El Consejo de Garantías de Cataluña avala el fondo del Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Consejo de Garantías de Cataluña avala el fondo del Govern para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

No obstante, recomienda algunas modificaciones.

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, durante una sesión plenaria en el Parlament de Cataluña, a 29 de julio de 2021, en Barcelona.EUROPA PRESS

Una luz verde al polémico fondo de 10 millones de la Generalitat. El Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña ha avalado este jueves el decreto del Govern con el que creó el fondo para contraavalar las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos con el aval del Instituto Catalán de Finanzas. No obstante, el Consejo recomienda modificar algunos artículos.

En concreto, el dictamen aconseja modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera se haga cargo de los avales, sea el Instituto Catalán de Fianzas quien avale las fianzas.

Ahora, los grupos parlamentarios tiene una hora y media para analizarlo antes de votar en el pleno el decreto de creación del fondo este mismo jueves, según han detallado fuentes de la Cámara catalana.

El Gobierno estudiará el dictamen y también será analizado por la Abogacía del Estado “a los efectos de preparar su informe jurídico”, según fuentes gubernamentales.

El dictamen lo pidieron PSC, PPC y Ciudadanos

El dictamen del conocido como ‘Tribunal Constitucional catalán’ lo pidieron PSC, PPC y Ciudadanos, que querían saber sobre la legalidad del decreto que regula el fondo y que en su disposición transitoria estipula que mientras no se encuentre una entidad bancaria que se haga cargo, la gestión del fondo la asumirá “provisionalmente” el Instituto Catalán.

El Consejo de Garantías es el órgano que vela por la adecuación de las leyes catalanas al marco legal. Mientras, el Tribunal de Cuentas solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales ante las “dudas” que le suscitaban.