ONU, reforma o desaparición: cuando a la crisis existencial le sumas la competencia trumpista

Las Naciones Unidas han superado el debate sobre si deben o no reformarse. Cumplidos los 80 años, es evidente que tienen que hacerlo. La pregunta, en realidad, es si la organización internacional más ambiciosa del planeta podrá remozarse con la suficiente rapidez como para restablecer la confianza de los ciudadanos en ella y dar respuestas a sus necesidades, en un mundo cada vez más cambiante y fragmentado. 

Esta ONU genera frustración porque se incumplen las expectativas que tenemos puestas sobre ella, demasiadas y a veces injustas, si reparamos en cómo surgió en 1945 y qué capacidades tenía y tiene. Se le pide de más y no llega. Se le pide distinto, pero está embridada por los tecnicismos, la burocracia, los tiempos, los desequilibrios de poder. Es normal que nos aferremos a ella, porque hablamos de un organismo que genera esperanzas, cuando todo parece desmoronarse alrededor, sin certezas ni asideros, y porque tiene una historia de éxito innegable.

Es un clavo ardiendo, pero oxidado, algo roñoso, que nadie sabe cuánto va a aguantar, sin competencias, sin financiación, cada vez con menos apoyos internacionales o, por ser justos, menos entre los grandes. Por eso hay que cambiarla y adaptarla. El riesgo, si no se hace, no es sólo dejar de asistir a los que más lo necesitan, sino que la toma de decisiones se traslade a otros foros, como esa Junta de Paz que se acaba de sacar de la manga el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una competencia que debilitará a la ONU, relegándola como el principal foro de debate y diplomacia mundial que es hoy.

Cambios y adaptaciones

La ONU, para empezar, ya no es representativa de un mundo que ha visto a 142 nuevos países unirse al club desde 1945, desde su creación. Su ritmo de evolución nada tiene que ver con el mundo que representa y atiende. Por ejemplo, la única expansión en el Consejo de Seguridad, que es donde se toman las verdaderas decisiones, data de 1965. Ni emergentes, ni BRICS ni nada. Luego viene el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, y se queja. "No ofrece respuestas y, virtualmente, no tiene ningún rol", dice el portavoz de uno de los estados que precisamente ha defendido el inmovilismo y el statu quo durante todas estas décadas. 

Por eso, hace ya años que empezó a pensar en cambiar. La iniciativa más sólida la presentó ya en 2003 el entonces secretario general, Kofi Annan. Las necesidades son viejas: hace falta ser más eficaces y equitativos, ajustar el poder de los de siempre y dejar atrás los anacronismos. Ha llovido mucho desde entonces y se ha logrado poco. Alguna mejora interna para rebajar la burocracia y ser más operativos, pero lo mollar sigue intacto, un problema cuando prima la transacionalidad y el multilateralismo selectivo. 

El pasado septiembre, arrancando su 80º periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió en Nueva York en medio de una profunda crisis, al no haber abordado esos problemas. Su tema principal, "Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos", abogaba por la necesidad de renovar la cooperación internacional ante la creciente inestabilidad y polarización mundial, la proliferación de conflictos armados y las importantes reducciones en la financiación internacional. Sonaba todo a ruego agónico en un entorno en el que preocupaban más si funcionaban las escaleras mecánicas. 

Al menos, se ha logrado impulsar iniciativas de reforma a gran escala, bautizadas como Iniciativa ONU80, que busca una reestructuración estructural y financiera del sistema de las Naciones Unidas mediante tres líneas de trabajo: mejorar la eficiencia y la eficacia, revisar la ejecución de los mandatos y examinar la realineación de los programas. No es que sea relevante, dicen, es que es "esencial" para que vuelva la confianza, por más que recuerden que, siempre, cada paso depende de la voluntad política de los estados. "La ONU es tan eficaz como sus Estados miembros quiera que sea", dice la máxima. 

El plan se presentó en marzo, publico sus primeras conclusiones en julio, se consolidó en septiembre y, este año, ya se espera que empiece a plantear medidas precisas, concretas. Hay 70 sobre la mesa. Sin embargo, sigue siendo incierto hasta qué punto se podrán alcanzar estos objetivos, en particular a la luz de la turbulencia geopolítica y la posible resistencia a la reforma dentro de la propia ONU. 

