POLÍTICA
03/11/2020 08:30 CET | Actualizado 03/11/2020 18:02 CET

Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina Sofía y a varios de sus familiares

La Justicia indaga en gastos de tarjetas de crédito vinculadas, supuestamente, a cuentas extranjeras de las que no son titulares.

ASSOCIATED PRESS
El rey Juan Carlos y la reina Sofía, en 2019, en el funeral de Juan de Luxemburgo.

Una nueva investigación judicial se cierne sobre Juan Carlos I, en el foco por recibir supuestas comisiones procedentes de Arabia Saudí. La Fiscalía Anticorrupción está indagando los gastos de varias tarjetas de crédito vinculadas al rey emérito, su esposa, la reina Sofía, y varios allegados, incluidos algunos de sus nietos, según ha difundido este martes la propia Fiscalía en nota de prensa y ha adelantado en exclusiva eldiario.es

El origen de las diligencias de Anticorrupción, que ahora se envían al Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Juan Carlos I, radica en una serie de tarjetas bancarias “que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares”, según fuentes cercanas a la investigación citadas por el diario digital.

“No vamos a hacer comentarios de informaciones aparecidas en los medios de comunicación. Ojalá se esclarezcan esos hechos”, ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha recalcado que el Gobierno defiende y propicia la ejemplaridad de “todas las instituciones”.

Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden presuntamente del extranjero, son posteriores a la abdicación del padre de Felipe VI. Por eso, en caso de que tanto Juan Carlos I como su familia hayan incurrido en delito alguno, eI rey emérito no estaría protegido por la inviolabilidad que otorga la Constitución al jefe del Estado durante el ejercicio de sus funciones. Los gastos que está investigando Anticorrupción son de los años 2016, 2017 y 2018 y la abdicación de Juan Carlos I y su renuncia al trono se produjo en verano de 2014. 

La información desvela, además, que entre las personas que se beneficiaban de las tarjetas investigadas no están ni los actuales reyes de España, Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, ni tampoco sus hijas, la princesa de Asturias y la infanta Sofía de Borbón. Sí hay pistas de un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil relacionados con el caso. 

El dinero que cubre las tarjetas que supuestamente han usado Juan Carlos I y Sofía de Grecia está radicado en el extranjero

Además de estas tarjetas opacas, la Fiscalía está analizando “el origen de los fondos con los que se cubrían” ya que, al parecer, estarían radicados en el “extranjero”.

“Son importantes movimientos de capital posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte”, incide eldiario.es. La justicia española ya ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos y esclarecer los hechos.

Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía, al parecer, aparecen varios viajes a Londres, donde mantiene su reside actualmente y donde tiene, desde hace años, su vivienda habitual. 

A falta de nuevos datos, Anticorrupción “ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal”, abunda, “al tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un solo ejercicio”.

Actualmente, tanto el rey emérito, quien se encuentra en Emiratos Árabes, como la reina Sofía, son aforados. Por eso, la investigación llegará próximamente a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Una vez se ha difundido esta información, la Fiscalía ha anunciado que está investigando una “supuesta fuga de información”. Por eso, ha remitido el expediente del caso a la Inspección Fiscal y ha puesto en conocimiento del delegado de Protección de Datos la supuesta filtración.

Según fuentes judiciales citadas por el diario El País, la fiscal general, la exministra socialista Dolores Delgado, tiene conocimiento desde hace meses de esta nueva investigación que implica a Juan Carlos I. La información se comunicó a la Fiscalía General en virtud del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que establece que los fiscales pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos “que por su importancia o trascendencia deba conocer”. No obstante, las consecuencias políticas de una hipotética investigación por parte de un juez al anterior jefe del Estado, así como de una posible condena serían difíciles de calcular. 

Un rey escrutado por el fiscal Juan Ignacio Campo

El futuro del rey Juan Carlos está en manos de Juan Ignacio Campos, el fiscal del Tribunal Supremo que puede poner contra las cuerdas al anterior jefe del Estado. Él es quien investiga la supuesta comisión procedente de Arabia Saudí como supuesta contrapartida por la adjudicación a un consorcio español de la construcción del AVE a la Meca. Y quien asume ahora también las nuevas diligencias sobre las tarjetas de crédito.

La clave de qué le puede pasar a Juan Carlos I está en si la Fiscalía considera probado que el monarca delinquió con posterioridad al día en que se hizo efectiva su abdicación, al mover el dinero de Arabia Saudí y el de las tarjetas de crédito por las que se le ha abierto una nueva investigación.

La Justicia suiza, que empezó a seguir la pista del rey emérito, y española sospechan que los 100 millones de dólares (64 millones de euros al cambio de la época) que Juan Carlos I tenía en la cuenta bancaria suiza de la Fundación Lucum, de la que era beneficiario, son una comisión ilegal. El asunto trascendió por una grabación del comisario jubilado José Manuel Villarejo a la examante del monarca Corinna Larsen, quien lo contó sin ambages.

Si se confirma una investigación en firme a Juan Carlos I, el incierto viacrucis judicial del rey emérito, de 82 años, no habría hecho más que empezar. El Ministerio Público no ha tipificado todavía los hechos delictivos que se podrían imputar a Juan Carlos I, pero los que han trascendido en las últimas informaciones apuntarían a delitos de fraude fiscal —desde un año a seis de cárcel— y blanqueo de capitales —desde seis meses a seis años— y multa.

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