POLÍTICA
15/09/2020 14:04 CEST | Actualizado 15/09/2020 15:08 CEST

El Gobierno aprueba la Ley de Memoria Democrática, una norma "para encontrarnos todos"

La nueva norma, ahora sí, cumple las metas de la norma impulsada en 2007, el primer paso en la verdad, la justicia y la reparación

“Una norma para encontrarnos todos”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha explicado tras el Consejo de Ministros la nueva Ley de Memoria Democrática, que hoy ha pasado su primer trámite en La Moncloa. Ha destacado que la norma es “importante para el Gobierno” y “sobre todo es importante para la democracia española”. “La ley de Memoria es un gran esfuerzo por homologar a nuestra democracia con la dignidad que le corresponde como país”, enfatiza.

La norma mejora la de 2007, impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, “que abrió la puerta al debate público y a la conciencia social y cívica” pero que aún dejaba la cuenta pendiente de “la verdad, de encontrarnos con la justicia”. “Ya se hizo un esfuerzo importante en legislatura pasada, un trabajo de compromiso y esfuerzo de homologar a la gran democracia que España significa ahora en el mundo con países que han tenido que reconocer situaciones trágicas parecidas, para movernos con la dignidad que corresponde al buen nombre de nuestro país”, señala la responsable de las políticas de Memoria.

Calvo ha insistido en que la norma supone un reconocimiento a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que ahora España estará acorde con todos los tratados internacionales que hacen una “defensa estricta” de estos valores. Ahora, tras la primera lectura, empieza su tramitación en el Parlamento y, como es “una materia absolutamente compleja e importante”, debe ser ser consultada en el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial, “pues conlleva obligaciones jurídicas importantes”. 

Es un gran esfuerzo por homologar a nuestra democracia con la dignidad que le corresponde al nombre de nuestro país

Dos son los objetivos fundamentales: la defensa de la democracia y la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la postguerra y el franquismo. “Buscamos la defensa, el conocimiento y la necesidad de nuestro pasado democrático. Nuestro país se incorporó al constitucionalismo histórico y hemos peleado por nuestros derechos, (...) en un camino lleno de hitos y claroscuros pero siempre en la línea de la defensa de la dignidad. Eso es la memoria democrática”, enfatiza. La memoria histórica “puede serlo todo”, matiza. 

La norma permitirá proteger los lugares de memoria y rescatar también a los personajes “que estuvieron luchando en pos de las libertades”, y por la “emanación de la soberanía del pueblo”, una historia “que tiene que estar en las aulas y en la conciencia de la ciudadanía”. Por eso ahora, incluyendo las recomendaciones de las Naciones Unidas y de Europa, esta parte de nuestra historia se estudiará en la Secundaria y se incluirá en la formación del profesorado. 

Para lograr el objetivo del “reconocimiento, reparación y justicia” a los “compatriotas que lucharon contra el fascismo y de muchas maneras perdieron la vida de manera ignominiosa”, la norma reconoce que a estas alturas lo que queda es eso, dignificarlos, “como han hecho otras democracias”. 

La vicepresidenta socialista asume que actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007 será un proceso muy largo, y como se tardará “mucho tiempo” en aplicar las nuevas medidas, se prevén planes cuatrienales que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la pretendida reparación de las víctimas del franquismo.

 “Hablamos, en fin, de una ley urgente, la democracia no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta”, ha insistido la política cordobesa. 

Lo que aporta la nueva ley

La norma que ahora impulsa Carmen Calvo, a cargo de las competencias de memoria, supone una especie de plan de choque, que las víctimas reclaman que se aplique cuanto antes, porque la deuda es antigua de décadas y porque, literalmente, los que necesitan ver esa reparación y esas respuestas se están muriendo de viejos. 

Para empezar, ahora sí, se habla expresamente de “víctimas”. Lo es “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico y daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución”.

Ya no serán las familias, los historiadores, los investigadores y las asociaciones los que lleven a cabo el penoso trabajo de buscar y abrir fosas, pagando cada paso de su bolsillo. Esa misión ahora será tarea directamente del Estado, a quien se le reclama que busque a las personas desaparecidas entre 1936 y 1939 y en la dictadura siguiente. “El procedimiento de búsqueda –y en su caso de exhumación e identificación– se incoará de oficio por el Gobierno o la comunidad autónoma, o bien a instancias de los ayuntamientos o los familiares, según recoge la norma, que prevé una reglamentación posterior de las tareas de búsqueda y la elaboración de un “mapa” de fosas”, del que aún carece el Ejecutivo, ha reconocido Calvo este martes. 

