El valor de un voto y la necesaria reforma de la ley electoral

Muchos de ustedes habrán comprobado a la hora de comprar online un billete de avión que resulta imposible encontrar el mismo precio en diferentes intentos a pesar de tratarse del mismo viaje, con la misma compañía y en las mismas fechas y horario. Es más: si una vez montados preguntáramos al resto de pasajeros cuánto han pagado por su asiento, prácticamente ninguno coincidiría y hasta veríamos sorprendentes diferencias.

Si nos choca esto de volar en igualdad de condiciones pero con diferentes tarifas, más debería hacerlo saber que cuando acudimos a las urnas en unas elecciones nuestros votos tampoco tienen el mismo valor. Esta es la realidad: en unos lugares de España se requieren más votos que en otros para que la formación por la que nos decantamos obtenga un representante. Los números no engañan y los datos de la últimas elecciones generales de 2019 lo muestran: al dividir el total de votos entre el número de escaños obtenidos, comprobamos que por ejemplo a Ciudadanos cada escaño le costó 165.000 votos. Sin embargo, los escaños del PP y del PSOE salieron por unos 56.000 votos en ambos casos. Un escaño de Unidas Podemos cotizó a algo más de 89.000 votos, mientras que cada uno de los de Vox se ganó por poco más de 70.000 votos. Pero sorpréndanse, porque el diputado de Teruel Existe solo necesitó de menos de 20.000 votos para obtener representación…

En el sistema español democrático actual, este dispar sistema de atribución de escaños procede de la convicción de los primeros legisladores de que había que primar en la proporción de la representatividad a los grandes partidos nacionales a fin de evitar un Parlamento excesivamente atomizado ideológicamente. Dicho de otra manera: reforzar a los partidos grandes y menospreciar el voto individual del elector. Así, la conjugación de las circunscripciones provinciales, el mínimo de diputados a elegir por provincia (dos en cada una de ellas) y el sistema d’Hondt que aplicamos en España (que distribuye los diputados en base a los votos obtenidos en una proporción decreciente a los menos votados y reforzando a los más votados) han generado este tipo de desequilibrios. Y por qué no decirlo: injusticias en el proceso y su resultado. La justificación, como decíamos, era que España necesitaba mayorías de gobierno estables y monocolor para poder consolidar una democracia recién nacida tras cuatro décadas de dictadura. Quien mejor lo resumió fue Pío Cabanillas, ministro con Franco y posteriormente con Suárez: “No sé quiénes, pero ganaremos”.

Curiosamente, aquel modelo que buscaba reforzar mayorías de centro-derecha y que se presumían eternas tras el final del franquismo, sirvió igualmente y muy pronto a la izquierda del momento. El PSOE de González obtuvo en 1982 el récord de una mayoría absoluta en democracia: 202 diputados, a razón de algo más de 50.000 votos cada uno. Mientras, otro partido de ámbito nacional como el PCE obtuvo 4 diputados, necesitando más de 211.000 votos para cada uno de ellos.

Pero a este sistema tendente a la hegemonía del bipartidismo se le puso un extraño ‘contrapeso’ que realmente lo ha pervertido aún más en términos de injusticia en la distribución de escaños: la presencia de partidos nacionalistas en Cataluña y País Vasco, con sus extensiones a Comunidad Valenciana y Baleares por un lado, y a Navarra por el otro, y sus secuelas regionalistas en otras CCAA, respectivamente. Y es que el modelo electoral termina premiando a fuerzas localistas de este tipo cuando su presencia es solo provincial o autonómica frente a los partidos de corte y presencia nacional.

La consecuencia así es que un partido estatal que no sea principal, básicamente PP o PSOE, tiene menos representantes proporcionales que estos dos, pero menos aún si se la juega ante partidos nacionalistas en sus respectivos territorios. De hecho, y volviendo a los resultados de las últimas generales de 2019, ERC obtuvo casi 875.000 votos, lo que le dio derecho a 13 diputados, frente a los 10 de Ciudadanos con casi el doble de votos: más de 1.650.000. No parece por ello que este sistema actual cumpla con el principio de ‘un ciudadano, un voto’.

Esta es una de las batallas que llevamos librando en Ciudadanos desde nuestros inicios frente al bipartidismo y frente a los nacionalistas y regionalistas. El propio nombre de nuestra formación es el reflejo de ese ánimo de igualar a todos los españoles por encima del territorio donde vivan. Pese al paso de los años y a diferencia de otros partidos, en Ciudadanos siempre hemos mantenido una propuesta que volvemos a poner encima de la mesa para reformar la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Una iniciativa que vuelve a buscar un Congreso de los Diputados más proporcional y por ello más justo en su conformación respecto al voto de los españoles. Ni el bipartidismo ha demostrado ser mejor cuando la estabilidad se ha convertido en verdadero apalancamiento, y de ahí a las prácticas corruptas por darle continuidad, ni el localismo ha hecho de contrapeso.

España es, ante todo, una suma de personas y no de territorios. Al menos así lo creemos algunos cuando nos reconocemos los mismos derechos y deberes a todos los españoles. Y claro que hay maneras de reequilibrar políticamente los desequilibrios poblacionales por territorios en España, algo que se puede hacer dando al Senado realmente la capacidad legislativa apropiada en esa realidad territorial y autonómica española que reconocemos.

No podemos detenernos en reformas de puro maquillaje sin acometer medidas de calado que garanticen que los votos de los españoles valen lo mismo. Sería hacernos trampas a nosotros mismos. Y está en la voluntad de cada ciudadano impulsar esos cambios. Cierto es que resulta complicado porque partimos de un sistema imperfecto justamente para perfeccionarlo, pero por ello también el reto es más interesante. Y en Ciudadanos lo tenemos claro: queremos cambiar la ley para que nuestro voto valga lo mismo allá donde estemos. Porque seguramente resultará complicado que todos los pasajeros de un vuelo paguen el mismo precio por un billete de avión. Pero no nos resignemos a luchar por conseguir que nuestro voto valga lo mismo vivamos Soria o en Barcelona, en Cáceres o en Vizcaya.