Qué es el 'decreto de conmoción' con el que el Gobierno de Venezuela amenaza a su población para no apoyar el ataque de EEUU 

La conmoción en Venezuela no es únicamente una forma metafórica de hablar. Es, literalmente, la norma. El Gobierno ha decretado el estado de conmoción exterior, un texto que busca reprimir el apoyo al ataque de EEUU desde dentro de la población venezolana, entre otras medidas.

De acuerdo con el texto conocido en las últimas horas, el Gobierno ahora ya en manos de Delcy Rodríguez incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye la ofensiva que acabó con la captura de Nicolás Maduro. 

Se trata de un texto con una vigencia temporal inicial de 90 días, prorrogables otros 90, que además contempla el refuerzo de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. También, la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera "y demás industrias básicas del Estado".

"Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República", explica el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes.

Como recoge Europa Press, aquellos a los que se les aplique esta medida de represión serán puestos a disposición de la Fiscalía para un posterior enjuiciamiento "con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa", añade la norma. 

Desde que el sábado 3 de enero fuerzas de élite de EEUU capturasen al por entonces jefe del Estado venezolano, se han sucedido las manifestaciones a favor y en contra de Maduro, tanto dentro del país como en el resto del planeta. 

Con su entrada en vigor, el decreto de 'estado de conmoción' otorga poderes excepcionales al jefe del Estado que llegarían a la suspensión de los derechos de reunión y manifestación. 

Otros de los derechos que quedan al arbitrio de Delcy Rodríguez son la restricción del acceso al territorio nacional, el cierre de las fronteras venezolanas o la limitación del "libre tránsito de personas o vehículos de cualquier clase" dentro del país. 

El decreto deberá ser remitido a la Asamblea Nacional, donde el chavismo cuenta con mayoría, en un plazo de ocho días desde su emisón "para para su consideración y aprobación", explica el propio texto recogido por Europa Press.