A la cuarta fue la vencida: quién es Keiko Fujimori, la presidenta electa de Perú, y cuáles son sus retos

Tras tres dolorosas derrotas consecutivas en las que se quedó a las puertas del poder por márgenes muy estrechos, Keiko Sofía Fujimori Higuchi ha alcanzado finalmente el máximo cargo de Perú, la presidencia. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha cerrado el cómputo del 100% de las actas de la segunda vuelta electoral, celebrada el pasado 7 de junio, confirmando que la líder de la derecha conservadora e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori es la nueva mandataria. 

El desenlace agónico se prolongó durante más de tres semanas, debido al escrutinio minucioso de actas impugnadas ante los Jurados Electorales Especiales (JEE). Ahora ya, sin vuelta de hoja, se sabe que Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos válidos frente al 49,865% de su contrincante, el líder izquierdista Roberto Sánchez. Una mínima pero irreversible diferencia de 49.641 votos consolida el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno por la vía democrática, 36 años después de que su padre asumiera el mando por primera vez en 1990. 

"La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Recibimos este resultado con mucha humildad, prudencia y gran responsabilidad", manifestó la ganadora a las afueras de su residencia en Lima, adoptando un tono notablemente moderado frente a un país profundamente polarizado. Queda claro que Perú tiene dos almas, dos mitades, a tenor de lo expresado en las urnas.

Por su parte, el candidato perdedor, Roberto Sánchez, y sus sectores aliados han lanzado nuevas acusaciones de presuntas irregularidades, avivando la crispación social en un país fatigado por la inestabilidad institucional. No parece que vayan a prosperar y que Perú comienza ya una nueva legislatura con La China, nadie sabe si de cinco años, como marca la constitución, o más reducida, como viene forzando la inestabilidad nacional en tiempos recientes. 

El fin de la maldición del balotaje

Para Keiko Fujimori, de 51 años, este resultado supone la ruptura de un estigma político. En las elecciones de 2011, 2016 y 2021, la candidata conservadora de Fuerza Popular había experimentado derrotas consecutivas en segunda vuelta ante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. En todos aquellos escenarios, sus fracasos se decidieron por márgenes inferiores al 1,5%, alimentando una extendida resistencia conocida popularmente como el "antifujimorismo". 

Los críticos bromeaban con frecuencia afirmando que su nivel de rechazo era tan alto que "perdería la presidencia incluso si compitiera contra un panetón", el dulce típico de la Navidad. Sin embargo, los comicios generales de este año han reconfigurado el tablero. En la primera vuelta, celebrada el 12 de abril, Fujimori se impuso con un 17,192% de los apoyos, seguida por Sánchez, con un 12,093%, en un fragmentado pelotón de candidatos: hasta 36 se presentaron, un récord. 

Durante la campaña de este balotaje, el fujimorismo explotó hábilmente el desgaste de la izquierda y el recuerdo del caótico y destituido gabinete de Castillo, vinculando a Sánchez con los antiguos esquemas gubernamentales para dividir el voto. Aunque el izquierdista moderó significativamente su programa económico en la última semana previa a la elección -lo que causó que la ventaja inicial que las encuestas de Ipsos otorgaban a Fujimori se disolviera, hasta llegar a un empate técnico, a lomos del  centrismo-, la movilización de las redes derechistas y el peso decisivo de Lima, la capital, terminaron por inclinar la balanza. 

El análisis geográfico del sufragio que aportan medios como DW expone las costuras de una nación fragmentada. Sánchez dominó en 16 de las 25 regiones del país, exhibiendo un sólido respaldo en las zonas rurales de la sierra centro y, de manera abrumadora, en la sierra sur (como en Puno, donde el candidato izquierdista arrasó con 613.000 votos frente a apenas 96.000 de Fujimori). Por el contrario, Fujimori cimentó su victoria ganando en sólo nueve regiones, pero de altísima densidad demográfica, incluyendo Lima y el norte del país, además de imponerse con contundencia en el voto exterior a lo largo de los cinco continentes. 

Primera línea, segundo plano

El ascenso de Keiko Fujimori al poder es el punto de inflexión de una trayectoria personal y política marcada por la precocidad y la controversia. Siempre ha estado en la primera línea, pero también en un segundo plano, cerca del poder pero sin ejercerlo. 

