Las recientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, tras el anuncio del Gobierno de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a productos europeos, han generado preocupación en sectores estratégicos. Entre ellos, el de los servicios aéreos de emergencia, que temen una posible escalada de la batalla comercial que encarezca ciertos productos necesarios para su sector. 

Aunque no se ha anunciado formalmente una repuesta de aranceles por parte de la UE en "represalia", la posibilidad de que esto ocurra ha activado las alarmas en ATAIRE (Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias), que advierte de las graves consecuencias que tendría una medida así sobre los servicios públicos que prestan sus empresas asociadas, fundamentales en cuestiones como incendios o salvamento y rescate de personas. 

Las compañías que integran ATAIRE prestan servicios vitales a la ciudadanía: transporte urgente de pacientes, salvamento en mar y montaña, extinción de incendios forestales, apoyo a brigadas, y otras colaboraciones con organismos públicos como Tráfico o Aduanas. Estos servicios, contratados principalmente por Administraciones públicas, se desarrollan en el marco de contratos rígidos que, por ley, no permiten revisar precios con facilidad.

El sector depende en gran parte de componentes y aeronaves de origen estadounidense. De hecho, cerca del 50% de los repuestos necesarios para el mantenimiento de helicópteros y aviones provienen de Estados Unidos. Un arancel del 20% dispararía los costes, generando un impacto económico estimado en entre 7 y 10 millones de euros anuales, en un mercado que mueve unos 350 millones.

Además del sobrecoste, preocupa la burocracia adicional que supondrían los aranceles, con posibles retrasos en la recepción de materiales clave, lo que podría poner en pausa operaciones esenciales. El mayor obstáculo está en la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación, que impiden actualizar los precios en contratos ya adjudicados. 

La mayoría de estos acuerdos tienen una duración de hasta cinco años, durante los cuales las empresas estarían obligadas a asumir un aumento de costes imprevisto y ajeno a su control, poniendo en peligro su viabilidad económica. Desde ATAIRE advierten que, de producirse estos aranceles y no modificarse la normativa actual, las empresas se verían obligadas a operar con importantes pérdidas.

¿Están en peligro las campañas contra incendios?

Por el momento, las campañas ya adjudicadas para la temporada de incendios del verano no corren peligro de paralización, ya que las empresas se han comprometido a mantener el servicio por responsabilidad social. Sin embargo, advierten que esta situación no es sostenible en el tiempo.

El sector ha tenido que soportar en los últimos años múltiples crisis: el aumento del precio del combustible, la guerra en Ucrania, la pandemia, la inflación de los costes logísticos… Un nuevo golpe —como serían los aranceles— podría colapsar la estructura económica de muchas empresas. 

El HuffPost ha contactado con ATAIRE, que ha explicado el impacto que este posible escenario podría tener en las compañías del sector y ha propuesto algunas medidas que se podrían llevar a cabo para paliar esta problemática en el caso de que finalmente se materialice.

Antes de nada, ¿qué labores realiza vuestra asociación?

Las compañías asociadas a ATAIRE se dedican principalmente a servicios de emergencias aéreas. Son servicios a la sociedad y a la ciudadanía como pueden ser, principalmente, el transporte urgente de enfermos y accidentados, el salvamento y rescate en mar y montaña, la extinción de incendios forestales, colaborando tanto en el lanzamiento de agua como en el transporte de las brigadas forestales y también prestamos nuestros servicios para otras actividades de carácter público como pueden ser Aduanas, Tráfico, etc. Nuestro valor añadido es que prestamos servicios públicos de protección de las personas y el medio ambiente. En la esfera privada, realizamos todo tipo de servicios con medios aéreos, como pueden ser, entre otras, las instalaciones y revisión de líneas eléctricas, filmaciones, cargas externas.

¿Qué impacto podría tener la imposición de aranceles a productos de USA en vuestro sector? ¿Se ha cuantificado el posible sobrecoste que implicaría un arancel del 20% sobre repuestos y aeronaves importadas desde Estados Unidos?

Del orden del 50%, de los repuestos necesarios para el mantenimiento de las aeronaves, tanto helicópteros como aviones, proceden de EEUU, por lo cual el impacto es muy importante, máxime teniendo en cuenta el gran peso del mantenimiento en la cuenta de resultados de las compañías, dados los requisitos impuestos por las autoridades aeronáuticas en esta materia por motivos de seguridad operacional.

El coste aproximado del mantenimiento de un helicóptero supone aproximadamente el 20% de la facturación de estos servicios a lo cual habría que añadir el coste en la adquisición de aeronaves de origen estadounidense. En un mercado que mueve del orden de 350 millones de euros anuales, estaríamos hablando de un impacto que se sitúa entre 7 y 10 millones de euros anuales, en caso de que se aplicara un arancel del 20%.

