Un tribunal da luz verde a Trump para acelerar las deportaciones en todo Estados Unidos
La decisión judicial permite al Gobierno expulsar inmigrantes sin audiencia ante un juez incluso lejos de la frontera, mientras organizaciones civiles alertan de errores y vulneraciones del debido proceso.
Nueva victoria judicial para Donald Trump en materia migratoria. Un tribunal federal de apelaciones ha autorizado a la Administración estadounidense a reanudar las denominadas "deportaciones aceleradas" en todo el país, una medida que amplía de forma notable la capacidad de las autoridades para expulsar inmigrantes sin que estos tengan la oportunidad de defender su caso ante un juez.
La decisión supone un importante respaldo a una de las políticas más controvertidas del segundo mandato del presidente republicano y refuerza su ofensiva contra la inmigración irregular, una de las principales banderas de su regreso a la Casa Blanca.
Hasta ahora, este procedimiento se utilizaba principalmente contra personas interceptadas poco después de cruzar la frontera sur. Sin embargo, la orden firmada por Trump tras asumir el cargo extendió esa posibilidad a cualquier punto de Estados Unidos.
Qué son las deportaciones aceleradas
El mecanismo, conocido como expedited removal o expulsión acelerada, permite a las autoridades migratorias ordenar la deportación de determinados inmigrantes sin necesidad de que comparezcan ante un juez de inmigración.
Con la ampliación impulsada por Trump, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden aplicar este procedimiento a extranjeros que no sean capaces de demostrar que llevan más de dos años viviendo de forma continuada en territorio estadounidense.
En la práctica, esto significa que una persona detenida en cualquier ciudad del país podría ser expulsada de forma rápida si no logra acreditar su permanencia legal o continuada durante ese periodo.
La batalla judicial
La medida fue recurrida por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, encabezadas por Make the Road New York, que denunciaron que la política vulneraba garantías constitucionales básicas y el derecho al debido proceso.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha rechazado esos argumentos por dos votos frente a uno.
El magistrado Justin R. Walker, nombrado por Trump durante su primer mandato, sostuvo en la opinión mayoritaria que la cuestión central no es si algunos funcionarios pueden cometer errores al aplicar la norma, sino si la propia directriz gubernamental es ilegal. A su juicio, la política no priva a los inmigrantes afectados de una oportunidad significativa de ser escuchados.
La resolución contó también con el respaldo de la jueza Neomi Rao, igualmente designada por Trump.
El voto discrepante y las críticas
La única voz discordante fue la del juez Robert L. Wilkins, nombrado por Barack Obama, quien advirtió de que las autoridades migratorias ya habían deportado a personas que aparentemente llevaban más de dos años viviendo en Estados Unidos. Esa posibilidad es precisamente la que más preocupa a las organizaciones de derechos civiles.
La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, calificó la decisión como un duro golpe para las garantías legales de los inmigrantes y anunció que estudia nuevos pasos judiciales para intentar frenar la medida.
"El impulso de la Administración Trump a las deportaciones por vía rápida someterá a las personas a un sistema injusto y propenso a errores", denunció Anand Balakrishnan, uno de los abogados de la organización.
Un nuevo impulso para la agenda migratoria de Trump
La sentencia llega en un momento en el que la Casa Blanca ha intensificado su discurso sobre seguridad fronteriza e inmigración irregular.
Desde su regreso al poder, Trump ha convertido las deportaciones masivas y el endurecimiento de los controles migratorios en uno de los ejes centrales de su mandato. La decisión judicial refuerza ahora esa estrategia y abre la puerta a que miles de inmigrantes puedan ser expulsados de manera mucho más rápida.
Sus defensores sostienen que la medida agiliza la aplicación de la ley migratoria y evita largos procesos administrativos. Sus críticos, en cambio, advierten de que el sistema puede provocar errores irreparables y dejar a muchas personas sin la posibilidad real de defender sus derechos antes de ser deportadas.
