El Senado de Estados Unidos prolongó la noche de este domingo el debate del polémico presupuesto del presidente, Donald Trump, llamado el "grande y hermoso proyecto de ley", con la expectativa de votar el lunes, como más temprano, el plan, que costaría más de 3 billones de dólares a la deuda pública.

Los republicanos expresaron a los medios que a las 9:00 hora local del lunes (seis horas más en Madrid) comenzaría el vote-a-rama, proceso en el que los legisladores presentan enmiendas a la iniciativa, que contiene elementos clave de la agenda de Trump, como recortes de impuestos y gasto público, y mayores fondos para defensa y control migratorio.

Aún es incierto que todos los 53 senadores del partido de Trump apoyen el proyecto, pues añadiría 3,3 billones de dólares a la deuda pública dentro de 10 años, estimó ahora la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un cálculo mayor a los 2,4 billones de dólares de la versión que aprobó el 22 de mayo la Cámara Baja.

Otros legisladores cuestionan los recortes a programas sociales como Medicaid o los cupones de comida porque el CBO prevé que 12 millones de personas pierdan su seguro médico para 2034 con la iniciativa, que recortaría 1,1 billones de dólares en políticas de salud pública.

Estas son las claves de un texto que trae de cabeza a todo un país, ese que tan poco gustó al hombre más rico del mundo, Elon Musk, hasta el punto de dejar el Gobierno por ello. 

El plan 

La idea de Donald Trump es que esta iniciativa prorrogue los recortes presupuestarios a las empresas que impulsó en su primer mandato e incluya otros nuevos; implemente requisitos para acceder a programas sociales y a créditos estudiantiles; retire incentivos a inversiones que promuevan la lucha contra el cambio climático y destine multimillonarios fondos a la seguridad fronteriza.

Una ambiciosa agenda que, según la no partidista Oficina Presupuestaria del Congreso, aumentaría la deuda del país en 2,4 billones de dólares en la próxima década, una deuda que ya supera los 36 billones de dólares.

Según Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, la peor consecuencia del “Gran y hermoso” proyecto de ley es, precisamente, la profundización de esta deuda, pues “a pesar de que Estados Unidos se puede dar el lujo de tener un déficit más grande que otros países, porque tiene el dólar, lo que (esta ley) hace es debilitar el dólar, lo cual incluso puede impactar la economía mundial”.

El punto fuerte

El punto fuerte del proyecto de ley es que prorroga las rebajas fiscales que Trump impulsó en su primer mandato. En diciembre de 2017, el presidente estadounidense promulgó la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos, la mayor reforma fiscal en Estados Unidos desde la era Reagan.

La legislación redujo drásticamente la tasa impositiva a las empresas del 35% al 21% y modificó el sistema tributario individual, reduciendo las tasas.

Ahora, el actual proyecto de ley incluye una exención fiscal específica para adultos mayores beneficiarios del Seguro Social, es decir, los jubilados. Concretamente, establece una deducción de 4.000 dólares para las personas mayores de 65 años con el fin de disminuir el porcentaje que se les deduce por concepto de impuestos.

Además, aumenta el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus cifras en inglés) para los hogares de ingresos medios, incluyendo medidas como un impuesto del 3,5 por ciento sobre las remesas y un mayor escrutinio de las organizaciones sin ánimo de lucro.

Kevin Chavous, integrante del Comité Nacional Demócrata, advierte en France 24 que “este proyecto aumenta las oportunidades para el 5% de los estadounidenses más privilegiados al bajar los impuestos que deben, mientras reduce los ingresos para los estadounidenses más pobres al cortar dramáticamente los subsidios alimentarios y Medicaid”.

Adicionalmente, el "Gran y hermoso proyecto de ley" cumple una de las principales promesas de la campaña de 2024: la eliminación de los impuestos a las propinas y a las horas extra.

También propone otorgar 1.000 dólares para los bebés que nazcan entre 2025 y 2029. Esa era una medida de la que Trump denigraba cuando era una propuesta demócrata, pero que ahora abraza.

Los presupuestos 

En Estados Unidos, hasta ahora, el trámite de presupuesto en el Congreso se dividía en 12 subcomités que redactaban un proyecto de ley para cada sector. Estos procedimientos daban espacio a negociaciones entre los legisladores, pero también a la eterna disputa entre republicanos y demócratas, que dejaba frecuentemente al país al borde del ‘shutdown’ ante la falta de consenso sobre el financiamiento antes de que inicie el año fiscal.

La parálisis del Gobierno implica que las agencias federales dejan de operar y su sombra constante ha dañado la reputación de los congresistas, que utilizan estos pactos para avanzar en sus propias agendas. Según Gallup, en mayo de 2025, solamente el 26% de los ciudadanos aprobaba la gestión del Congreso.

Una ley ómnibus es un instrumento legislativo que permite incluir varias reformas en distintos aspectos del Gobierno en un único texto para facilitar y agilizar su trámite, pasando por alto las discusiones individuales de cada una de las iniciativas que contiene y el “Gran y hermoso” proyecto de ley de Trump es uno en su forma más pura.

