POLÍTICA
16/01/2020 18:10 CET | Actualizado 17/01/2020 14:13 CET

Qué es el pin parental que quiere implantar Vox en Murcia y por qué es ilegal

Se trata de una medida para evitar que los niños reciban educación afectivo-sexual o talleres y charlas contra la LGTBfobia.

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Polémica en el Gobierno de la Región de Murcia por otra ocurrencia de Vox. En el marco de la cruzada del partido conservador y de sectores ultracatólicos contra la educación afectivo-sexual y la diversidad en los centros educativos, el partido de Abascal ha puesto como condición sine qua non la aplicación del pin parental para apoyar los presupuestos generales para 2020. PP y Ciudadanos han aceptado, como ya hicieron en Andalucía. No sólo eso: Rocío Monasterio ya ha dejado caer su intención de proponerlo en Madrid

¿Qué es el pin parental y por qué causa tanta polémica? Se trata de una medida que el partido de ultraderecha ya llevaba en su programa para las elecciones de mayo y de la que habla cada vez que sale el tema de la educación. Lo venden como una propuesta para evitar el “adoctrinamiento en ideología de género que sufren los menores en los centros educativos en contra de la voluntad y los principios morales de los padres”. Es, por tanto, una autorización que permite a los padres decidir a qué actividades externas van los niños, evitando así aquellas que cuestionarían sus convicciones morales o religiosas. De esta manera, se acabaría con el derecho de los niños a una educación inclusiva. 

Contra la ¿zoofilia?

Cuando Vox ha hablado de esta medida ha sido, sobre todo, criticando contenidos contra la LGTBfobia o la violencia de género. Es decir, si un colegio organiza una charla o taller contra la homofobia, un padre podrá vetar a su hijo a la hora de ir. Rocío Monasterio llegó a compararlo con animar a los niños a la “zoofilia”. Pero han ido más allá: en algunas comunidades también han pedido los nombres y apellidos de los coeducadores que educaban con perspectiva de género y LGTBI. 

El partido ha colgado en su página web un modelo de cómo sería el pin parental. 

 

¿Qué hará el Gobierno central?

La propuesta de Vox ha puesto en alerta al nuevo Gobierno. De hecho, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el ‘pin parental’, según ha anunciado la ministra Isabel Celaá.

Para Celaá, el ‘pin parental’, “vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado”. También, según la ministra, “la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares”, así como tratados internacional suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Memorándum de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, enumera el Ministerio de Educación.

“No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos”, ha advertido Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

“Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares”, ha denunciado Celaá.

 

 ¿Qué pasa en Murcia? ¿Y en Andalucía?

Esta medida tiene que ser aprobada en Murcia si el Gobierno de PP y Ciudadanos quieren contar con el apoyo de Vox a los presupuestos generales de la comunidad. Eso sí, que lo hayan aceptado no significa que sea de su gusto. El portavoz de la gestora de Ciudadanos en la Región de Murcia, Jerónimo Moya, ha reconocido este jueves que a la formación naranja no le gusta la imposición del ‘pin parental’, si bien ha matizado que su intención es “respetar al equipo negociador” de los Presupuestos de 2020 con el fin de alcanzar un acuerdo con Vox y PP que, ha asegurado, se materializará “de forma inminente”.

Esta exigencia ya se produjo en Andalucía el año pasado, cuando el Gobierno aceptó esta propuesta de Vox para la aprobación de los presupuestos de 2020, aunque todavía no se ha empezado a desarrollar. 

De hecho, el portavoz de Educación de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha exigido a la Junta que paralice “inmediatamente’ la implantación del pin parental cuyo objetivo es ’evitar que los maestros eduquen en valores”.

García, ha hecho estas declaraciones después de que el consejero de Educación, Javier Imbroda, anunciara que el pin parental está en fase embrionaria y en proceso de implantación, por lo que, para Adelante Andalucía, “todavía hay tiempo para dar marcha atrás y romper, así al menos, esa parte del acuerdo con Vox”.

Dejar a los niños en manos de Vox por los presupuestos

“No puede ser que a cambio de la aprobación de unos presupuestos dejemos a nuestros niños en manos de Vox”, ha señalado García, quien además ha hecho hincapié en no poder permitir que Vox “metan las manos en nuestros colegios e impidan que se eduque en igualdad y en valores”.

Asimismo, el portavoz adjunto de Adelante Andalucía ha definido el pin parental como una medida de Vox para “impedir que haya educación en valores y emocional en los colegios”. En este sentido, ha insistido que, con esta propuesta, el Gobierno andaluz está aceptando una medida de Vox “contraria a la celebración del día contra las violencias machistas, que se eduque en el respeto a la diversidad y orientación sexual, contraria a la celebración del Día de la mujer, y que se eduque en igualdad, contraria al Día de la paz y, en consecuencia, que se eduque en convivencia, y contraria también, al Día de Andalucía y a conocer nuestra historia”.

Contrario a la ley

El Ministerio de Educación considera la medida una ‘imposición’ a los centros educativos “contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE), a las propias normas autonómicas de esta región, así como a la Ley Contra la Violencia de Género”. “Esta iniciativa ha generado, además, una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa”, añade.

Para la ministra, “el ‘pin parental’ o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta”, algo que “no es aplicable al terreno de la educación” según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, ha señalado Celaá.

El Ministerio de Educación añade que “la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes”.

Campaña de Hazte Oír

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la organización Hazte Oír envió a 23.000 colegios públicos y concertados de toda España ejemplares del formulario ‘PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género’, para que los padres soliciten información previa y consentimiento expreso para la asistencia de sus hijos a clases con contenido afectivo-sexual dentro del horario escolar.

El propósito de la campaña, según Hazte Oír, era “conseguir que el Partido Popular, Ciudadanos y Vox influyan para implantar la ‘Solicitud de información previa y consentimiento expreso’ para padres en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Madrid y Región de Murcia”. 

Además, la entidad envió la misma documentación a 6.000 Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) de colegios e institutos de enseñanza secundaria de Castilla y León, Murcia, Andalucía y Madrid en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox.

A finales de septiembre, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) denunció a Hazte Oír ante la Fiscalía General del Estado al considerar que su campaña “fomenta el odio” y podía constituir un delito.

Además, las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública reclamaron en noviembre a los partidos políticos que actúen contra la “ilegalidad” del ‘pin parental’ al considerar que “vulnera el derecho a la educación integral de niños y niñas”. 

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