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09/02/2015 07:17 CET | Actualizado 10/04/2015 11:12 CEST

Que sí, que muchas de las mejores universidades americanas son públicas

university of california berkeleyNo puede tratarse a un profesor universitario como si fuera un funcionario público cualquiera y poner cortapisas para que desarrolle otras labores de corte profesional. En este sentido, la ley de incompatibilidades española es propia de una mentalidad estatalista que se opone frontalmente a los desafíos de la universidad actual.

Al hilo del caso Monedero (véanse los comentarios a mi última entrada de blog), uno de los vicios más comunes en España es suponer que por desarrollar la función pública hay que renunciar a los sistemas de incentivos o someterse a reglas diferentes de las del resto de la sociedad. Según esta concepción estatalista, si uno trabaja para la universidad pública, uno no puede tener otros trabajos en la empresa privada aunque reporten un beneficio para la sociedad. O lo uno o lo otro, no sin pedir permiso, se dice.

Si se arguye que en las mejores universidades del mundo, muchas de las cuáles se encuentran en Estados Unidos, eso no sucede así sino más bien al contrario ya que se incentiva a los docentes a utilizar sus conocimientos en el llamado "mundo real", entonces muchos dicen que eso sucede porque las universidades americanas que lo hacen son privadas.

Nada más lejos de la realidad. Basta echar una ojeada al ranking mundial de universidades de la Universidad de Shanghai, que no es la biblia pero quizás sea la referencia más seria que tenemos hasta el momento y la que, nos guste o no, todo el mundo sigue. Siete universidades públicas de Estados Unidos con capacidades altamente investigadoras se encuentran entre las 25 más importantes del mundo. En concreto, son la Universidad de California en Berkeley (4), la Universidad de California en Los Angeles (12), la Universidad de California en San Diego (14), la Universidad de Washington (posición), la Universidad de California en San Francisco (18), la Universidad de Michigan en Ann Arbor (22) y la Universidad de Wisconsin en Madison (24).

Los mejores estudiantes se benefician de la existencia de estas universidades públicas de élite. Por poner un ejemplo, un estudiante residente en Seattle puede estudiar en una de las mejores universidades del mundo por aproximadamente 8.000 euros al año que podrá pagar en préstamos estatales a bajo interés en función de sus ingresos futuros. ¿Que todavía suena caro? Depende de lo que uno obtenga a cambio. No si es una educación de gran calidad.

¿Cómo se consigue una universidad pública tan potente (y asequible para el nivel de calidad que tiene)?

Entre otras cosas, atrayendo el mejor talento del mundo gracias a la inexistencia de barreras en la contratación y a que estas instituciones ofrecen altos salarios y excelentes condiciones laborales. Ese talento recala en ellas porque es capaz de traer fondos del sector privado gracias al talento mismo. Y no nos engañemos, el dinero sigue siendo y será un importante factor de motivación.

Gran parte del atractivo de la universidad pública norteamericana para los mejores investigadores es que los salarios se negocian individualmente, que si uno lidera una iniciativa exitosa y beneficiosa para la universidad logra aumentos salariales importantes, y que la universidad no pone cortapisas a realizar labores de consultoría en la empresa privada.

Por eso, gente de todo el mundo realiza estudios de posgrado en los Estados Unidos y luego quieren quedarse. Sigue chocándome que, en un entorno global, las facultades españolas reflejen tan poco los cambios demográficos y de movilidad que han tenido lugar en los últimos 20 años.

La homogeneidad del profesorado en los departamentos de la universidad española es brutal, habiendo una mayoría abrumadora nacido en el país, la región o la provincia de turno.

No puede tratarse a un profesor universitario como si fuera un funcionario público cualquiera y poner cortapisas para que desarrolle otras labores de corte profesional. En este sentido, la ley de incompatibilidades española es propia de una mentalidad estatalista que se opone frontalmente a los desafíos de la universidad actual.

Las leyes están para cumplirlas, pero también para cambiarlas cuando se han quedado obsoletas.