Caña a los bancos en Italia: una tasa del 40% sobre los beneficios extraordinarios

Caña a los bancos en Italia: una tasa del 40% sobre los beneficios extraordinarios

El nuevo gravamen, aprobado por Meloni por sorpresa, estará vigente este año. La recaudación se destinará a ayudar a hipotecados y rebajar impuestos ciudadanos.

Giorgia Meloni y Matteo Salvini se ríen mientras conversar en el parlamento italiano, en un pleno del pasado marzo.Andrew Medichini / AP

El Gobierno italiano presidido por la ultraderechista Giorgia Meloni ha aprobado la creación de un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos, limitado a los años 2022 y 2023 y que no superará el 25% del patrimonio neto, y cuya recaudación se destinará íntegramente a "apoyar la compra de hipotecas y a los recortes fiscales".

"Es una medida congruente e irá a alimentar las rebajas fiscales y a apoyar las hipotecas" porque "no estamos hablando de unos puñados de millones, sino de miles de millones", aseguró este lunes el vicepresidente y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, del partido ultraderechista Liga.

La nueva tasa ha sido incluida por sorpresa en el último decreto aprobado por el Ejecutivo de Meloni antes de las vacaciones veraniegas, ya que no figuraba en el borrador publicado por los medios italianos en los días previos a su aprobación. Según la norma, se activará si el margen de intereses registrado en 2022 "supera el valor del ejercicio 2021 en al menos un 3%", un porcentaje se eleva al 6% si se compara 2023 con el año anterior.

El impuesto extraordinario instituido para 2023 tiene un tipo del 40%, pero el importe, en cualquier caso, no podrá superar una proporción igual al 25% del valor de los activos netos al final del ejercicio precedente al que esté en curso el 1 de enero de 2023.

Además, no es deducible a efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto regional sobre actividades económicas.

"Se trata de una norma de igualdad social", dijo Salvini al término del Consejo de Ministros sobre la medida con la que el Gobierno espera recaudar más de 2.000 millones de euros para "alimentar" los próximos Presupuestos Generales, según algunos medios.

El ministro dijo que "toda la recaudación se destinará a dos partidas: ayudas a las hipotecas de primera vivienda y rebajas fiscales", al explicar que "la subida de tipos del BCE ha provocado un aumento del coste del dinero para los hogares y las empresas. No ha habido una subida igual de diligente, rápida e importante para los consumidores".

"Así que en esta brecha habrá un gravamen del 40% sobre los multimillonarios beneficios extra de los bancos. No vamos a entrar en las cifras, pero basta con ver los beneficios del primer semestre de los bancos para 2023 para darse cuenta de que no estamos hablando de unos cuantos puñados de millones, sino que se pueden suponer unos cuantos miles de millones", añadió.

En el decreto se aprobaron otras medidas, como el aumento de las licencias de taxis, el freno al aumento del encarecimiento de los vuelos y la renuncia al tope salarial de 240.000 euros para la empresa encargada de construir el puente de Mesina, que unirá la península italiana con la isla de Sicilia. 

Tras los pasos de España

Meloni sigue los pasos de España, donde el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, impulsó una medida similar. En el caso de nuestro país, la tasa grava con un 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas del negocio bancario en España, lo que el Ejecutivo considera beneficios extraordinarios por la subida de los tipos de interés, en los bancos con una facturación superior a 800 millones en 2019. 

En el caso de las energéticas, que también se incluyen en la medida, el impuesto afecta a las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones en 2019, y grava las ventas con un tipo del 1,2 % salvo los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

La idea del Gobierno es usar el dinero que recaude con estos nuevos impuestos para cubrir parte del coste de las medidas sociales impulsadas para ayudar a las familias más vulnerables ante el alza de la inflación y el encarecimiento del coste de la vida. 

Tanto los bancos como las energéticas han cargado públicamente contra el impuesto y lo han recurrido judicialmente, pero el momento no les ha quedado otra que pagarlo y cargarlo íntegramente en las cuentas del primer trimestre de este año. La idea es lograr más de 2.900 millones de euros en 2023.