Hasta ahora, era un problema que la fosa estuviera en suelo privado, pero desde que entre en vigor la ley, la Administración central podrá obligar a abrir la tierra incluso en esos espacios. En el caso de que se encuentren revelaciones claras de un crimen violento -fusilamientos, por ejemplo-, habrá que informar a la Fiscalía, que tendrá un área especial para desaparecidos y se encargará de llevar al Registro Civil cada una de estas muertes.

Esencial también para documentar bien cada caso es el nuevo Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y el censo de víctimas, asesinadas o supervivientes, víctimas de la contienda o de la represión. También se aboga por conocer los datos de quienes tuvieron que hacer trabajos forzosos, a veces grandes olvidados, a los que se promete “reparación”. 

Como prometió Sánchez, el Valle de los Caídos también será reformado en su esencia, será “resignificado”, después de que el cuerpo de Franco fuese sacado de la basílica el pasado otoño. Aún no hay un proyecto exacto para la zona, pero sí que, como lugar de memoria democrática que es, tendrá que dedicarse a saber y entender, sin ensalzar. Un complejo histórico y educativo. Es lo que defienden la mayoría de los historiadores. Calvo ha dicho que se inclinan por establecer en la zona un “cementerio civil”, aunque no ha dado detalles. En su momento, se manejó la posibilidad de que se ideara un complejo a lo Arlington, en Washington. 

Además de Cuelgamuros, se localizarán otros lugares de memoria, con afán pedagógico y de resarcimiento, en la misma línea de los nuevos estudios, que contemplarán específicamente esos años de nuestra historia en Secundaria y Bachillerato. Habrá, también, dos días de conmemoración: el 31 de octubre, el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, y el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio; la primera fecha es la de la aprobación de la Constitución en Cortes. La segunda, la victoria aliada sobre el nazismo. Así se honra, también, a los españoles de Mauthausen, perseguidos por el fascismo.  

Se incluye, igualmente, la atención a colectivos reprimidos por la dictadura como los gitanos o los homosexuales y se contará, ha dicho Calvo, con las asociaciones memorialísticas para su impulso.

Veto a las promoción del fascismo 

Los dineros y los honores, tan complicados de abordar, ahora sí serán perseguidos. El Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo”, y se elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que exalten la Guerra Civil y la dictadura y los suprimirá.

En la misma línea, desaparecen los honores “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales” y se quitarán las medallas -y su dinero aparejado- a quienes torturaron y vejaron en la predemocracia, como el caso del ya fallecido Billy el Niño

Fuera también las sentencias injustas, dictadas “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”.  Incluye, por ejemplo, la del expresidente de la Generalitat catalana Lluís Companys. Unos procesos sin garantías “no son procesos reconocibles por una democracia”.

Sobre Fundaciones o Asociaciones como la Francisco Franco, la ley contempla que es “causa de extinción” que se afane en defender principios absolutamente antidemocráticos y esa apología se entenderá como “contraria al interés general”. Ayudas públicas, ni una. Quien aún así se niegue a aplicar la ley, se enfrenta a multas de 10.001 a 150.000 euros (muy graves), de 2.001 a 10.000 euros (graves) y de 200 a 2.000 euros (leves). 

La norma fija nuevos accesos mejorados a los archivos, con la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, se buscará “proteger para el futuro los archivos de la Presidencia del Gobierno de España”, tener ”útiles” los archivos históricos hasta el momento anterior a la democracia y traer a España archivos de personalidades insignes que se encuentran fuera del país, abunda Calvo.

Además, habrá una persecución más fina de los símbolos franquistas o de las nomenclaturas y estatuas, no bien aplicada en la ley de 2007. Y añade una mirada “de género”, para que las mujeres que fueron víctimas dejen de ser las olvidadas entre los olvidados. Un botón: se cambiará el nombre el Panteón de Hombres Ilustres, donde las mujeres están “desaparecidas”, por el de Panteón de España, y se le dará relevancia enterrando en él a personalidades ilustres. La vicepresidenta ha hecho una encendida reivindicación de Clara Campoamor, la impulsora del voto femenino en España, porque “se le debe la aplicación exacta y precisa de la soberanía popular”.

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