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23/04/2014 07:43 CEST | Actualizado 22/06/2014 11:12 CEST

El Parlamento Europeo como legislador penal: la lucha contra el fraude

ueEsta nueva legislación pretende dar una respuesta común al fraude contra el presupuesto europeo, la corrupción transnacional y el blanqueo de dinero. El Parlamento Europeo actúa, por primera vez, como legislador penal europeo, en un ámbito reservado a los Estados miembros.

Durante su último Pleno de Estrasburgo, recorriendo la Semana Santa en la que media España se toma su respiro, el Parlamento Europeo ha aprobado un informe legislativo del que he sido ponente como eurodiputado socialista y como presidente de su Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. Esta nueva legislación pretende dar una respuesta común al fraude contra el presupuesto europeo, la corrupción transnacional y el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos.

La nueva Ley europea, conocida como PIF (por su acrónimo, Protection of Financial Interests) tiene por objeto afrontar el enorme problema del fraude contra los intereses financieros de la UE: por encima del ¡billón de euros! en su estimación más modesta. Más específicamente se trata de una Ley Penal que pretende sancionar con tipos y normas comunes y con sanciones mínimas en el fraude que afecta al manejo y gestión del presupuesto de la Unión Europea. Lo hace a través de la reducción de las diferencias entre los marcos jurídicos de los Estados miembros y la armonización de los delitos en ese ámbito.

También es un paso importante hacia la creación del marco jurídico oportuno para el funcionamiento de la futura Fiscalía Europea (art. 86 Tratado de Funcionamiento de la UE), ya que establece los primeros delitos -fraude, tráfico de influencias y blanqueo de dinero procedentes de negocios ilícitos- sobre los que tendría jurisdicción, en la expectativa de su posterior ampliación a los delitos graves de alcance transnacional que aparecen relacionados en el art. 83 del TFUE, (incluyendo terrorismo y toda suerte de tráficos ilícitos).

Hay que celebrar la adopción de una legislación penal europea que procure armonizar las medidas penales de los 28 Estados miembros para contrarrestar el fraude, la corrupción, el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos. Y para garantizar las medidas para la protección efectiva, proporcionada y disuasoria, contra el fraude a los intereses financieros de la UE.

Lamentablemente, las notorias diferencias que persisten hasta ahora entre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para abordar y sancionar el fraude contra los intereses financieros de la UE ofrecen incentivos a los delincuentes económicos para beneficiarse del sistema judicial y penal más indulgente. Es el fenómeno que se denomina shopping forum; esto es, la búsqueda, como en un zoco, del Derecho penal doméstico más lenitivo y favorable a los intereses de los defraudadores y de los corruptos. Así, debe ser acogida con especial satisfacción la inclusión del fraude del IVA -un porcentaje del cual es uno de los recursos propios con los que cuenta la UE- para su financiación en el ámbito de la nueva legislación penal europea.

Es preciso reconocer para cumplir este objeto la experiencia de Eurojust en este campo. Su papel será crucial en la futura implantación de la Fiscalía europea. Y aprovechar su potencial de coordinación de la cooperación judicial penal para facilitar los procesos judiciales transfronterizos en la lucha contra este tipo de delitos.

En definitiva, si se quiere garantizar un cierto grado de armonización con respecto a estos delitos, será fundamental mantener un conjunto de principios mínimos y normas básicas para la conformación de un Derecho penal común a los Estados miembros.

Con ello el Parlamento Europeo actúa, por primera vez, como legislador penal europeo, en un ámbito que había permanecido durante siglos reservado a la tradicional esfera de soberanía de los Estados miembros.

Sirva este recordatorio para intentar, una vez más, salir al paso de los tópicos que pretenden aún hoy subestimar la elección de la próxima Eurocámara como de segundo grado. No lo es: la legislación que allí se aprueba condiciona de manea cada día más estrecha el margen de maniobra de los gobiernos nacionales y de los Parlamentos de los Estados miembros.

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