Loro viejo no aprende idiomas

El Partido Popular no es un partido cualquiera que está en un momento cualquiera en un lugar cualquiera. Está en el número 13 —toquen madera por si se contagian— de la calle Génova en un edificio que proyectan abandonar para borrar una parte de su pasado del que dicen avergonzarse y no saber nada, pero lo que se dice nada. Una porción que, al contrario que las tartas o los quesos, crece y no disminuye según se come.

El PP, aunque mantiene un público fiel, también el papa Clemente y su Palmar de Troya lo tenía, atraviesa un momento de gran descrédito. Resulta que todo lo de Gürtel, los papeles de Bárcenas, las averiguaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil, las opiniones de los fiscales, las instrucciones judiciales, el periodismo de investigación… no era, como sostenía Mariano Rajoy, una trama del PP sino “una trama contra el PP”. Pero a unos la verdad les hace libres, según el evangelio de San Juan, y a otros imputados o presos o apestados.

El gran partido de la derecha española no solo está bajo sospecha: está cercado por la justicia a pesar de sus desesperados y desvergonzados intentos por controlar a los jueces y en especial a los del Tribunal Supremo, y a quien los nombra, el Consejo General del Poder Judicial.

Desde que se quitó la tapa a la alcantarilla y no bastó con pastillitas o difusores de enchufe con olor a lavanda el joven líder conservador, que de mayor quiere ser como Aznar, Dios nos libre y nos guarde. Quiso cortar no por lo sano sino por lo gangrenado que ya mareaba del olor a podrido: abandonar un hogar financiado mucho más que presuntamente con ‘dinero negro’ procedente de la famosa ‘caja B’ de comisiones, ¿chantajes? y cohechos que llevaba, con órdenes superiores, el extesorero y exsenador Luis Bárcenas. Pero, a pesar de su tamaño, la sede es solo la punta del iceberg.

En plena crisis, y como “a perro flaco todo son pulgas”, el Gobierno regional de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso como pequeña napoleona —o ‘sultana’, como la llama un columnista catalán de La Vanguardia—  adicta al ordeno y mando de ocurrencias, y que tenía fritos a sus socios de Ciudadanos y en especial a su vicepresidente Ignacio Aguado, entraba en terreno pantanoso. Su alocada y caprichosa gestión de la pandemia, que iba por libre ajena a las evidencias científicas, empezaba a cantar en las estadísticas europeas, aunque su estilo populista, su impostado victimismo y su constante oposición de diseño al Gobierno central sea por una cosa o por su contraria empezaba a debilitar su posición y su imagen.

Va de retro. Sus aliados se distanciaban, mantenían serias discrepancias en semipúblico y en privado con un estilo que era todo papel de regalo y ambientador perfumado que envolvía una gestión real incompetente y desastrosa.

Mientras Casado trataba de borrar el pasado, y hasta el presente, dar la vuelta a las encuestas buenas para Vox y malas parta la Casa Madre, se ahonda la crisis en la Comunidad de Madrid aún reciente el paso de Filomena, en la que tanto el gobierno regional como el de la capital mostraron su incapacidad. La propaganda no disuelve la nieve.

En Murcia, la situación también se les complica. El autoritarismo de su presidente [Fernando López Miras, del PP] y sombras de corrupción llevan la situación a un punto límite. Inés Arrimadas autoriza una moción de censura que daría la presidencia a Ciudadanos con el apoyo del PSOE. Génova tiembla.  Casi a la vez el PSOE madrileño termina de deshojar la margarita y va cobrando consistencia la posibilidad de una moción de censura socialista. El socialista Ángel Gabilondo, jefe de la oposición y el candidato más votado, se lo piensa.

Es en esa situación cuando Pablo Casado pide que le lleven el ‘maletín nuclear’ para empezar a disparar misiles a diestro y a siniestro. Díaz Ayuso se anticipa a las mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid disuelve la Asamblea y convoca elecciones adelantadas para el 4 de mayo. Una legislatura de solo dos años. Y el murciano, campeón del mundo en escupir pipas de aceitunas, Teodoro García Egea va urgente a su tierra para parar la maniobra fichando tránsfugas naranjas: convence a tres diputados a cambio de entrar en el Gobierno con buenos sueldos y coche oficial. Por el bien de España, claro.