Guy Ryder, secretario general adjunto de Política y presidente del Grupo de Trabajo ONU80, trató de ser optimista en su puesta de largo. "Saldremos de esto más fuertes y preparados para los retos que nos deparará el futuro".

Los problemas clave: dinero y representación

Los analistas Daniel Watson y Fernanda Ríos Herrera, del International Institute for Strategic Studies (Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, IISS, por sus siglas en inglés), un tanque de pensamiento británico, destacan dos problemas principales a la hora de abordar la reforma de la ONU: la necesaria austeridad, con su consiguiente reforma presupuestaria, y el cambio del Consejo de Seguridad, reflejo del poder de hace 80 años. 

La ONU dicen, ya se encuentra en un proceso de austeridad "que está reduciendo tanto el número de personal como el alcance de sus actividades". Esta iniciativa de austeridad es técnicamente independiente de los recortes previstos en la iniciativa ONU80 y "refleja las presiones financieras inmediatas que enfrentan algunos sectores del sistema de la ONU", exponen en su informe.

"La iniciativa surge en un momento en que el entusiasmo de los donantes occidentales tradicionales por brindar ayuda exterior está disminuyendo. Los Estados miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han reducido progresivamente sus presupuestos de asistencia oficial para el desarrollo, que se redujeron un 7,1 % en 2024 con respecto a 2023". Un dato brutal, que se viene arrastrando desde la pandemia de coronavirus y la crisis posterior y que, lejos de mejorar, empeora: "se prevé que disminuyan un 28 % adicional para 2026", auguran. 

Estas reducciones "reflejan la insatisfacción con la gestión financiera de la ONU y las ineficiencias del sistema humanitario en general, así como un giro político hacia la derecha en algunos gobiernos occidentales". Los grandes donantes, como EEUU, ponen el acento en eso, en la visión simplista de que el organismo internacional y sus ramificaciones son caros y poco efectivos, que la gente de la ONU vive muy bien, por resumir. Es un mensaje que se reproduce, especialmente, en partidos y gobiernos de ultraderecha. 

Los recortes a la ayuda exterior, como los de USAID, afectan directamente, en particular, a las operaciones humanitarias de la ONU, que se financian mediante contribuciones voluntarias de los Estados miembros y representan una proporción significativa del presupuesto general de la ONU. Además, los pagos atrasados de los dos principales contribuyentes de la ONU, EEUU y China, han afectado al presupuesto básico de la ONU y al presupuesto para operaciones de mantenimiento de la paz.

Sin embargo, "ya existen indicios de que las presiones institucionales internas están obstaculizando las reformas propuestas", constatan los especialistas. Los recortes planificados han suscitado críticas por preservar los puestos de alto nivel, con solo el 3% de los cuales, según se informa, se han eliminado, en comparación con el promedio del 19% en toda la ONU. La ONU80, a día de hoy "carece de especificidad ante indicios de posible resistencia burocrática a las fusiones entre las numerosas agencias humanitarias de la ONU", temen.

Ese es el marco de los dineros. Luego está el del poder, la reforma del Consejo de Seguridad. Para entenderlo, primero hay que recordar de qué estamos hablando: es el órgano principal de las Naciones Unidas, responsable de mantener la paz y la seguridad internacionales, que emite resoluciones vinculantes y de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Puede imponer sanciones, embargos o autorizar el uso de la fuerza. El que tiene la sartén por el mango. 

El Consejo está compuesto actualmente por 15 miembros, de los cuales cinco son permanentes -China, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia- y 10 son no permanentes. Los miembros no permanentes son elegidos regionalmente por la Asamblea General para un mandato de dos años. No es posible la reelección inmediata tras ocupar un puesto en la grupo.

Cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, el Consejo de Seguridad contaba únicamente con cinco miembros permanentes y seis no permanentes, es decir, once puestos en total. En 1963, la Asamblea General decidió ampliar el Consejo de Seguridad creando cuatro puestos no permanentes adicionales. Esta reforma entró en vigor en 1965. El Consejo de Seguridad ha existido en su forma actual desde 1966, pues.

