La economía española necesita reformas, pero no cualquier reforma

La economía española sigue cosechando malos resultados conforme vamos avanzando en el año. De acuerdo con las últimas previsiones realizadas por el propio Gobierno de España, la economía española prevé una moderación que situaría la tasa de crecimiento real en el 2%. Un 2% que deja a la economía española por encima del 1% previsto para el crecimiento promedio de la Unión Europea, así como por delante de otras economías homólogas de la Zona Euro –algunas en recesión—. Un 2% que podría ser muy cuestionado por los economistas pero que, en el momento que estamos, se considera un alivio para finalizar 2019.

Sin embargo, estos crecimientos que prevé el gobierno, en las previsiones de organismos como Funcas o BBVA, así como otros organismos no relacionados con el gobierno, son completamente paralelos a los previstos por la autoridad mandataria. De acuerdo con las estimaciones que comento, la lectura muestra un escenario mucho más pesimista, agravado por un desgobierno que, ahora, se traduce en la entrada al poder del PSOE en conjunto con la extrema izquierda, no atendiendo a otros posibles acuerdos con partidos como el PP o Ciudadanos.

Las últimas estimaciones realizadas por el consenso de analistas de los compañeros de Funcas, el think thank económico, muestran un crecimiento para la economía española cercano al 1,6% para 2020. Unas previsiones que descienden desde ese 1,9% que preveían anteriormente, rebajando y actualizando la previsión al nuevo escenario político. Este escenario político complejo ante una tendencia de desaceleración nos deja una trayectoria en la que, de forma muy clara, podemos advertir esa tendencia de moderación en los crecimientos, donde en años anteriores hemos ido rebajando el crecimiento desde el 2,7% hasta el 1,6%, previsto para 2020.

Como podemos observar, esta tendencia está moderando los crecimientos de forma gradual en España, al igual que lo hace en el resto de los países, los cuales también están sufriendo los efectos de una desaceleración que ya incide con fuerza en las economías, enfriando los crecimientos. Sin embargo, en el caso de España, la situación es menos ventajosa que en otros países como Alemania. España posee unas debilidades y vulnerabilidades estructurales que nos impiden caer en lo que conocemos como la autocomplacencia, pues quedan muchas cosas por resolver y seguimos con un gobierno que, pese a los pactos, no deja un futuro muy prometedor.

España sigue poseyendo una tasa de desempleo muy elevada, pero ya no solo en términos absolutos, sino que también lo hace en materia de desempleo juvenil, donde se dispara y nos sitúa, nuevamente, a la cola de Europa. Estamos con unas cifras que muestran una realidad paralela al mensaje del nuevo gobierno, mientras que seguimos hablando de gasto público. Nuestro crecimiento se modera, estamos acabando un ciclo expansivo, y no hemos sido capaces de reducir los niveles de empleo a cifras que doten al país de mayor robustez y solidez.

En España, por cuestión de la composición de su economía, poseemos una gran dificultad para crear empleo. La ley de Okun, que mide la correlación existente entre los cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento económico, en el caso de España es muy volátil. Esto quiere decir que, en el caso de que nuestro país crezca poco, tenemos la capacidad de crear más empleo que en otros países pero, de la misma forma, con un menor decrecimiento, también destruimos más empleo que en otros países.

Esto, en un momento donde la desaceleración económica está acabando con los crecimientos, y con una elevada tasa de desempleo, es un gran riesgo al que España se enfrenta y en el que, ante el nuevo gobierno, tenemos que hacer hincapié para paliar la desaceleración. No podemos dejar que nuestra economía vuelva a estancarse, pues no nos encontramos en situación de afrontar una nueva moderación que acabe con el crecimiento económico del propio país.

El panorama es complejo, pero sí existen soluciones para tratar de dinamizar la economía. El problema en este caso es la intención de un gobierno que pretende incrementar el gasto público superfluo, a base de incrementos fiscales para las empresas. Es decir, se pretende hacer una mayor presión fiscal con el único fin de aumentar el gasto y estimular el PIB en el país. Sin embargo, todo ello sin tener en cuenta otros aspectos como el efecto repercutido que tienen este tipo de políticas en factores como la deuda y la propia economía real de las empresas. 

Políticas de dicha índole son políticas muy extractivas para la inversión y la creación de empleo. Estamos hablando que poner más trabas y burocracia a la creación de empleo, así como incrementar los impuestos y, con ello, los costes laborales al empresario, es más bien un detractor que un incentivo. Claro, ahora bien, sin una medición precisa y exacta no podríamos decir el grado de incentivo que conlleva una política u otra. Sin embargo, como esos datos conviene analizarlos más en detalle, sí meto el dato que nos ofrece el Foro Económico Mundial, junto al Statista, que prevé un menor crecimiento para la economía española en los próximos años, de acuerdo al consenso de economistas en el país.

También los empresarios han manifestado su unión estos últimos días y han manifestado su rechazo a un gobierno del que Podemos, y Pablo Iglesias, forman parte. Para el propio consenso, formado por la CEOE, CEPYME, ATA, entre otras, sería mucho más efectivo formalizar un acuerdo de gobierno atendiendo a la negociación con partidos de centro, más moderados, que con la extrema izquierda, la cual, desde Financial Times, ya han calificado como una de las opciones menos favorecedoras para nuestro querido, y amado, país.