Plantón: España no participa en la polémica reunión de la Comisión con los talibanes

En un movimiento histórico y rodeado de un estricto secretismo, la Unión Europea (UE) recibió ayer en Bruselas a una delegación oficial de las autoridades talibán por primera vez desde que recuperaron el poder en Afganistán en 2021. La reunión, celebrada a "nivel técnico", tuvo como objetivo principal coordinar y acelerar la deportación de ciudadanos afganos que se encuentran en territorio europeo de manera irregular y a los que se les ha denegado el derecho de asilo.

¿Pero estaba representada toda la UE? No. El encuentro fue copresidido por los servicios de la Comisión Europea (CE) y representantes de Suecia, contando además con la participación de delegados técnicos de otros 14 Estados miembro de la UE y de las autoridades de facto de Afganistán encargadas de los procesos de retorno y readmisión. España no estaba en ese grupo. El Gobierno central ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos por parte del régimen islamista y, además, es de los países comunitarios que más se han opuesto a las regulaciones migratorias menos garantistas, aunque finalmente ha accedido al Pacto sobre Migración y Asilo. 

Según confirmaron fuentes comunitarias a medios como EFE y Europa Press, la cita se centró de manera prioritaria en agilizar la expulsión de aquellos afganos que hayan cometido delitos graves o que sean considerados una amenaza para la seguridad ciudadana. Durante la reunión se abordaron aspectos logísticos críticos como la identificación de los migrantes retornados y la expedición de sus documentos de viaje.

Bélgica, país anfitrión, facilitó la visita mediante la emisión de cinco visados excepcionales, con validez de un único día y limitados estrictamente a su territorio, impidiendo que la comitiva talibán pudiera circular libremente por el resto del espacio Schengen.

A pesar de la trascendencia del encuentro, Bruselas intentó mantener la cita alejada del foco público: el Ejecutivo europeo no confirmó la reunión hasta que esta hubo concluido y se negó a revelar los nombres o cargos de los asistentes, así como los detalles financieros relacionados con el coste del viaje y el alojamiento de la delegación afgana.

Presión de los estados

Esta cumbre técnica es la continuación de los primeros acercamientos exploratorios que tuvieron lugar en Kabul el pasado mes de enero. La iniciativa responde directamente a la presión ejercida en octubre del año pasado por un grupo de 20 países europeos -liderados por Alemania y Bélgica- que enviaron una carta conjunta al comisario de Migración, Magnus Brunner.

En la misiva, los países firmantes (entre los que figuran potencias como Italia, Países Bajos, Polonia, Grecia y los países escandinavos, pero en la que no participa tampoco España) urgieron a la Comisión a adoptar medidas concretas ante la imposibilidad legal y operativa de expulsar a ciudadanos afganos en situación irregular, incluso tras haber sido condenados por delitos graves en suelo europeo. 

El ministro de Migración sueco, Johan Forssell, defendió la medida asegurando que la capacidad de retornar a quienes no tienen derecho legal a quedarse es "un pilar fundamental de un sistema de asilo creíble y eficaz".

El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, se apresuró a matizar la posición de la UE, insistiendo en que este diálogo técnico "en ningún caso" supone una propuesta concreta de mayor cooperación ni implica un reconocimiento político implícito del régimen talibán.

Fuertes críticas

La estrategia de la Unión ha desatado una ola de indignación entre los organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han calificado la iniciativa de "peligrosa" y han denunciado la falta de garantías democráticas y de seguridad en Afganistán.

Desde las ONG se advierte que forzar el regreso de migrantes vulnera el principio internacional de "no devolución", exponiendo a los retornados a riesgos graves y documentados como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, malos tratos o represalias directas por parte del régimen fundamentalista. Fereshta Abbasi, investigadora de HRW para Afganistán, lamentó la postura europea al señalar que los países de la UE "socavan su credibilidad" al condenar públicamente los abusos de los talibán por un lado, mientras cooperan discretamente con ellos para forzar devoluciones por el otro.

Especialmente relevante ha sido el mensaje en redes publicado por la activista paquistaní Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz, tiroteada por defender especialmente el derecho a la educación para mujeres y niñas en su distrito natal de Swat. "Estoy conmocionada y profundamente perturbada por esto", dijo ante la invitación de la CE.

"Este es el mismo talibán que prohibió a las niñas asistir a escuelas secundarias y las obligó a casarse. El mismo talibán que, a principios de este mes, arrestó a docenas de mujeres en Herat por cómo se vestían. El mismo talibán que detiene, golpea y ejecuta a mujeres que se atreven a hablar o a romper sus reglas", señana en la red social X.

"A través de su sistema de apartheid de género, los talibanes han borrado a las mujeres y niñas de la vida pública. Europa no debe legitimar a un régimen responsable de una de las peores crisis de derechos humanos en el mundo. Cualquier compromiso con los talibanes debe comenzar y terminar con los derechos de las mujeres y niñas afganas", recuerda a las instituciones comunitarias.