El Gobierno aprueba la reforma de la ley del aborto

Se elimina la exigencia de consentimiento parental para mayores de 16 años y se introducen bajas laborales por menstruaciones incapacitantes, entre otras medidas.

España da un paso adelante en los derechos de las mujeres mientras en otros países la tónica es el retroceso. Este martes, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto para reformar la ley del aborto en un Consejo de Ministros que será “recordado”, tal y como ha resaltado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

La nueva norma elimina la exigencia de consentimiento parental para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo, suprime el período de espera de tres días al que se tenían que someter las mujeres una vez tomada una decisión y pretende garantizar que las interrupciones voluntarias de embarazos se practiquen por norma general en centros sanitarios públicos, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, cuando sólo el 15% de los abortos se llevan a cabo en la pública.

“Esta norma amplía derechos y acaba con algunos obstáculos”

- Irene Montero

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado que el Gobierno siga la senda feminista, situándose “a la vanguardia internacional de reconocimiento de los derechos de las mujeres”. “Esta ley habla de lo que es el gobierno de coalición; esta norma amplía derechos y acaba con algunos obstáculos”, ha señalado. Además, introduce “nuevos derechos menstruales, sexuales y reproductivos”, ha explicado Montero, reivindicando la labor de la denostada Bibiana Aído, ministra de Igualdad con Zapatero, con quien se aprobó la ley del aborto de 2010 que ahora se modifica.

“El primer país de Europa que habla de salud menstrual”

El Gobierno introduce ahora, además, una medida pionera en la Unión Europea, al incorporar el derecho a baja laboral por reglas dolorosas e incapacitantes. Este permiso no requerirá un periodo mínimo de cotización, será asumido por la Seguridad Social desde el primer momento y no tendrá un límite de días. “Somos el primer país de Europa que habla de salud menstrual como parte de la salud. Damos un paso adelante para acabar con un estigma”, ha celebrado Montero.

“Más salud sexual, más derechos, más anticoncepción”, ha resumido la titular de Igualdad en referencia a la nueva norma, cuyo Ministerio calcula que tendrá un coste de unos 104 millones de euros para el Estado, de los cuales la mitad irán destinados a cubrir un permiso preparto remunerado desde la semana 39 de embarazo.

Aunque el anteproyecto aprobado este martes irá por el trámite de urgencia, según ha anunciado Montero, todavía está “en primera vuelta”, por lo que se encuentra “sujeta a cambios” hasta que pase por los órganos consultivos, por el Congreso y por el Senado.

Una ley “histórica” para “revertir algunos retrocesos”

El Gobierno pretende con esta norma “ensanchar una ley histórica”, la del aborto de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, así como “revertir algunos de los retrocesos” introducidos por el Gobierno de Rajoy, ha anunciado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Con esta ley damos cumplimiento a los compromisos programáticos”, ha dicho.

El avance en derechos es claro, según reconocen desde las organizaciones especializadas. Sin embargo, el proyecto inicial era aún más ambicioso, aunque finalmente no ha habido acuerdo entre Ministerios para bajar o incluso suprimir el IVA de los productos de higiene menstrual, actualmente gravados con un impuesto del 10%. “Lo trabajaremos para los próximos presupuestos generales”, ha avanzado Montero.

Tampoco se perseguirá finalmente a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, pero sí se se prohibirá la publicidad de las agencias que lo promuevan.

Algunas claves de la nueva ley, en pocas palabras

- La educación sexual será obligatoria en todas las etapas educativas, para promover la salud sexual y prevenir prácticas machistas.

- Se creará una línea de atención telefónica sobre salud sexual y reproductiva, así como centros públicos de atención especializada.

- Se distribuirán métodos anticonceptivos de forma gratuita en institutos, prisiones y centros sociales, y se ampliará la financiación pública de estos métodos.

- En la ampliación del derecho al aborto: se garantizará que las mujeres puedan hacerlo en los centros públicos más cercanos. ”La red pública será la red de referencia”, ha dicho Irene Montero.

- Se regulará la objeción de conciencia, para garantizar que los centros públicos no se quedan sin médicos o médicas que practiquen abortos.

- En cuanto a las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes: irán asociadas a patologías previas, que aparecerán glosadas dentro de las enfermedades conducentes a bajas. Serán consideradas “incapacidades temporales especiales” que se podrán solicitar al médico de cabecera.

Madrid

Manifestaciones por el aborto