Los socios de Gobierno alcanzan un acuerdo para aprobar los Presupuestos

El acuerdo se formalizará este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
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Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, este martes en La Moncloa tras el acuerdo de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros.
Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, este martes en La Moncloa tras el acuerdo de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros.
EFE

La coalición ha sudado la gota gorda hasta última hora para que los Presupuestos Generales del Estado lleguen este martes al Consejo de Ministros, y el esfuerzo ha merecido la pena: habemus acuerdo.

Según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, el acuerdo se formalizará este martes en una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, posteriormente, será sometido a Consejo de Ministros para su aprobación.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a la Agencia EFE que estos Presupuestos incorporarán el mayor gasto social de la historia para reforzar el Estado de bienestar y suponen una nueva muestra de estabilidad, dado que el Gobierno saca adelante sus cuentas “en tiempo y forma por tercer año consecutivo”.

Prueba de hasta qué punto la negociación estaba siendo intensa es que este mismo lunes por la noche la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, afirmaba en Hora 25 que existían “profundas diferencias” entre PSOE y Podemos, sobre todo en tema de vivienda.

Que haya acuerdo es el primer paso para lograr un objetivo fundamental: que pueda comenzar la tramitación parlamentaria en el Congreso para aprobarlos antes de final de año y dar el margen de tres meses de negociación con el resto de partidos que marca la Constitución.

Aunque a lo largo del lunes oficialmente la prudencia es lo que imperó y a media tarde todavía no había nada cerrado ni acordado, la sensación entre las partes negociadoras era que el acuerdo sobre Presupuestos estaría finalmente este martes en la mesa del Consejo de Ministros.

Partes que, además, han estado negociando paralelamente el plan fiscal que presentó la semana pasada la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que también salió con suspense.

Aun así, a última hora de la noche fuentes de Unidas Podemos explicaban a El HuffPost que la negociación seguía estancada en la negociación sobre la ley de Vivienda. Un extremo que confirmaba, sin explicar el motivo del disenso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la SER. “A estas horas no hay acuerdo, pero me voy a dejar la piel. Mañana veremos qué pasa”.

La importancia de estas cuentas es enorme en un momento como el actual, tanto a nivel económico como político.

Los Presupuestos del 2023 serán históricos, ya que el Gobierno aprobó un techo de gasto récord de 198.221 millones de euros gracias a la prórroga de la suspensión de las reglas fiscales avalada por Bruselas, lo que dio a todos los países europeos una mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Esto supone que el techo de gasto será un 1,1% superior al de 2022. Incluirá 25.156 millones de los fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, lo que significa un 8,1% más que el año pasado.

“El techo de gasto aprobado por el Gobierno para estos Presupuestos es histórico, superando en un 1,1% el de 2022”

A la vertiente económica se añade que las cuentas son para el año 2023, cuando los españoles acudirán, al menos, dos veces a las urnas: en mayo a las autonómicas y municipales, y previsiblemente a finales de otoño —entre noviembre y diciembre— a las generales. Y qué Gobierno no quiere aprobar medidas sociales cuando se juega la reelección.

Las perspectivas electorales y las necesidades económicas, con la inflación ahogando si cabe más la economía de muchos ciudadanos, han hecho de estos Presupuestos la clave de bóveda del último año de legislatura.

Por eso los partidos de la coalición han querido poner su impronta en la negociación.

Unidas Podemos dejó claro antes del verano cuáles eran sus exigencias, tal y como explicó Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, a los periodistas en los pasillos del Congreso.

Díaz recordó que la formación morada planteó antes del verano “cinco bloques de negociación” con el PSOE.

Por un lado, respecto a los ingresos públicos, modificaciones en el impuesto de sociedades (que pase el tipo efectivo del 3,8% al 15%); el impuesto a las grandes fortunas y su armonización fiscal; y “que se grave más a las rentas del capital en el IRPF frente a las rentas de los trabajadores”.

“La vivienda, los permisos y el gasto en Defensa, las principales diferencias entre socios de coalición”

Medidas que ya han sido despejadas con el plan fiscal presentado por la ministra de Hacienda hace unos días.

El segundo bloque tiene que ver con los permisos, que Díaz ha calificado de “claves”, materia sobre la que, según varios medios, había más reticencias por parte del PSOE.

