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10/10/2012 08:39 CEST | Actualizado 09/12/2012 11:12 CET

Soberanamente inútil

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Por motivos históricos y psicológicos, la palabra "federal" fue deliberadamente evitada en la redacción de la Constitución de 1978. Como ha sucedido con otros vocablos de la lexicología política -el término "liberal" es un ejemplo notorio-, el término "federal" habría sido sometido a una operación ideológica conducente a la desnaturalización de su significado e incluso a su inversión semántica. Al servicio de los intereses de los sectores de la derecha española para los que el credo conservador se identificaba con el más férreo centralismo, el recuerdo del aplastamiento golpista y guerracivilista de los lapsos republicanos que habían ensayado con la descentralización aconsejó a los constituyentes rehuir las querellas bizantinas sobre el nombre de las cosas. De este modo, el Estado de las Autonomías se desarrolló a partir de la Constitución sin que el nombre de la forma territorial del Estado apareciese formalmente reflejada en ningún rincón del texto por los constituyentes: el Estado compuesto no se llamó "federal" pero tampoco "autonómico" ni de las "autonomías".

Lo cierto es que el "Estado autonómico" se explica en el exterior, en todas las lenguas extranjeras, como una "experiencia federal". Ya sé que suele aducirse que la federación procede de la agregación de los entes preexistentes en uno nuevo este resultante (la Unión, el Bund, el nuevo Estado federal). No obstante, cualquier manual de Derecho constitucional comparado asemejará nuestra estructura compuesta de un Gobierno central y 17 CC AA, la que hemos desplegado en España durante los últimos 30 años, con un Estado federal. En él, las CC AA desempeñan el papel que en EE UU juegan los Estados, en Canadá las provincias o en Alemania los Länder.

El desafío pendiente de la maduración -de una puñetera vez- de nuestro "Estado autonómico" no deriva, pues, del cuánto de la descentralización. La manivela competencial hace tiempo que dio más de sí de lo que es usual en la mayoría de los Estados que se llaman federales. Las costuras que ahora crujen ya no tienen que ver con la justificación de una demanda incremental de "autogobierno". Tienen que ver antes bien, con el cómo funcionamos y con cómo respondemos ante los ciudadanos: con la no correspondencia de la distribución competencial existente con la garantía de unos niveles parejos de cooperación, participación y responsabilidad compartida, presididas por una expresa declaración de voluntad de convivir lealmente y por la integración inclusiva de la diversidad. La clamorosa ausencia de un Senado que le preste una habitación permanente al diálogo horizontal entre las Comunidades; la falta de reglas claras acerca de los recursos financieros disponibles para cada escalón de gobierno- y de los que responder ante los ciudadanos; y un entendimiento sincero de la pluralidad constitutiva de todas y cada una de sus partes -ninguno de los territorios encierra dentro de sí una sociedad homogénea- describen nuestro actual déficit de federalismo muchísimo mejor que ningún bizantinismo en torno al nombre de las cosas.

Invocar la soberanía en pleno siglo XXI es regresivo y antihistórico. Ideada en el siglo XVI por los inspiradores clásicos del Estado absolutista, la soberanía carece de significación práctica en un contexto de Estados sujetos a leyes internas e internacionales que desnudan de sentido unívoco y vinculante su poder originario en la globalización. La única referencia a la soberanía por la que merece la pena dejarse el pellejo en el empeño es la que nos recuerda cuánto costó en la historia residenciarla en el pueblo, suma de hombres y mujeres libres e iguales en derechos, bajo el imperio de la ley democrática legitimada. La soberanía predicada de territorios supuestamente blindados por las fronteras de un poder que no responda ante nadie es hoy en día un artefacto ideológico soberanamente inútil.

De hecho, el gran logro del constitucionalismo de los últimos decenios reside en haber impregnado con sus valores democráticos tanto la integración supranacional de los Estados europeos como su descentralización interna.

El sentido promisorio de la "estatalidad" confunde más de lo que aclara: perseguir el dorado de un "Estado independiente" en la globalización oculta el debate inaplazable acerca de los rendimientos y de las responsabilidades a las opciones políticas adoptadas por los gobernantes, además de oscurecer -si es que no entorpecer con intención de impedir- la conversación democrática. La pregunta a responder no es si "romper" o "salir", sino si se nos está hablando de excluir o de integrar. No "derecho a decidir" (cuya imposible negación desvela su sesgo sofista), sino si lo que queremos es "independencia" y ruptura con España y con la UE. Y la respuesta socialista ante eso ha de ser NO. Frente a cuantos nacionalistas antepongan el conflicto identitario al pluralismo democrático.

Nada de esto es novedoso. Lo realmente ilustrativo de la situación que hoy vivimos reside en el agotamiento del cuadro constitucional votado en el referéndum de 1978. Frente al envejecimiento de sus materiales fundantes, caben dos actitudes. De un lado, la obstruccionista, anclada en la conservación intocada de lo que es ya insostenible; la reaccionaria resistencia del PP a hablar tan siquiera de ello, bajo el manido argumento de "nunca es el momento". De otro, la apertura a un ciclo de pensamiento fresco capaz de sintonizar con el respeto a las reglas que nos damos, y a la preservación de nuestros espacios públicos para la conversación y para la convivencia.

Ahora, este es el momento para afrontar la sacudida del noventayochismo que está hundiendo a buena parte de nuestra fábrica social en un áspero pesimismo disolvente y autolesivo.

Este es el momento de despejar viejos agravios acerca de la pluralidad constituyente de España en un nuevo arreglo federal. Pero también, sobre todo, de acometer la impostergable reforma de la Ley Electoral (introduciendo listas abiertas y potenciando el "derecho a decidir" del elector sobre sus representantes); la revisión profunda del Reglamento del Congreso; y la modificación a fondo de la propia Constitución.

Si no hablamos ahora, antes de que sea tarde, habrá cada vez menos gente dispuesta a escuchar a nadie.

Si el momento no es ahora, cuando por fin lo intentemos será demasiado tarde.

*Juan Fernando López Aguilar es catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo.

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