Y a esto habría que añadir la burocracia que se pueda generar en la importación, por la aplicación de los aranceles, y que supondría retrasos en la recepción de los materiales, pudiendo provocar inactividades en los distintos servicios.

¿Cómo se verían afectados los servicios públicos? ¿Está en riesgo la operatividad de las campañas de verano de lucha contra incendios si no se resuelve pronto este problema?

El 90% de nuestros contratos son contratos públicos con las distintas Administraciones, central y autonómica, y por aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público no hay, por norma general, posibilidad de actualización de los precios por los cuales se ha adjudicado el contrato, que tienen una duración habitual de 4 años.

Esto nos llevaría a trabajar en pérdidas, lo cual no se puede mantener en el tiempo y la única solución es que se produzcan actualizaciones por parte de las Administraciones Públicas de los precios de los contratos, si bien hasta ahora están siendo muy reticentes a tomar medidas de este tipo. Además, los aranceles establecidos por USA vienen a unirse a otras situaciones que han afectado al sector como han sido el aumento del precio de combustible, la guerra de Ucrania, la pandemia y el aumento de los costes logísticos.

En lo que se refiere a la operatividad de las campañas, actualmente ya contratadas, no estaríamos en riesgo de paralización de las mismas ya que las empresas seguirán prestando los servicios, aunque tengan perdidas, ya que somos muy conscientes de que es un servicio público y estamos comprometidos con su cobertura, pero lo que sí es una realidad es que desde las AAPP, se debería tomar conciencia de la situación e instrumentar los mecanismos necesarios para mantener el equilibrio de los contratos.

¿Qué garantías podría ofrecer el Gobierno para que futuras licitaciones reflejen de forma realista el aumento de costes en el sector?

Lo más lógico sería permitir la actualización de los contratos estableciendo referencias a algún índice que se acuerde, podría ser el IPC u otro cualquiera. En nuestro sector el IPC es superior al 15% anualmente ya que tanto fabricantes de aeronaves como de repuestos, aplican subidas que no se sujetan a ninguno de dichos índices y si se rigen por puros criterios de mercado. Ha habido aeronaves que, en menos de 10 años, han aumentado su coste de adquisición en más de una 250% y en esa línea, o similar, los repuestos y tareas de mantenimiento.

Es absolutamente necesario que desde el Gobierno central y las comunidades autónomas se conozca esta situación y se produzca algún cambio legislativo en este sentido. Si no la situación se tornará insostenible y las compañías no tendrán más remedio que acudir a otros países con mejores condiciones de contratación lo que perjudicaría a los servicios prestados en España.

¿Qué propuestas realiza vuestra organización como solución?

Como hemos dicho anteriormente entendemos que se debe de modificar la LCSP, en el sentido de permitir la actualización de los precios durante la duración del contrato, ya que no es viable tener que asumir en contratos de duración de hasta 5 años, las subidas provocadas por crisis y decisiones difícilmente previsibles, incluso a veces provocadas por las propias autoridades europeas o nacionales, cómo son todas las que hemos mencionado anteriormente.

Desde ATAIRE hemos venido planteando diversas cuestiones que entendemos mejorarían el servicio y asegurarían su continuidad en condiciones óptimas, como pueden ser los siguientes: Desarrollar modelos de contratación que permitan los reequilibrios económicos financieros. La revisión de los modelos de costes para adaptarlos a los niveles de inversión y costes operativos actuales y computar la necesaria revisión de las compensaciones de los profesionales del sector para que resulte atrayente en las nuevas circunstancias y compense la pérdida de poder adquisitivo que se ha venido produciendo entre los profesionales del sector. 

Periodos de contratación más largos, adaptados a las nuevas temporadas mucho más extensas, en el caso de la extinción de incendios, que podrían completarse con nuevas actividades ligadas a la prevención. Planificación adecuada de los periodos de disponibilidad de aeronaves y tripulaciones correspondientes. Las aeronaves de emergencias por su complejidad y los estrictos requerimientos de seguridad y mantenimiento a los que están sujetos, exigen de plazos de respuesta más extensos, que impiden la disponibilidad intermitente o las notificaciones de disponibilidad de muy corto plazo.

Revisión del modelo vigente de horas incluidas, que no es acorde a una nueva realidad con temporadas en que el número de horas voladas por aeronave es muy superior al histórico, lo que exige un reequilibrio y actualización de la compensación por disponibilidad y la compensación por horas voladas. La revisión del modelo de penalizaciones a una nueva realidad de operaciones mucho más intensiva en horas y, por tanto, en mantenimiento correctivo y preventivo.

Y modelos de contratación y políticas que promuevan de verdad la innovación a largo plazo, es decir, que no terminen por realizarse en detrimento de la viabilidad de las empresas del sector con listas interminables de requerimientos técnicos, que se replican de un lugar a otro como si no tuvieran coste de implantación.