justificación de fines sociales, realizan actos de "exaltación franquista".

Hoy mismo, miembros de la Ejecutiva del PSOE han visitado el Valle de los Caídos para defender su reforma de la Ley de Memoria Histórica y demandar que ese conjunto monumental deje ser un lugar de 'memoria franquista y nacional-católica' y se transforme en un Centro Nacional de la Memoria.

En esa visita, el secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, mostró su confianza en que el Gobierno del PP tuviera la "catadura democrática suficiente" para no vetar la reforma propuesta por su partido.

Será ahora la Mesa del Congreso la que deberá decidir en una próxima reunión si acepta los argumentos del Gobierno para vetar la iniciativa o si por el contrario los rechaza y sigue adelante con su tramitación parlamentaria.

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