POLÍTICA
25/02/2021 12:40 CET | Actualizado 25/02/2021 15:28 CET

El CGPJ se opone por unanimidad a los ejes de la ley del "sólo sí es sí"

El dictamen, que no es vinculante, llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al espíritu de la norma.

EFE
Irene Montero, en la sesión de control en el Congreso este miércoles.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado, por unanimidad, los dos ejes fundamentales del anteproyecto de ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del “sólo sí es sí”, la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves su informe sobre el texto del Ministerio de Igualdad para reformar la tipificación de los delitos sexuales, un dictamen crítico -pero no vinculante- que llega tras cuatro meses de deliberaciones y se opone al núcleo de la norma.

El pleno del CGPJ ha respaldado la propuesta elaborada por los magistrados Roser Bach, Pilar Sepúlveda y José Manuel Fernández (encuadradas las dos primeras en el considerado sector progresista y el tercero, en el conservador).

Su dictamen sobre la ley del “sólo sí es sí” estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”.

El anteproyecto indica que “se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto”.

Estiman que la obligación de que el consentimiento sea expreso puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”

El problema, alertaban los vocales del CGPJ, no es conceptual, sino de prueba: “Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.

Además, a su juicio, no se evitará con esa definición la denominada “victimización secundaria”, ya que los interrogatorios girarán sobre el modo en que la víctima suele prestar su consentimiento sexual, para determinar que en el caso en cuestión lo hubo.

El segundo aspecto clave de la ley, la eliminación de la distinción entre abuso y violación -que está en el origen de la norma tras las protestas por las primeras sentencias de La Manada- tampoco ha sido vista con buenos ojos por los jueces.

En el anteproyecto se opta también por eliminar el delito de abuso sexual y crear una categoría única de agresión sexual para evitar que fuera considerada abuso una violación en la que no se lograra probar la existencia de violencia o intimidación.

Los ponentes creen que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves. Para evitarlo, proponen crear una modalidad agravada de agresión, con violencia o amenazas, en la que se imponga la pena en su mitad superior.

Creen que eliminar el delito de abuso sexual puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección

A pesar de este dictamen desfavorable, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves en el Senado que la ley saldrá adelante y fuentes de su Ministerio calculan que la norma podría estar lista en mes y medio, unos plazos que frustran el deseo de Montero de que el proyecto fuera aprobado cerca del 8 de marzo, Día de la Mujer.

El objetivo de Igualdad

En la misma línea que Montero se ha manifestado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. “Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante”, ha destacado Rosell.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que la legislación internacional -el Convenio de Estambul y la CEDAW- exige que la tipificación de los delitos sexuales se haga en función de la existencia de un consentimiento expreso y no de los medios de comisión del delito -con violencia o intimidación-.

Se trata, ha dicho Rosell, de pasar de una concepción patriarcal del derecho penal sobre la libertad sexual, “que significa que un hombre tiene derecho a usar el cuerpo de la mujer hasta que esta dice que no”, a un sistema basado en el consentimiento libre, consensuado y mutuo.

La delegada, que ha pedido prudencia puesto que el Ministerio aún no ha recibido el informe, ha criticado que el CGPJ se haya pronunciado sobre la ley del sólo sí es sí de una forma similar a como lo hizo en 2004 sobre la ley contra la violencia de género y también que se haya demorado tres meses en emitir el informe.

Tras el informe del CGPJ, que se suma a los del Consejo Económico y Social y del Consejo Fiscal, el anteproyecto debe ser evaluado asimismo por el Consejo de Estado antes de volver al Consejo de Ministros, último paso antes de llegar al Parlamento en forma de proyecto de ley.

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