Para que sus resoluciones sean respetadas e implementadas por todos los países, el Consejo debe tener la autoridad y la legitimidad necesarias. Esto significa que debe ser representativo. No lo es hoy. La composición actual del Consejo de Seguridad refleja la situación geopolítica de hace 80 años. La ampliación del Consejo de Seguridad en 1963/65 no modificó significativamente esta situación.Además de la exigencia de una distribución geográficamente equilibrada de los escaños, la Carta de las Naciones Unidas también establece expresamente que los países que realizan contribuciones considerables a la ONU deben ser miembros del Consejo de Seguridad. 

El asunto de cómo cambiar el corazón de la organización se incluyó por primera vez en la agenda de la Asamblea General en 1979. En 1993, la sesión plenaria estableció un grupo de trabajo de composición abierta para examinar el aumento del número de miembros y otros asuntos relacionados con las funciones del Consejo. Durante las décadas siguientes, se han presentado numerosas propuestas, que han ido ganando y perdiendo impulso, por oleadas. 

El mayor interés se produjo durante la Semana de Alto Nivel de septiembre pasado, donde más de cien declaraciones nacionales mencionaron la reforma del Consejo, lo que ilustra la creciente presión para reestructurar el único órgano de la ONU con autoridad jurídicamente vinculante. Pero no cuenta con el apoyo de ninguno de los tres más poderosos: EEUU, China y Rusia. La administración del expresidente estadounidense Joe Biden expresó cierto apoyo a la extensión de la representación permanente a África y América Latina, pero Trump ha cerrado esa puerta. Hay miedo a "reformas que puedan diluir su poder o influencia". Así que entre los intereses arraigados y la necesidad de que las reformas se hagan por unanimidad, nunca pasa nada. 

Aunque el número de Estados miembros se ha cuadruplicado desde el 45 y la población mundial ha pasado de 2.500 a 8.000 millones de personas, las antiguas potencias coloniales -que representan solo una minoría de la población mundial- siguen ocupando puestos permanentes, mientras que continentes enteros continúan sin estar representados. "Los 54 países de África representan aproximadamente el 25% de los miembros de la ONU, pero no cuentan con ningún asiento permanente", cuando los asuntos africanos constituyen casi el 50% de la actividad diaria del Consejo y la mayor parte de sus resoluciones relativas a la paz y la seguridad. "Tampoco lo tienen los 33 Estados de América Latina y el Caribe ni la India, con más de 1.400 millones de habitantes. Los pequeños Estados insulares, situados en primera línea del colapso climático, apenas tienen voz en las decisiones del Consejo", repasa CIVICUS Lens.

El propio Annan propuso hace 13 años pasar de 15 a 24 miembros, pero sin aclarar cuántos debían ser permanentes o no permanentes. Ahora, la iniciativa más potente es la del llamado G4 -esto es, Brasil, Alemania, India y Japón-, que propone ampliar el Consejo a 25 o 26 miembros con seis nuevos puestos permanentes: dos para África, dos para Asia y el Pacífico, uno para América Latina y el Caribe y otro para Europa Occidental. 

Uno de los aspectos más polémico de cualquier propuesta de reforma se refiere a la capacidad del P5, de los cinco permanentes, de vetar cualquier resolución, independientemente del apoyo mayoritario del resto de los miembros. Este poder de veto se ha ejercido casi 300 veces desde la fundación de la ONU, dicen Ríos y Watson. Desde 1990, únicamente China, Rusia y Estados Unidos han seguido ejerciendo esta prerrogativa. En los últimos años, Moscú ha parado todo lo relativo a la invasión de Ucrania y Washington, todo lo relativo al genocidio palestino. Francia ha abogado por la moderación voluntaria en el uso del veto , una iniciativa apoyada únicamente por Reino Unido en el selecto grupo. 

En la reforma que plantea el G4, el derecho de veto se concedería tras un período de revisión de entre 10 y 15 años, una fórmula intermedia. Las elecciones sin competencia, aseguradas mediante negociaciones opacas entre los cinco bloques regionales de la ONU, privan a la sociedad civil de toda oportunidad de evaluar si estos compromisos se cumplen efectivamente, sostienen. 

La complejidad jurídica es enorme, porque se requeriría una reforma de la Carta, que sólo podría ser adoptada con el acuerdo de los miembros permanentes, y está claro que, como mínimo, Washington, Moscú y Pekín se opondrían a ello (se necesita el pleno de los permanentes más el voto de dos tercios de la Asamblea). Una alternativa más viable sería restringir el uso del derecho de veto. Francia y Reino Unido habían sugerido que los miembros permanentes se comprometieran a no utilizar el veto en caso de una grave crisis humanitaria, por ejemplo, pero la idea no fue aceptada por los demás.

