El "botón del pánico" de Putin: podrá apagar todo internet y los teléfonos en Rusia con una sola orden
Bajo la justificación de la "seguridad", el Kremlin podría controlar completamente todos los servicios relacionados con la red.
Rusia podría estar a punto de dar un salto cualitativo en el control del espacio informativo. La Duma Estatal aprobó el 27 de enero de 2026 una enmienda legislativa que, de aplicarse plenamente, otorgaría al Servicio Federal de Seguridad (FSB) competencias extraordinarias sobre todas las redes de comunicación del país. La medida, según el Ministerio de Defensa británico, no es un simple ajuste técnico: supondría un control prácticamente absoluto del ecosistema comunicativo ruso.
De acuerdo con el informe de inteligencia difundido en Londres, la reforma permitiría al FSB asumir el mando efectivo de la infraestructura tanto digital como analógica. Es decir, desde la telefonía tradicional hasta el internet móvil, pasando por redes de fibra óptica y cualquier otro sistema electromagnético empleado para transmitir información.
Un concepto amplio de "comunicación"
La clave está en cómo la legislación rusa define los llamados "servicios de comunicación". El término es deliberadamente amplio y abarca:
- Transmisiones de voz
- Mensajes de texto
- Imágenes y vídeos
- Transferencias de datos
En la práctica, casi cualquier forma de intercambio informativo encajaría en esa categoría. La enmienda autorizaría al FSB a bloquear de manera total los servicios "en respuesta a amenazas de seguridad" que, según el análisis británico, están descritas de forma ambigua. Esa vaguedad abriría la puerta a interpretaciones extensivas y a intervenciones masivas.
Si la norma entra en vigor tal como está planteada, el servicio de inteligencia podría ordenar la interrupción inmediata de internet fijo o móvil, suspender líneas telefónicas o restringir plataformas digitales completas. Las empresas de telecomunicaciones estarían obligadas a ejecutar esas órdenes sin demora.
Un punto especialmente sensible es la ausencia de responsabilidad financiera: las operadoras no recibirían compensación por las pérdidas derivadas de los bloqueos. El peso económico recaería exclusivamente sobre el sector privado.
Más censura en nombre de la seguridad
El endurecimiento legal no surge en el vacío. Forma parte de un proceso más amplio de reforma mediática impulsado por el Kremlin. En los últimos meses, el presidente Vladímir Putin ha promovido nuevas directrices destinadas a reforzar el control sobre el flujo de información, incluyendo restricciones adicionales al uso de software procedente de países considerados "hostiles".
Desde la perspectiva británica, la reforma consolidaría una tendencia ya visible: el fortalecimiento del aparato estatal en el ámbito comunicativo. Si se implementa, no solo formalizaría prácticas existentes de bloqueo y supervisión, sino que ampliaría considerablemente su alcance.
El Ministerio de Defensa del Reino Unido advierte de que el Estado ruso podría disponer de una capacidad legal reforzada para interrumpir comunicaciones a gran escala. En otras palabras, el control técnico se transformaría en poder jurídico explícito.
Propaganda en tiempos de déficit
El aumento del control coincide con otro movimiento significativo: la expansión del presupuesto destinado a los medios estatales. A finales del año pasado, la Duma aprobó las cuentas para 2026, que incluyen una financiación récord para la maquinaria mediática oficial.
Las cifras son elocuentes:
- 146.300 millones de rublos asignados a propaganda y medios estatales
- Aproximadamente 1.550 millones de euros al cambio actual
- Prioridad para las grandes cadenas de televisión públicas
Este incremento se produce en un contexto económico complejo. Rusia afronta un notable déficit presupuestario, agravado por el elevado coste de la guerra en Ucrania y por la reducción de ingresos energéticos derivada de las sanciones internacionales. A pesar de ello, el gasto en comunicación oficial no solo se mantiene, sino que crece.
Paradójicamente, la inversión se amplía en un momento en que las audiencias de las principales cadenas estatales muestran signos de desgaste. Lejos de retraerse, el Kremlin parece apostar por reforzar su presencia mediática para sostener la narrativa oficial en un entorno cada vez más tensionado.
Un panorama comunicativo bajo supervisión
Si la enmienda sobre las comunicaciones se consolida y el presupuesto mediático se ejecuta según lo previsto, el resultado sería un sistema donde el Estado no solo financia la difusión de su mensaje, sino que también posee herramientas legales para silenciar canales alternativos.
La combinación de:
- Poder de bloqueo casi ilimitado
- Definiciones amplias y flexibles de “amenaza”
- Obligación inmediata de cumplimiento por parte de las operadoras
- Refuerzo económico de los medios oficiales
Esto configura un escenario de centralización informativa sin precedentes en la Rusia contemporánea. El debate no gira únicamente en torno a la seguridad nacional, argumento central del Kremlin, sino también sobre el equilibrio entre control estatal y libertad de comunicación. En un contexto de guerra y sanciones, Moscú parece optar por cerrar filas en el frente informativo, reforzando tanto la capacidad de censura como la maquinaria de propaganda.