Con Génova 13 en liquidación por corrupción, grave aluminosis para un partido, decide enfangarse en una operación política y moralmente indecente. Sí, bien mirado el fomento y el uso del transfuguismo para torcer los mecanismos constitucionales de cambio de gobierno es un atajo que es a la ética como un huevo a una castaña. Sea quien sea el que lo aplique y sea cual sea la circunstancia.

El transfuguismo puede ser legal, pero es indecente. Lo practique quien lo practique. Un tránsfuga es un tránsfuga —antes se les llamaba chaqueteros—, aunque alguno le llame migrante. Pero ni son cigüeñas ni pardelas ni golondrinas. Es lo mismo que la renovación forzosa del Consejo General del Poder Judicial burlando lo previsto en la Constitución española de 1978. Con enorme falta de pudor y sin ruborizarse  consideran que es anticonstitucional una ley que lo impida o que declare el cese forzoso de sus miembros al terminar el mandato legal. El mundo al revés.

Los tres diputados tránsfugas en Murcia lo son porque de momento las listas electorales son cerradas, y los cargos electos lo son del partido por el que salen elegidos. Ir contra las decisiones del partido tiene un coste. Esto lo sabe el PP, que es uno de los firmantes del pacto de Estado contra el trasfuguismo. Aunque bien pudiera ocurrir que llevados por la moda trans pensaran que transexualidad y transfuguismo son términos equivalentes…. Y pueden serlo, quizás, retorciendo el lenguaje. Bueno, es una idea.

Es la eterna discusión modelo sexo de los ángeles entre el fin y los medios. Sin embargo, hoy día en las democracias existe la convicción en el plano ético de que el fin no justifica los medios. Es cierto que la táctica empleada por el PP le ha dado excelentes resultados. Ha destrozado la estrategia del PSOE en Murcia in extremis y de reconquista sanchista de plazas perdidas por la alianza del PP y C’s. Ha enviado a córner, o sea, a elecciones anticipadas, la crisis en la Comunidad de Madrid, en donde la incompetencia y la frivolidad de Ayuso dará paso a la estúpida discusión de la falsa y tramposa disyuntiva trumpista de “socialismo o libertad”. Una cortina de humo, como otra cualquiera, para encubrir los enormes peligros del resurgimiento político —porque siempre ha estado ahí escondido, el franquismo y el falangismo no se extinguieron con la dictadura— del populismo de extrema derecha, que también campea en otros países de la UE. A esos fantasmas se les nota lo que hay bajo la sábana.

Una de las justificaciones oficiales de los tránsfugas murcianos, que forma parte del argumentario ad-hoc del PP, es que “los murcianos no han votado a Ciudadanos para que gobierne el PSOE”. Utilizar este argumento en Europa es una estupidez: los alemanes que han votado a los liberales o a los verdes no lo hicieron para que apoyaran a gobiernos del la CDU-CSU o del SPD en los länder. Igual que en las últimas legislaturas, y a pesar del queme electoral, los socialdemócratas no votaron al SPD para que gobernara Angela Merkel, en coalición, claro.

Así como las mociones de censura son plenamente constitucionales en España, el transfuguismo se considera una peligrosa enfermedad. Por eso hay un pacto contra él, que cada cierto tiempo se ajusta y perfecciona para tapar grietas. La última vez fue a finales de noviembre de 2020. El secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, el canario Hernández Spínola, decía el 11 de ese mes que “la actualización del pacto representa un avance importante en la calidad democrática, y además refuerza el criterio para que el tránsfuga no reciba premio o privilegio”.

Premio y privilegio son, no hay duda, los cargos que el PP les ha garantizado en el gobierno regional murciano a los “traidores”: poder, casi 80.000 euros anuales de sueldo y coche oficial. Todo por la patria, naturalmente. El PP es uno de los firmantes de la reciente III adenda, que endurecía y ampliaba las medidas de prevención, disuasión y castigo en todos los ámbitos de la Administración.

Pero “loro viejo no aprende idiomas”.