Según explica a France 24 Heidi Smith, doctora en Asuntos Públicos de la Universidad Internacional de Florida, “lo que han hecho los republicanos es simplificar esa estructura de subcomités hacia un presupuesto completo con ingresos y gastos. En este momento el presidente es republicano, el Congreso es republicano y la mayoría de los estados están gobernados por republicanos, entonces, tenemos una trifecta para la posibilidad de reformar”.

Freno al poder judicial 

La Regla Federal de Procedimiento Civil estadounidense establece que los jueces deben pedir a la parte que interpone una demanda que deposite dinero como garantía para cubrir los costos si la orden judicial resulta injustificada. Los jueces federales frecuentemente renuncian a este requisito, especialmente en demandas al Gobierno por acciones inconstitucionales.

El “Gran y hermoso” proyecto de ley incluye la Sección 70302, una cláusula poco conocida que estipula que si un juez emite una orden -incluso si es temporal- sin exigir al demandante que deposite esta fianza de seguridad, el tribunal no puede utilizar fondos federales para declarar en desacato a quienes la desobedezcan.

Exigir un pago por adelantado en esos casos dificultaría que la gente común o los grupos defensores de los derechos civiles puedan bloquear acciones ejecutivas de la Casa Blanca.

“Es una sección escondida dentro del presupuesto y básicamente es una medida para anular el poder de las cortes de declarar al Gobierno, o a las entidades que no cumplan con las órdenes judiciales, en desacato. Las cortes no tienen soldados ni policías, solamente el poder de desacato y si le quitan el poder de usar fondos federales para poder declarar desacato y obligan a los demandantes -que casi siempre son entidades pobres- a dar una fianza, básicamente le están quitando el poder a la corte de hacer cumplir sus órdenes”, explica a France 24 el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.

Como antecedente, el juez James Boasberg consideró en abril que el Gobierno de Trump pudo incurrir en desacato al haber ignorado “deliberadamente” su orden que prohibía deportar personas de manera expedita con el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros.

Consecuencias internacionales

El Artículo 899 establece un “Impuesto de venganza” de hasta el 20% a las empresas de países que impongan impuestos que la Administración considere “discriminatorios” hacia las compañías estadounidenses.

“Le van a poner un impuesto a las ganancias que tengan los otros países que invierten (en Estados Unidos), les van a cobrar un impuesto sobre las ganancias o sobre los bonos, lo cual en la última instancia sería terrible para las empresas internacionales, que dejarán de invertir en Estados Unidos. Esto es lo contrario a atraer a la inversión”, dice Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental.

Y es allí donde también está el núcleo de los cambios que desea implementar el presidente Trump: cambiar la principal fuente de ingresos del Gobierno -los impuestos- sin recortar demasiado los programas sociales para equilibrar.

Y al tiempo, el mandatario está tratando de consolidar un sistema en el que la financiación del país provenga de otros países. La doctora Asuntos Públicos de la Universidad Internacional de Florida, Heidi Smith, agrega a la conversación que “la idea es equilibrar el presupuesto con ingresos externos. Pero (esto) está pasando al mismo tiempo que tienen lugar las negociaciones con diferentes países. Entonces, lo quieren hacer inmediato y no dejan suficiente tiempo para entender la lógica presupuestal”.

Para cumplir la meta del presidente, de un Estados Unidos financiado por los demás países, debería proyectarse la imagen de socio confiable. Sin embargo, esta imagen se ha deteriorado debido a la forma en la que Trump ha roto filas con las naciones que tradicionalmente habían sido sus aliadas.

Defensa e inmigración

La iniciativa también propone ampliar el presupuesto de Defensa en 150 mil millones de dólares con el foco puesto en cumplir la promesa de campaña de llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia, que hasta el momento permanece esquiva, y "blindar" las fronteras.

Este dinero se dividiría en varios frentes, que van desde la modernización de las instalaciones y equipos militares (incluido el uso de nuevas tecnologías, con más de 4.500 millones de dólares destinados a la implementación de Inteligencia artificial para tareas de vigilancia); la continuación de la construcción del muro fronterizo (con 46.500 millones de dólares para este fin) y más de 4.000 millones de dólares para la contratación de más de 10.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés) y 3.000 de la Patrulla Fronteriza.

Así mismo, incluye alrededor de 24.000 millones de dólares destinados a la construcción de la Cúpula Dorada -un sistema de satélites con tecnología antimisiles inspirada en la Cúpula de Hierro de Israel- para el cual ya el presidente Trump anunció que necesitaría el apoyo de Canadá debido a que tendría que cubrir 400 veces más territorio. El mandatario prometió que estaría construido en tres años, antes de que finalice su mandato.

Estados Unidos ya es el país que más invierte en defensa en el mundo, con 997.000 millones de dólares invertidos en 2024, según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Con este nuevo presupuesto, seguiría estando muy por encima de China, que invirtió en el mismo año 314.000 millones de dólares.