"La persistencia del veto sigue siendo un obstáculo fundamental para una reforma significativa y una fuente de creciente frustración con el marco colectivo de la ONU. Un factor importante que contribuye a la erosión de la confianza en el sistema de la ONU es la incapacidad de la organización, y en particular del Consejo de Seguridad, para prevenir o resolver guerras y conflictos, por ejemplo, en Haití, Palestina, Sudán y Ucrania", exponen los analistas. "El estancamiento en el P5 ha impedido a menudo una interacción efectiva con los países afectados por conflictos, en particular cuando las potencias del P5 están directa o indirectamente involucradas en estos", concluyen. Perdonar a aliados y justificar lo injustificable, esa es la idea. 

"Y, como no se puede reformar, la ONU se está volviendo cada vez más irrelevante, y eso es peligroso", concluye en una entrevista en La Marea la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese. 

La alternativa trumpista

A este panorama ya preocupante se suma un nuevo desafío procedente de la Administración Trump: su ruptura con el multilateralismo, orientada a remodelar el sistema internacional en función de los intereses personales de Trump y de Estados Unidos. En este contexto, Washington ha anunciado su retirada de 66 organizaciones y procesos internacionales y ha condicionado de forma estricta su financiación humanitaria. Ahora, además, Trump ha promovido una iniciativa que podría eclipsar al Consejo de Seguridad: la Junta de Paz, presentada recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

Los orígenes de este nuevo organismo se remontan a la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad, adoptada en noviembre de 2025 para crear un órgano temporal de dos años para la gobernanza externa de Gaza. La resolución, inusualmente vaga y aprobada con la abstención de China y Rusia, fue vista por muchos como la única vía para garantizar la aceptación de Trump, considerada imprescindible para cualquier proceso destinado a poner fin al genocidio. 

Sin embargo, la Junta de Paz parece haberse transformado en una institución permanente con ambiciones globales, bajo el control personal de Trump. La redacción abierta y ambigua de sus competencias y objetivos lleva a pensar que no sólo se va a usar en Palestina, sino que se plantea como un nuevo brazo ejecutor de la diplomacia y la cooperación internacional, sólo por unos cuantos y sólo para unos cuantos, según los intereses y negocios. Nada de 193 naciones soberanas, como en la ONU. 

Como presidente, Trump dispone ahora de amplios poderes. A saber: autoridad exclusiva para nombrar y destituir a los miembros, vetar decisiones, emitir resoluciones y fijar las agendas. Hasta ahora, la composición del organismo se inclina hacia regímenes autoritarios como Bielorrusia (sí, el satélite ruso), Egipto, Israel, Arabia Saudí y Vietnam, mientras que los Estados más democráticos -incluidos dos de los miembros permanentes del Consejo, Francia y Reino Unido, aliados históricos de Washington y con enorme conexión con Oriente Medio- han rechazado en su mayoría las invitaciones a sumarse. 

"La ausencia de cualquier referencia a los derechos humanos en su proyecto de carta deja claro que no se trata de una institución destinada a respetarlos ni a abrirse a la sociedad civil".

La ONU corre el riesgo de ser desplazada por este tipo de iniciativas y, también, de intentar reformarse sólo para mantener viva la organización pero no para abordar las causas reales del descontento, apunta también el IISS. "El Sahel ofrece una posible advertencia de lo que podría ocurrir en otras regiones a menos que las instituciones multilaterales puedan dar respuestas a los problemas de desempoderamiento, inseguridad y subdesarrollo que han alimentado el descontento. Responder a las demandas de los Estados marginados de una reforma integral de las instituciones políticas y económicas globales puede ser una estrategia más eficaz para lograr un sistema internacional estable a largo plazo que priorizar la supervivencia institucional", expone.

La pelea es monumental, porque hablamos de preservar la dignidad, el respeto, el desarrollo, el imperio del derecho internacional, la justicia y la paz. La ONU necesita humildad para aprender del pasado en el que tantas cosas se han hecho, valentía para reconocer que se ha quedado atrás y visión de futuro para reconducir el rumbo, siendo fiel a sus promesas fundacionales, la que causaba admiración y respeto.