En 1994, con sólo 19 años y mientras estudiaba en Estados Unidos, aceptó la propuesta de su padre de convertirse en la primera dama de la República, tras el turbulento divorcio de sus progenitores y las graves acusaciones de su madre, Susana Higuchi, quien denunció públicamente haber sido torturada por agentes de inteligencia estatales.

Durante seis años, la joven Keiko ejerció funciones oficiales, habitando un Palacio de Gobierno que en su momento llegó a decorar con tonos rosas y asumiendo un rol de contención social para un régimen de corte autoritario que se desmoronó en el año 2000 en medio de masivos escándalos de corrupción protagonizados por el asesor de inteligencia, el oscuro Vladimiro Montesinos. 

Tras el colapso del Ejecutivo paterno, Fujimori hija volvió de lleno a la arena pública en 2006, cuando fue elegida la congresista más votada del país. Desde entonces, se abocó a la tarea de fundar y unificar bajo las siglas de Fuerza Popular la estructura política y civil del fujimorismo. 

Pese a las sucesivas derrotas presidenciales, se consolidó como una figura clave en la política del país, dirigiendo férreas bancadas opositoras en el Legislativo que influyeron directamente en la caída de presidentes como Kuczynski y Martín Vizcarra, y extendiendo la influencia de su bloque político hacia la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 

No obstante, su carrera también se vio empañada por prolongadas batallas legales, incluyendo periodos de prisión preventiva bajo acusaciones de lavado de activos vinculadas al caso Odebrecht, acusaciones de las que ha salido bajo fianza, tras recurrentes apelaciones judiciales. Se la acusó de ser la presunta cabecilla de una organización enquistada dentro de su partido, incluyendo delitos como lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. El fiscal del caso llegó a solicitar una condena de hasta 30 años de prisión para ella, por el desvío supuesto de 1,2 millones de dólares de la caja b de la constructora brasileña a la formación peruana. El pasado enero, el juicio fue anulado por fallos en el proceso y tendrá que repetirse. 

El rompecabezas del gabinete y los desafíos de gestión

La asunción de Fujimori al cargo, el próximo 28 de julio, fecha en la que reemplazará al mandatario interino José María Balcázar, abre un nuevo capítulo lleno de retos para un país que ha tenido nueve presidentes en el transcurso de una década. Aunque Fuerza Popular contará con las bancadas más numerosas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, la presidenta electa carece de una mayoría absoluta, lo que la obligará a forjar coaliciones legislativas inmediatas. Y, vista la polarización nacional, no parece una tarea sencilla. 

Analistas políticos y diversos sectores civiles consultados por el diario local El Comercio apuntan a que la prioridad absoluta del nuevo Ejecutivo debe enfocarse en la reactivación económica del país y la lucha "implacable" contra el auge de las bandas del crimen organizado, un flagelo que ha agravado la percepción de inseguridad institucional.

Para recuperar la confianza de los mercados y apaciguar las tensiones con las regiones que votaron masivamente en su contra, la elección de su primer gabinete ministerial será crucial. Fujimori debe resistir la tentación de nombrar un equipo puramente partidista, avisan. En su lugar, la conformación de un gabinete de perfil técnico, con ministros de reconocida trayectoria e independencia política, se perfila como un requisito indispensable para tender puentes hacia el sur andino y proyectar una imagen de estabilidad democrática internacional.

Y tiene otro reto, de enorme sensibilidad: el de separarse de lo que hizo su padre, Alberto Fujimori, que gobernó el país de 1990 a 2000 y que en 2009 recibió cinco condenas judiciales dictadas por la Corte Suprema de Justicia de Perú. La pena principal y más severa fue de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad (asesinato, lesiones graves y secuestro agravado) durante las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, además de los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La nueva presidenta nunca ha dejado de defender a su padre y hasta lo apoyó en su intento de regresar a Perú (estuvo entre Chile y Japón, eludiendo a la justicia) como candidato a las elecciones de 2005, justo el año en el que fue arrestado. En 2011, su hija reconoció que había cometido "errores", pero no ha ido a más su crítica. 

Ahora, de acuerdo con el calendario institucional, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) procederá a la proclamación oficial de los resultados definitivos el viernes 3 de julio. Posteriormente, el 15 de julio, la presidenta electa Fujimori recibirá sus credenciales oficiales, culminando el proceso con la solemne investidura presidencial ante el Parlamento nacional a finales de mes, dando inicio a un mandato marcado por la incertidumbre de una gobernabilidad en extremo delicada.