Se trata de la llamada ley de familias, a través de la cual Unidas Podemos quiere extender a seis meses los permisos de maternidad y paternidad, además de establecer una renta crianza universal de 100 euros (que ahora sólo cobran las madres trabajadoras). La parte morada de la coalición también quiere que las familias monomarentales con dos hijos sean consideradas como familias numerosas y puedan contar con 48 semanas de permiso por hijo, según informa La Vanguardia.

Según ha explicado Díaz en un hilo en Twitter, estas dos medidas se han incluido entre los acuerdos para los Presupuestos.

Las medidas para paliar la inflación forman parte del tercer bloque, mientras que en el cuarto están las relacionadas con la transición energética.

El quinto bloque hace referencia a lo que Díaz llamó “orden social”. “Fundamentalmente el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y revertir “los recortes que en los viernes de dolores el PP emprendió en materia de protección social”.

La vicepresidenta segunda, en su mensaje en Twitter, ha explicado que entre los acuerdos está la subida del IPREM, que se situará en 600 euros al mes a partir del 1 de enero de 2023, y la recuperación del 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación, una medida que, según Díaz, beneficiará a 300.000 personas.

Otros dos aspectos en los que chocan ambas partes es, por un lado, en la ley de vivienda, que en Unidas Podemos consideran “fundamental”; y en el gasto en Defensa, que desde la formación morada quieren que no aumente “ni un céntimo”.

Así lo ha expresado este lunes Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que ha pedido al PSOE que entienda “que la ley de vivienda es absolutamente estratégica”, por lo que ha insistido en las medidas que esta formación quiere incluir en la futura legislación, todavía en tramitación.

Por un lado, poner límites a los precios de los alquileres, y por otro, ampliar el parque público de vivienda. Además, piden a los socialistas “no comprar el marco de la derecha y la ultraderecha” sobre okupaciones y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional.

Respecto al gasto en Defensa, Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha asegurado que el PSOE y su líder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “cumple sus compromisos y siempre los va a cumplir”, en referencia al aumento del gasto militar prometido por el jefe del Ejecutivo durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.

Además de estas cuestiones, las futuras cuentas deberán hacer frente a las distintas subidas salariales —como la de los funcionarios—, y a la actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC, que podría situarse en el 8%.

El largo periplo de los Presupuestos

Una vez salgan las cuentas de Moncloa entrarán por la puerta del Congreso de los Diputados, donde le espera una larga tramitación hasta su previsible aprobación antes del 1 de enero, cuando el Ejecutivo quiere que entren en vigor.

Aunque se trata de una tramitación preferente en el Congreso sobre cualquier otra iniciativa, tiene un proceso dilatado en el que el Gobierno debe esforzarse por lograr apoyos parlamentarios suficientes para sacarlos adelante.

Tras ser calificado, pasa a la Comisión de Presupuestos, donde se presentan las enmiendas al proyecto, tanto de totalidad, como para modificar el articulado o las secciones. Nunca se podrán presentar enmiendas de texto alternativo, ya que es el Gobierno el único que tiene, por ley, potestad para la iniciativa presupuestaria.

“De no aprobarse antes del 1 de enero, se prorrogarán las cuentas de 2022”

Para este trámite, los distintos grupos pueden pedir las comparecencias de altos cargos de la administración para que expliquen las cuentas, siempre que sean de rango inferior al de ministro. También comparece el gobernador del Banco de España, que explica la coyuntura económica.

Tras las comparecencias, las cuentas pasan su primer examen en el Pleno con el Debate de Totalidad, en el que se debaten las enmiendas a la totalidad. Si son rechazadas, prosigue la tramitación de los Presupuestos.

Las cuentas pasan de nuevo a la Comisión de Presupuestos, donde se elabora un informe de la ponencia, se debaten nuevas enmiendas y se envía de nuevo al Pleno para su debate y votación por secciones (una por ministerio).

Si se aprueba con mayoría simple, las cuentas pasan al Senado, donde se tiene que producir la votación definitiva siempre y cuando no se acepten vetos de los grupos parlamentarios. Si fuera así, el proyecto regresaría de nuevo al Congreso para un último debate y votación, que debería de aprobarse por mayoría absoluta.

En caso de no aprobarse antes del 1 de enero, los presupuestos del 2022 serán prorrogados hasta que se consiga aprobar unas nuevas cuentas.

María Jesús Montero